Opinión

Error legislativo y abuso administrativo del INS

Actualizado el 04 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

La Defensoría de los Habitantes y la Sugese deben actuar

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Error legislativo y abuso administrativo del INS

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En términos generales, se dice que las obligaciones son exigibles al obligado, nunca a un tercero. Dentro de ese contexto, las obligaciones de las administraciones públicas deben ser cumplidas por éstas y nunca trasladadas a los usuarios o clientes de sus servicios.

Esto, que parece una verdad de Perogrullo, parece no ser entendido por las autoridades del Instituto Nacional del Seguros en el cumplimiento de su obligación de trasladar el 33% de la suma que recauda por concepto de (la venta de pólizas) de seguro obligatorio de vehículos particulares.

Me explico: a propósito de una reforma urgente al artículo 10 de la Ley de la Administración Vial -6324- a fin de corregir un error contenido en la Ley de Tránsito de reciente data, se descubrió que INS, en lugar de tomar el 33% de los ingresos que capta por la venta de la póliza del seguro obligatorio de los vehículos particulares y transferirlo a Cosevi, lo que ha venido haciendo –quién sabe desde cuándo– es incrementar el cobro en un 33% por encima del monto de la prima de dicha póliza y cargarlo sobre el pago que los propietarios de vehículos particulares hacemos por ese concepto. De esta forma, haciendo una lectura absolutamente tendenciosa del texto del artículo, evade su obligación legal y la traslada ilegalmente a quien no está obligado.

Para que no quepa duda de tal abuso administrativo, cito literalmente el artículo en cuestión. “Artículo 10.- Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo (de Seguridad Vial) contará con los siguientes recursos, que formarán el Fondo de Seguridad Vial: ' b) El treinta y tres por ciento (33%) de la suma recaudada por el Instituto Nacional de Seguros, por concepto de Seguro Obligatorio de Vehículos Particulares”.

Aún la exégesis menos rigurosa pondría en insalvable evidencia que las autoridades del INS han interpretado el texto legal de manera contraria al texto del inciso b) del artículo 10 de la Ley 6324 y sus reformas.

La obligación allí expresada se compone de varios elementos: 1) el establecimiento de una obligación de trasladar a favor de un tercero un monto porcentual –el 33%–, 2) de la suma –no con exceso de esa suma– de lo que recauda, 3) el obligado –en este caso el Instituto Nacional de Seguros–, 4) por un concepto determinado –la venta de la póliza de Seguro Obligatorio de vehículos particulares–. Siendo que es esta y no otra la obligación que impone la Ley al INS y no a los propietarios de vehículos particulares, resulta absolutamente ilegal y abusivo que el INS, a partir de esa disposición, haya creado, administrativamente, una carga adicional sobre el pago que los propietarios de vehículos hacemos por concepto de la póliza de seguro obligatorio.

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Valga decir que la actuación del INS en este caso supone la creación administrativa de un impuesto sobre el valor de la prima de la póliza de un seguro obligatorio del orden del 33%, lo cual es absolutamente inconstitucional habida cuenta que la materia impositiva es reserva de ley.

Al respecto, existe un antecedente jurisdiccional según el cual el INS puede cobrar, adicionalmente al valor de la prima de las pólizas voluntarias, un cargo del 4% para luego trasladarlo al Cuerpo de Bomberos.

El fundamento de tal jurisprudencia –por lo demás discutible– fue que el cargo adicional era válido en la medida en que el cliente de una póliza voluntaria era quien decidía tomarla y, en consecuencia, debía cargar con la obligación en tanto los emisores de seguros –caso puntual del INS– solo eran retenedores de la obligación.

No obstante, en el caso de la adquisición obligatoria de una póliza –caso del seguro obligatorio de vehículos– no existe voluntad por parte del adquirente –los propietarios de vehículos particulares–, sino obligación legal, impuesta por la potestad de imperio del Estado, razón por la cual la jurisprudencia dictada con ocasión del cargo adicional del 4% que el INS y otros emisores hacen sobre las pólizas voluntarias a favor del Cuerpo de Bomberos no es aplicable para el presente caso.

Este artículo, además de advertir a la población de este abuso, tiene la finalidad de hacer una denuncia pública ante Sugese y la Defensoría de los Habitantes para que, en el ejercicio de sus atribuciones y competencias, actúen de inmediato para poner fin a esta práctica del INS, estimar lo cobrado de más hasta ahora por ese concepto e identificar los medios por los cuales el INS reintegre a los propietarios de vehículos lo cobrado de más por este ilegal impuesto, que bien podría ser calificado como una exacción en su acepción de cobro injusto.

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