EscucharSetenta y tres policías entrenados para integrar el Programa Regional Antidrogas (PRAD) del Ministerio de Seguridad Pública hacen sorpresivas visitas a colegios de todo el país, en conjunto con oficiales de la Unidad Canina K-9, para detectar drogas. Lo logran en el 65% de los casos.
El decomiso más común es de marihuana, pero también encuentran estupefacientes peores, como el crack , con su brutal poder adictivo. Imposible repasar el resultado sin grave preocupación o abstenerse de celebrar la existencia del programa y su capacidad de verter luz sobre el problema.
Los policías detectan la droga, la decomisan para destruirla y dejan el resto de la tarea a las autoridades educativas, cuya primera obligación es comunicarse con los padres de familia. En sus manos está el grueso de la solución. La intervención conjunta de policías, padres y educadores puede evitar la caída de cientos de jóvenes en la adicción y, en al menos ocho casos este año, ha servido para rescatarlos de ella.
El PRAD acepta invitaciones de cualquier colegio y se presenta sin anuncio previo. Los resultados hablan de la extensión del problema, tanto en instituciones públicas como privadas. No hay motivo de verguenza en el hallazgo de drogas, ni su ausencia es una distinción para el centro educativo.
El único motivo de sonrojo es la resistencia a pedir colaboración de los oficiales especializados, y la distinción corresponde a todos los colegios participantes por igual: consiste en la valentía de exponerse a la revisión, sin temor a juicios infundados.
La indiferencia ante el recurso puesto a disposición de los centros educativos por el Ministerio de Seguridad Pública delata desinterés por el bienestar de los estudiantes y falta de decisión frente a un problema de cuyos alcances nadie puede estar seguro de librarse. Los padres de familia son los primeros interesados. Esa preocupación les autoriza a preguntar si el centro de estudios de sus hijos participa del programa. Si no lo hace, se impone la necesidad de pedir explicaciones.
Desde su creación en el 2003, el PRAD ha ejecutado 1.200 revisiones en 600 colegios de todo el país. Son muy pocas, en vista de la estadística de hallazgos. Por fortuna, 368 de esas visitas se hicieron este año, señal de un esfuerzo intensificado. La cuarta parte de los 154 colegios inspeccionados son privados.
El programa complementa la vigilancia de la Fuerza Pública en las inmediaciones de escuelas y colegios, especialmente a las horas de ingreso, salida y recreo. Proteger a la juventud del flagelo de las drogas y otros peligros es deber de todos. La Policía merece apoyo de padres y educadores cuando se dispone a hacer su parte.
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