Opinión

Educación superior pública a revisión

Actualizado el 18 de septiembre de 2017 a las 10:30 pm

La educación superior merece una discusión pública donde se mida su competitividad

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La educación superior ha logrado, en los últimos 25 años, ofrecer una importante gama de carreras universitarias de gran valor para nuestro nuevo modelo de desarrollo. Las universidades públicas han jugado un papel clave en la formación del recurso humano tan necesario para el sector público y privado. Una gran parte de la base del desarrollo científico y tecnológico se ha centrado en las universidades estatales. No obstante, quedan muchos retos en un mundo globalizado que exige cada vez más competitividad e innovación.

Hoy, más que nunca, se necesita un mayor enlace entre los requerimientos del sector público y el privado y una oferta de calidad universitaria. No podemos vivir en dos mundos diferentes, como está sucediendo con muchos programas que ya perdieron actualidad y demanda.

Las universidades públicas deben involucrase en la capacitación de más y mejores profesores de matemáticas para evitar que los estudiantes de ingenierías reprueben hasta 17 veces en Cálculo. El reconocimiento y razonamiento de los estudiantes en matemáticas es muy deficiente.

Tampoco podemos aspirar a competir sin tener profesores en primaria, secundaria, educación técnica y universidades que no manejen fluidamente el inglés.

Las exigencias de nuestros profesionales son cada más estrictas. De ahí la importancia de invertir cuidadosamente los recursos que aportamos todos los costarricenses a las universidades públicas a través del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La Costa Rica actual exige gran solidaridad, eficiencia, innovación y capacidad de cambio. Nuestra educación debe ser incluyente, exigente, de alta calidad, pertinente y competitiva. No puede ser que solo el 7,5 % de los 1.165 programas estén acreditados ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes). Tampoco es justo que los costarricenses estemos subsidiando a un 57 % de una población universitaria que tiene capacidad de pago. No parece lógico, tampoco, que la inversión universitaria pública esté concentrada en la Gran Área Metropolitana.

La actual oferta universitaria no ha logrado en los últimos 10 años hacer los cambios que urgen en el mercado. Solo el 10,2 % de las 534 carreras ofrecidas pertenecen a las ingenierías, carreras clave en la era tecnológica concentrada en los servicios.

Recursos. Con gran preocupación, nuestras universidades dependen en un 90,4 % de las transferencias de un Gobierno con grandes penurias en sus finanzas públicas. Las rentas propias únicamente generan el 1,7 % en venta de bienes y servicios, 3,8 % en materiales y 4,1 % de otros ingresos. No puede ser que una universidad pública de alta demanda no ajuste los costos de matrícula a quienes más pueden generar recursos para no depender solo del Gobierno. Tampoco es aceptable que las universidades no puedan generar recursos vendiendo servicios de asesoría e investigación como lo hacen todas las universidades del mundo.

Es preocupante que la matrícula de las universidades creció un 8,2 % anual del 2010 al 2016 y los diplomas otorgados un 3,7 % anual. Esta ecuación nos señala, claramente, que algo estamos haciendo mal y que deben ser revisados los programas, la administración, la calidad y la cultura interna, periódicamente, por entes calificados externos. Solo si mejoramos la eficiencia tanto de los estudiantes como de los profesores y autoridades administrativas obtendremos mejores resultados.

No es aceptable que, en promedio, los estudiantes estén durando de siete a ocho años para sacar un título universitario y que solo el 50 % de los matriculados se gradúen. Es importante, también, un reintegro parcial y solidario de los costos involucrados por las universidades en la formación de un profesional. Esta medida obligaría a cada estudiante a asumir mayor responsabilidad y compromiso.

Presupuesto. En el 2018, el presupuesto de las universidades públicas aumentará un 4 % con respecto al 2017. El presupuesto del FEES en el 2018 será de ¢496.000 millones, el de la Universidad Técnica Nacional (UTN) de ¢36.000 millones, aparte de 200 millones de dólares para mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de las universidades.

El presupuesto del FEES se estableció en 1976 con la Ley 5909, que estableció que el Gobierno debe trasladar el 25 % de los ingresos del impuesto sobre la renta, el impuesto a las sociedades y el traspaso de bienes muebles. Luego, en 1988, se ratificó el primer convenio que exige reajustes automáticos en los cálculos.

En el 2017 con la Ley 8954 se reformó el artículo 78 de la Constitución Pública. Se modificó la contribución del Estado y ahora el texto dice que “la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y en el sistema político, gratuitas y costeadas por la nación. En educación estatal incluida la superior, el gasto público no será inferior al 8 % anual del PIB”.

Con ese nuevo mandato constitucional, el FEES se duplicó en tan solo ocho años, al pasar de ¢226.211 millones en el 2010 a ¢496.000 millones en el 2018. Eso significa que, en términos de la producción del país, pasamos de 1,15 % del PIB en el 2010 a más del 1,49 % del PIB en el 2018.

Si al presupuesto del FEES en el 2018 le sumamos los ¢36.000 millones de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y los ingresos por ¢106.000 millones del INA, la inversión en total en educación superior y técnica en el 2018 será de ¢638.000 millones al año, que equivale al 1,77 % del PIB. Costa Rica invierte en educación el 8,16 % del PIB.

Resultados. Todo este esfuerzo de inversión en educación nos exige como nación que, anualmente, todas las instituciones cumplan en forma transparente las metas. No se vale que, a pesar de esta millonaria transferencia de recursos, todavía los problemas de inequidad y pobreza se mantengan. No es lógico ver los resultados en las pruebas de calidad PISA en un país que invierte más del 8 % del PIB en educación.

Es inaceptable que, en términos de calidad y competitividad, no alcancemos los promedios logrados por los países de la OCDE. No debemos admitir que solo el 49,5 % de los estudiantes de secundaria logren graduarse. Tampoco podemos aceptar que, a pesar de los subsidios a los estudiantes más vulnerables en las universidades, solo terminan con éxito un 40 %.

La educación superior merece una discusión pública donde se mida su competitividad y los productos académicos que ofrecen, en un contexto que exige alta calidad, mayor aporte en ciencia y tecnología aplicada, compromiso social, innovación, capacidad de cambio, dominio del inglés y habilidades para trabajar con gran capacidad y compromiso.

El autor es ingeniero.

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