Embarazos en niñas y adolescentes, otro fracaso en el acceso a derechos

Es urgente garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

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El tema de la fecundidad adolescente genera gran preocupación en Costa Rica. No obstante, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en brindar apoyo a la adolecente madre, y no a la prevención integral del problema. Con base en una nota de prensa de LaNación (agosto 2010), una niña menor de 14 años da a luz cada día y en el primer semestre del 2011, el Hospital de las Mujeres denunció 46 abusos a menores. De acuerdo con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 2009, 570 niñas entre 9 y 14 años se convirtieron en madres. Según el Código Penal de Costa Rica, toda relacion sexual con menores de 15 años es un delito. El panorama es escalofriante. Y la situación es aún más alarmante cuando se tienen cifras que demuestran que la tasa de fertilidad en niñas y adolescentes continúa aumentando. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 18,66% se pasó al 19,44% entre 2005 y 2009. Estas cifras son superiores a las de países con un nivel de desarrollo similar, como Perú, que cuenta con una tasa de fertilidad del 13,7%, o de Nicaragua, que con indicadores socio-económicos más desiguales, tiene su tasa en un 18% y no está en aumento.

Embarazos riesgosos. Según Unicef, 20% de todos los nacimientos en Costa Rica están atribuidos a adolescentes menores de 19 años. En un país con una población de 4,5 millones de personas, esto significa que al menos 14.000 adolescentes quedan embarazadas cada año. Y son embarazos de riesgo: según los especialistas, el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor para las adolescentes que para las mujeres mayores de 20 años, y es 18,5 veces mayor en niñas menores a 15 años.

El derecho a la salud incluye la prerrogativa de un sistema de salud adecuado, que en el contexto de la salud sexual y reproductiva implica la garantía de todos aquellos servicios, bienes y condiciones necesarios para el disfrute más alto posible de salud. En este sentido, los Estados están obligados a garantizar la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad de una variedad de servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a servicios de planificación familiar, atención pre y posnatal, servicios obstétricos de emergencia, aborto legal y seguro, así como acceso a la información y educación.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica y por ende de obligatorio cumplimiento, reconoce el derecho de las niñas y adolescentes “al disfrute del más alto nivel posible de salud” y exigen a los Estados parte a “desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia”.

De igual manera, se exige a los Estados a proveer educación e información en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, y respetar las obligaciones, los derechos y los deberes de los padres o de sus tutores, en consonancia con la evolución de las facultades del niño y de la niña. Según lo señalan la profesora Rebecca Cook y el profesor Bernard Dickens en su artículo “El reconocimiento de ‘la evolución de las facultades’ de los adolescentes para tomar decisiones en cuanto a su salud reproductiva”, muchos y muchas adolescentes adquieren la capacidad para tomar decisiones por sí mismos/as, en relación con los servicios de salud sexual y reproductiva y para decidir acerca de determinados asuntos como la confidencialidad.

El Comité de los Derechos del Niño y de la Niña, que vigila el cumplimiento de esta Convención, ha reconocido que las niñas y adolescentes enfrentan múltiples barreras para acceder a la información en torno a los derechos sexuales y reproductivos, así como a los servicios en este campo. En su Comentario General 4, este Comité reconoció la importancia de los servicios en salud reproductiva, la planificación familiar, el acceso a los servicios de salud para menores embarazadas y la necesidad de reducir la morbi-mortalidad materna de las adolescentes y las niñas, particularmente aquellas producidas por el embarazo temprano y el aborto inseguro.

Rezago nacional. Aunque los derechos reproductivos se encuentran firmemente arraigados en los principios más fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos y son ampliamente reconocidos en los instrumentos y estándares internacionales, en Costa Rica el ejercicio de estos derechos continúa siendo una realidad muy lejana para las niñas y adolescentes, en particular para aquellas que sufren de abusos y violencia.

Es urgente garantizar el acceso a una gama amplia en servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la educación sexual, la prevención del abuso, la planificación familiar y el aborto legal y seguro según lo establecido por el artículo 121 del Código Penal de Costa Rica. Las regulaciones sanitarias que endosen el acceso a estos servicios y respeten los estándares internacionales en la materia son entonces necesarias para que los sistemas de salud garanticen la salud integral de las niñas y adolescentes, y otorguen certidumbre a los profesionales de la salud en el cumplimiento de sus funciones. Garantizar la promoción y protección de los derechos reproductivos de esta población, es una manera de invertir en una generación más saludable, de fomentar el derecho a la no discriminación y la igualdad y de cumplir las obligaciones adquiridas con los derechos fundamentales, que el país tanto se enorgullece de respetar y defender.

Ximena Casas Abogada y experta en derecho internacional de derechos humanos por la Universidad de Columbia, Nueva York

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