Embarazos de niñas: ¿a quién favorece el silencio?

Frente a tan descomunal reacción, que no ha omitido recursos por silenciar esos esfuerzos informativos, pareciera obligatorio preguntar: ¿a quién favorece el silencio que busca, en última instancia, ocultar la realidad de esos centenares de niñas embarazadas como consecuencia de abusos y violencias perpetradas, en la mayoría de los casos, por personas mayores que ellas?

En mayo y junio del 2011, la Asociación Demográfica Costarricense (ADC ) desarrolló un esfuerzo informativo, que incluyó el uso de carteles ubicados en distintos puntos de la capital costarricense para llamar la atención de la población sobre los embarazos de niñas menores de edad en el país.

Para ello, recurrió en sus mensajes a fábulas literarias, recursos muy utilizados en la actualidad por los comunicadores e informadores sociales, que puntualizan que el tema del embarazo “no es un cuento de hadas”.

Campaña de censura. Sectores religiosos bien definidos, que, sin embargo, nunca se identifican claramente ante la población, iniciaron toda una ofensiva cuya finalidad era silenciar ese esfuerzo informativo y, para ello, usaron presiones políticas, recursos judiciales, las redes sociales, y mentiras, muchas mentiras.

Sin ningún fundamento, más que la distorsión, acusaron a la ADC de promover con su esfuerzo informativo una campaña dirigida a las niñas y los niños de Costa Rica para que iniciaran, de manera prematura, su vida sexual. Reiteradamente, acusaron a la Asociación de violentar el ordenamiento jurídico al fomentar, según sus palabras, las relaciones sexuales en la población infantil de Costa Rica.

En respuesta a esas falsedades, la Asociación declaró, en distintas instancias, que su esfuerzo informativo nada tenía ni tiene que ver con lo que se le acusa. En forma clara lo dijimos, y hoy lo repetimos, que nuestro esfuerzo informativo tenía y tiene como propósito poner en conocimiento de la población la tragedia que viven centenares de niñas que nunca pensaron ni quisieron ser embarazadas.

Esas niñas, que ya hoy son madres solas, fueron lanzadas a un precipicio por quienes, a pesar de su deber de custodia y vigilancia, les negaron información sobre la sexualidad, sobre los riesgos de las relaciones sexuales prematuras, sobre los peligros de sus acosadores y las consecuencias de relaciones de poder y de violencia.

Ese deber de custodia y vigilancia, sin embargo, no se limita a la función otorgada por la ley a los padres o custodios. Ese deber involucra al Estado, a sus políticas de educación, a los centros de salud, a las Iglesias, a las instituciones dedicadas a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la población. La educación y la información sobre la sexualidad no es una tarea limitada al ámbito privado del hogar, sino que, dadas sus consecuencias, trasciende al vecindario, a la escuela, al colegio, al templo religioso y a cualquier sitio o lugar donde se congreguen las personas menores.

Hace muchas décadas, la ADC entendió que está obligada, como una entidad de interés y utilidad pública, a luchar por impedir que más niñas sean víctimas de prácticas prohibidas por el ordenamiento jurídico. Queda claro que una cosa es esforzarse por presentarle a la sociedad un problema, muy grave porque afecta a niñas, y otra es decir que la información pública incitaba a prácticas sexuales prematuras.

Prevención. Nosotros, más que nadie, queremos evitar los embarazos no deseados y los embarazos en niñas y adolescentes. Pero esa meta la perseguimos con racionalidad, informando a la población sobre sus derechos sexuales y reproductivos y no escondiendo la realidad. Por eso es incomprensible que algunos se empeñen de nuevo en atribuirle a la ADC prácticas e intenciones que no tiene y nunca ha tenido.

Que juzgue la población costarricenses sobre quién defiende a las niñas de Costa Rica de los embarazos ilegales y no deseados: esos “algunos”, que quieren tapar el sol con un dedo, o la Asociación Demográfica Costarricense que hace todos los esfuerzos posibles y legítimos para llevar información y educación sexual a la población costarricense.

El derecho que tiene toda persona a recibir información, incluidas las niñas de Costa Rica, comprende la información de los métodos anticonceptivos para su futuro como mujeres maduras. Nadie tiene derecho a decir, y menos decirlo con el propósito de mentir, que el suministro de información equivale a una incitación o una invitación a una vida sexual temprana.