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Eduardo Lizano: Consolidación fiscal: ¿realidad o ilusión?

Actualizado el 22 de junio de 2015 a las 12:00 am

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Eduardo Lizano: Consolidación fiscal: ¿realidad o ilusión?

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La evolución de las finanzas públicas es posiblemente el tema que más comentarios suscita en la actualidad. Tres son las actitudes ante esta situación. Primera, no hacer nada. Segunda, tomar el toro por los cuernos. Tercera, evitar la crisis.

No hacer nada. Hay quienes consideran innecesario preocuparse demasiado. En efecto, del problema de las finanzas públicas se viene hablando desde hace varias décadas. El déficit fiscal recurrente no ha de ser causa de desvelo. Los aspavientos no se justifican, salen sobrando. La situación se revertirá a su debido tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo.

Esta postura tiene poca aceptación entre los entendidos y entre quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones políticas. Esta tesis, por suerte para el país, no prevalecerá.

Tomar el toro por los cuernos. Es decir, buscarle solución “integral” y “sostenible” a la difícil situación de las finanzas públicas. Se debe actuar urgentemente. De no ser así, bien podría darse un descalabro de las finanzas públicas, con la consiguiente crisis económica y las consecuencias de sobra conocidas (desempleo y producción).

La situación se considera “apremiante”, “critica” y “dramática”. La acción es impostergable. Es necesario poner manos a la obra cuanto antes, mañana puede ser tarde.

En vista de la magnitud del problema y sus múltiples ramificaciones se requiere el aporte de todos en Zapote y Cuesta de Moras y la participación activa de actores relevantes como los solidaritas, sindicalistas, pensionados, empresarios y profesionales.

Se impone una visión país, consensos y acuerdos nacionales, agendas visionarias. Todo ello con el propósito de lograr la sostenibilidad fiscal, mediante un programa “integral” y un ajuste “balanceado” en pos de soluciones perdurables.

Por “integral” y “perdurable” se entiende que la situación de las finanzas públicas deje de representar una camisa de fuerza para el gobierno de turno, lo cual le impide asegurar la eficiencia del gasto público (programas sociales e inversión pública). Ello sin generar presiones inflacionarias ni alcanzar niveles de endeudamiento público que pongan en entredicho el desarrollo y la estabilidad macroeconómica.

Las perspectivas de tomar este camino tampoco son promisorias ni halagüeñas. Esto se debe, en esencia, a la falta de las condiciones políticas requeridas para adoptar este planteamiento.

La solución al problema de las finanzas públicas abarca varios ámbitos, tal como se ha venido insistiendo recientemente: la eficiencia del gasto público, los ingresos fiscales, el gasto público y el endeudamiento interno y externo.

Ahora bien, las medidas que deben tomarse en cada uno de esos cuatro ámbitos afectarán, quiérase o no, de manera significativa, a importantes actores relevantes. Los costos para todos ellos son muy elevados. Para corroborarlo basta con repasar el conjunto de medidas contempladas en el Plan de Consolidación Fiscal elaborado bajo la dirección del ministro de Hacienda Edgar Ayales, en las postrimerías de la administración Chinchilla; así como la lista de medidas sugeridas por un grupo de profesionales en su artículo “ Propuesta para la gobernabilidad” ( La Nación, 17 de mayo del 2015).

En ambos casos se trata de resolver el problema de las finanzas públicas de manera “integral” y “sostenible”. Sin embargo, dadas las circunstancias que vive el país (fragmentación entre y dentro de los partidos políticos, polarización ideológica, revanchismo electoral, ocurrencias cotidianas, alto desempleo y bajo crecimiento), ninguno de los actores relevantes está dispuesto a asumir los elevados costos a corto plazo que implicaría aceptar un programa semejante para solucionar de manera “permanente” el problema fiscal. Esto a pesar de que, muy posiblemente, todos ellos reconozcan que a largo plazo los beneficios para el país de un planteamiento de esta naturaleza sobrepasarían con creces los costos a corto plazo.

Evitar la crisis. Los actores relevantes, todos ellos, se encuentran en una situación muy incómoda. De una parte, reconocen la urgencia de hacer algo ante la situación calamitosa de las finanzas públicas. De otra, no están dispuestos a asumir los costos a corto plazo de la puesta en marcha de un programa para lograr una solución “integral” y “permanente” del problema fiscal.

Surge así la necesidad de tomar algunas decisiones, pero no para darle solución al problema entre manos, sino, más bien, con el propósito de evitar, el menos hasta mediados del 2018, una posible crisis nacional.

De adoptarse este enfoque, entonces las discusiones entre los técnicos y las negociaciones entre los actores relevantes girarán en torno al conjunto de medidas, en los cuatro ámbitos señalados en párrafos anteriores, necesarias para evitar una posible crisis.

Tres observaciones finales son pertinentes. Primera, algunas de las medidas para evitar la crisis posiblemente también correspondan a algunas de las que se tomarían si se quisiera lograr una solución “integral” y “perdurable”. Segunda, el forcejeo entre los actores relevantes tiene un límite en el tiempo. Cuanto mayor tiempo transcurra, mayor será el peligro de una crisis. Tercera, evitar una crisis tiene un alto mérito en vista de los elevadísimos costos económicos y sobre todo sociales, que ella ocasiona.

Pero debe quedar claro que el costo para el país de no resolver el problema de las finanzas públicas aumenta cada día que pasa.

El costo para todos los costarricenses de posponer la solución para mañana será considerablemente mayor que si se resolviera hoy. Lástima que en la actualidad no se den las condiciones políticas para lograrlo.

(*) El autor es miembro de la Academia de Centroamérica

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