Opinión

Epidemia de amnesia minera

Actualizado el 08 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Epidemia de amnesia minera

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Reclama el exministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez que “otros”, ¡no él!, se han olvidado de todo lo que hicieron para favorecer las actividades de minería de oro a cielo abierto de Industrias Infinito. Sin embargo, hay algo que debería traerse a colación, pues demuestra que eso que él llama “Amnesia minera” ( La Nación,18/7/13 ) atribuida a “otros” también lo toca a él, de manera transcendental y, por sus consecuencias, inolvidable.

Jamás hubiera iniciado funciones la empresa si el estudio de impacto ambiental tramitado para la mina en Crucitas no hubiera superado la instancia de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –Setena-, encargada de otorgar o no la viabilidad ambiental a los proyectos.

Cuando la Setena no aprueba un Estudio de Impacto Ambiental –EIA-, el responsable del proyecto puede presentar una apelación ante el ministro de Ambiente, que tiene en ese momento la capacidad de decidir si acoge los argumentos del desarrollador en contra de lo dispuesto por la Comisión Plenaria de la Setena y sus técnicos o, por el contrario, apoya al ente estatal agotando así la vía administrativa.

Para el caso particular del proyecto Crucitas, no hay que olvidar lo que finge olvidar, paradójicamente, el exministro Rodríguez: la Setena, mediante resolución No. 272-2003-Setena, del 11 de marzo del 2003 acordó: “No otorgar la viabilidad ambiental al proyecto, dado que el Estudio de Impacto Ambiental no cumple con los objetivos del mismo…” Esa resolución fue apelada por Industrias Infinito.

Resolución contra Setena. En un “parto” prematuro de siete meses, el señor Rodríguez Echandi, mediante resolución R-569-2003-Minae, decidió “declarar con lugar el Incidente de Nulidad y Recurso de apelación”, ordenando a la Setena retrotraer el expediente administrativo al momento en que se presentó el Estudio de Impacto Ambiental. O sea, emitió una resolución en contra del órgano colegiado -la Setena- y a favor de la empresa minera, abriendo las puertas, de par en par, para que se otorgara la viabilidad ambiental al proyecto minero Crucitas.

Si no hubiese sido así, si el señor ministro hubiera apoyado lo resuelto por la Setena, el desarrollador no hubiera tenido otro camino que abandonar las gestiones para proceder a la explotación de oro a cielo abierto en ese lugar en particular.

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Pero no fue así, y por tanto la empresa tuvo por aprobado eventualmente el estudio de impacto ambiental (en diciembre del 2005) que, gracias al ministro Rodríguez, le permitía seguir adelante con los procesos administrativos y logísticos conducentes a iniciar los trabajos de minería en un área de 125 hectáreas.

¡Mayor trascendencia no podría haber tenido lo firmado por don Carlos Manuel ese 20 de octubre del 2003! Se le estaba entregando a Industrias Infinito la llave que con tantas ansias había estado buscando para abrir su proyecto en la zona norte de Costa Rica, con una concesión otorgada en la misma administración Pacheco, un par de años antes. Antes, eso sí, de que la Sala Constitucional acogiera una acción nuestra para que, de previo al otorgamiento de las concesiones mineras, las empresas tuvieran por aprobado el correspondiente estudio de impacto ambiental.

Minería a cielo abierto. Al inicio de su gobierno, la administración Pacheco había decretado una promocionada moratoria contra la minería de oro a cielo abierto que, ¡y eso también parece que está siendo olvidado!, no afectaba la operación de la mina en Crucitas. Tampoco, pues, es válido alegar ahora que la moratoria le impedía a Industrias Infinito iniciar la extracción minera. Le habían otorgado la concesión, tenía la viabilidad ambiental y tenía derechos adquiridos que la protegían de la moratoria decretada.

Voto de la Sala IV. Tenía, además, el apoyo público y notorio de quien ahora se quiere ubicar al otro lado de la calle.

Ese apoyo se manifestó cuando a propósito de un voto de la Sala IV en contra de la concesión otorgada por el Minae, cuestionó a los señores magistrados manifestando que el fallo le preocupaba, pues entraba a cuestionar criterios técnicos propios de una cartera especializada que conoce la realidad del país. “Nosotros somos los que nos ponemos las botas de hule”, afirmó, para luego adelantar que era consciente de eventuales implicaciones, como que la compañía acudiera a un arbitraje internacional por violación al debido proceso y lograra una indemnización del Estado ( El Financiero, 11/4/05 ).

Sobra decir que no pretendemos defender a los “otros”, sino aclarar que lo de la “amnesia minera” tiene, al parecer, síntomas epidémicos. Allá don Óscar Arias y don Roberto Dobles con sus responsabilidades y con lo que don Carlos Manuel les acusa. Ellos sabrán qué hacer al respecto. Pero (como dicen ahora los políticos) “no se vale” zafarle el lomo a las responsabilidades olvidando lo actuado recientemente, para acomodarse a una moda.

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