Opinión

Editorial falta a la verdad

Actualizado el 08 de agosto de 2014 a las 12:00 am

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Editorial falta a la verdad

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El editorial de La Nación del 4 de agosto contiene múltiples ideas equivocadas y sesgadas sobre la Aresep, que revelan un alto nivel de desinformación sobre la naturaleza y la gestión de la institución. Cuesta entender que una visión tan distorsionada de la realidad se publique en el editorial de un diario tan influyente.

No es correcto, ni justo, dar por ciertas las afirmaciones insustentables que se plantean como verdades absolutas. Por respeto a los miles de usuarios a los que se debe la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), y quienes sí reconocen y valoran nuestro trabajo, me permito aclarar algunas de las falsedades y aseveraciones contenidas en el editorial. Por ejemplo:

1. Se afirma que la Aresep solo fija tarifas. Esto es falso: desconoce el editorialista que la regulación de servicios públicos es mucho más que fijar precios. Incluye la fiscalización de la calidad de los servicios, la supervisión de la gestión tarifaria de los operadores; el otorgamiento de permisos o concesiones, la defensa, asesoría y atención a los usuarios, la celebración de audiencias públicas, y la tramitación de recursos administrativos y judiciales, entre otras funciones.

2. Se afirma que la fijación de tarifas es algo trivial, pues se limita a “verificar y avalar los costos contables de las entidades reguladas”. Esto es falso: la regulación de precios requiere el uso de modelos tarifarios especializados, que conllevan sofisticados análisis ingenieriles, económicos y financieros. Esta labor es de gran responsabilidad y sus resultados tienen fuertes implicaciones económicas y legales.

3. Se indica que la Aresep “nunca ha definido con claridad los criterios objetivos y racionales para fijar sus propios cánones”. Esto es falso: existe una metodología detallada sobre estimación de cánones, además de un reglamento específico sobre fijación de cánones, emitido por la Contraloría General de la República (CGR).

4. Se opina que en la Aresep solo deberían importar las “entidades relevantes”, es decir, ICE, CNFL, Recope y AyA. Desconoce el editorialista que la Aresep regula más de 35 servicios públicos, todos importantes y merecedores del mejor servicio de regulación posible. No solamente regula entes estatales, sino también mercados en los que operan cientos de empresas privadas (por ejemplo: más de 670 rutas de buses, más de 360 estaciones de servicio de combustibles y más de 12.000 taxis). De hecho, las empresas reguladas por Aresep aportan cerca de 10% del PIB. Su labor de regulación está lejos de ser irrelevante.

5. Se cuestiona sobre la necesidad de “tantos funcionarios” para atender las labores de regulación. La realidad difiere mucho de la visión limitada del editorialista. Para la magnitud de su trabajo y la delicada función que significa proteger a los usuarios, categóricamente se puede afirmar que Aresep está subdimensionada para cumplir todas las funciones que le asigna la ley, y que representa la única protección que tienen los usuarios para neutralizar el poder monopólico de los operadores.

6. Se alude ausencia de un “proyecto para modernizar el cálculo y cobro de las tarifas”. Tal proyecto universal nunca ha existido y, más aún, no tendría sentido. La actualización de los modelos tarifarios debe efectuarse por separado, para cada servicio público. Y en esto se han logrado avances notables: durante el período actual, se han aprobado 7 nuevas metodologías tarifarias, y otras 16 están en proceso de desarrollo.

7. Se hace referencia a una Aresep que no rinde cuentas a nadie ni es fiscalizada por la CGR. La Aresep rinde cuentas detalladas de su gestión a múltiples actores y está sometida a una constante fiscalización. Pocas instituciones son tan fiscalizadas como la Aresep. Externamente, no solo por la CGR, sino también por la Defensoría de los Habitantes y otras entidades gubernamentales, los medios de comunicación, los prestadores de servicios y, lo más importante, por los usuarios de los servicios regulados. Internamente, ha fortalecido su auditoría interna, cuyo personal representa el 8% de la planilla institucional. Cabe destacar que es una de las instituciones con mejor calificación por el Sistema de Gestión Institucional de la Contraloría.

Es claro, con todo lo anterior, que el editorialista incurre en múltiples afirmaciones insustentables. Expresa, por ejemplo, que el canon cobrado a Recope tendría que ser menor que el que se cobra al ICE, porque la regulación de Recope es más sencilla. Así, deja de lado –entre otros aspectos– que los servicios del sector de hidrocarburos están sometidos a sofisticados procesos de fiscalización de calidad, ejecutados por centros de investigación universitarios, cuyo elevado costo se compensa por un altísimo valor agregado.

Cuestiona La Nación los salarios de los jerarcas de la institución y los califica de “jugosos”. Invito al editorialista a que investigue cuál es el promedio de los salarios del mercado y fácilmente podrá comprobar que nuestros funcionarios no ganan ni más ni menos de lo que reciben funcionarios de su mismo perfil y nivel en el mercado. Afirma que el edificio que alquila Aresep es “lujoso”, cuando se trata de un edificio de oficinas sin ningún lujo, alquilado por un precio normal dentro del mercado, y cuyo costo se sufraga, en buena medida, con el alquiler de sus propiedades en La Sabana. Y, sin ningún fundamento, se aventura a afirmar, de manera irrespetuosa, que la Junta Directiva de Aresep no regula a su institución.

Eso sí, La Nación no dice que, solo en el 2013, la Aresep generó ahorros a los usuarios por más de ?¢225.000 millones en el pago de tarifas de tres de sus sectores regulados, o que evitó que las tarifas de autobús fuesen cinco veces más altas de lo que se aprobaron. Para ejercer sus competencias, es esencial que el regulador no ceda ante presiones de grupos económicos muy poderosos, que en reiteradas ocasiones han mostrado sus preferencias por una regulación débil y complaciente. Una visión desinformada de la Aresep, que deteriora injustificadamente su imagen, más bien favorece esos intereses. ¿Es eso lo que se busca?

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