Opinión

Drogas en los colegios

Actualizado el 23 de junio de 2013 a las 12:00 am

No podemos postergar la discusión abierta y objetiva acerca del tema

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Drogas en los colegios

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Quiero referirme al tema central de este diario del día 15 de junio, sobre la presencia de drogas ilícitas en los centros educativos de secundaria en Costa Rica. Con buena intención pero sin conocimiento del problema los reportajes y el editorial acentuaron la reflexión en la reduccion de la oferta de drogas, o sea, en la represión de tráfico a partir de acciones de seguridad pública. Se utiliza una terminología inadecuada para referirse al Narcotráfico, ya que realmente se trata de consumo y/o venta de drogas al menudeo en algún colegio y no de una organización transnacional con grandes ganancias para unos pocos miembros.

Este enfoque reduccionista de la problemática de las drogas en nuestros colegios, no solo impide poner en práctica políticas sociales que realmente prevengan el fenómeno, sino que también atentan contra los derechos básicos de los y las estudiantes de secundaria en Costa Rica.

¿Es un narcotraficante? Un “chiquillo” con 14 dosis de drogas dentro de un centro educativo, sin duda está violando varias leyes y/o reglamentos, pero no podemos decir que es un narcotraficante. Cuando mucho se trata de un “narcomenudista” que vende crack o marihuana para obtener algún dinero o poder proveerse de las dosis necesarias para su consumo personal. ¿Sera este niño un gran delincuente? O más bien se trata de una persona vulnerable que debe ser atendida junto su familia en el sistema de salud pública, por una situación que violenta sus derechos como persona menor de edad. ¿Tendremos que meterlo a la cárcel por ocho años, tal como reza la ley de psicotrópicos? o más bien, deberíamos fortalecerlo para que en un futuro pueda graduarse del colegio y obtener un trabajo digno que le permita vivir mejor.

Es claro que el crack es una droga “fulminante” como anota el editorialista y sin duda su consumo lleva a la dependencia y causa severos problemas para la salud personal, familiar y comunal. Pero ¿cuáles son las acciones que deberían desarrollarse para que los jóvenes de escuelas y colegios no consuman esta sustancia? ¿Será acaso fortalecer las medidas de seguridad o control coercitivo como la revisión de bultos, inspecciones con perros, “doping” obligatorios?, o por el contrario habría que abrir espacios de expresión y participación a los y las estudiantes, que favorezcan la convivencia y el respeto mutuo en el centro educativo, crear programas preventivos focalizados y monitorear las acciones para medir su efectividad.

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Autoridades maniatadas. Esto aunado a una urgente necesidad de mejorar las condiciones físicas de los colegios para que los estudiantes se desarrollen en un ambiente protegido con docentes capacitados en la temática y donde se facilite el desarrollo de sus inteligencias, sus actitudes, creencias y su sistema de valores. ¿No sería mejor trabajar de la mano con los estudiantes y sus familias para que logren un desarrollo adecuado dentro de sus comunidades?

No queda duda que los protocolos del Ministerio de Educación no son lo mejor para atender esta problemática, y que las autoridades están maniatadas para ejercer autoridad sobre los distribuidores. Pero en ningún momento se hace referencia a los factores asociados con la pobreza y la exclusión que hacen que niños, niñas y jóvenes de comunidades vulnerables se inicien en el consumo y luego sean víctimas del problema.

La OEA, en su 43 reunión en Cartagena, realizada en junio del presente año, considera transcendental hacer cambios en las políticas y estrategias para disminuir la venta y el consumo de drogas. Esta ahora totalmente claro que la Guerra contra las drogas fracasó y que tenemos que cambiar de paradigmas y buscar nuevas soluciones

Evidencia científica. Dicen los presidentes de la región que es fundamental que en el hemisferio se fortalezca la búsqueda de soluciones efectivas al problema mundial de las drogas bajo un enfoque integral, equilibrado y multidisciplinario, con pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, que incorpore la salud pública, educación, e inclusión social, y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como el impulso del desarrollo local y nacional.

Se alientan el abordaje de nuevos enfoques sobre el problema mundial de drogas en las Américas basado en el conocimiento y la evidencia científica. Esa evidencia científica ya probó que los esfuerzos que se basan únicamente en la reduccion de la oferta resultaron inefectivos. Una y otra vez se resalta que se trata de un problema de salud pública y no solo de seguridad y que se hace necesario fortalecer los sistemas públicos de salud, particularmente en las áreas de prevención, tratamiento, rehabilitación.

El sistema de atención, las políticas de prevención y atención para las personas menores de edad en este tema está muy poco desarrolladas en Costa Rica. Los programas de prevención son realizados casi exclusivamente por el IAFA en la mayoría de las escuelas, pero prácticamente no existen en colegios, ni mucho menos se dirigen a los y las estudiantes excluidos del sistema educativo por consumir drogas y que obviamente están en mayor riesgo.

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Actualmente el tratamiento para personas menores de edad no está sistematizado y no se cuenta con programas basados en evidencia científica. Las familias cuyos adolescentes se inician en el consumo de drogas no tienen acceso oportuno a la intervención terapéutica y muchas veces deben recorrer cientos de kilómetros para obtener atención ambulatoria donde no se garantiza la calidad. Los dispositivos de desintoxicación y tratamiento ambulatorio en manos del IAFA no tienen una cobertura nacional y aun no están plenamente integrados al sistema público de salud. Son las Organizaciones No Gubernamentales, la mayoría en manos de adictos rehabilitados, las que con muy buena intención, pero sin el conocimiento teórico y técnico adecuado brindan la atención.

Sin prejuicios ni estigmas. No podemos postergar la discusión abierta y objetiva acerca del tema, alejada de prejuicios y estigmas sociales asociados al consumo de drogas. El Estado debe brindar los recursos necesarios para que las instituciones de salud y educación hagan lo propio. Como dice el editorialista “No hay derecho a negarle al país el aprovechamiento de cuantos medios estén a su alcance para proteger a una juventud enfrentada con tan graves peligros”. Especialmente si esto conlleva el deber garantizar derechos básicos como la educación, la salud o la participación de las personas menores de edad.

Dra. Giselle Amador Directora Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas ACEID

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