EscucharEl arzobispo metropolitano, Hugo Barrantes Ureña, calificó como una publicación de mala fe la nota publicada por este medio, el 25 de junio, bajo el título “Fiscalía investiga inversiones de empleadas de la Iglesia Católica” .
En su derecho de respuesta, publicado el 29 de junio, Monseñor esboza siete puntos para sustentar su señalamiento.
Asegura, en el primero de ellos, que la Sugef reconoció en la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público que no encontró evidencia alguna de que la jerarquía de la Iglesia Católica conociera o hubiera participado en esos hechos.
La noticia nunca atribuyó a los jerarcas la comisión de delito alguno. Es clara en indicar que el fin de la investigación era “determinar si los miembros de la Conferencia Episcopal tenían o no conocimiento de las actividades de intermediación financiera”, pues así se consigna en el informe 073.DEF-R-229-08/09 de la sección de Delitos Económicos y Financieros del OIJ.
En su segundo punto, el señor Obispo confirma lo dicho por la noticia: a la fecha no existe ningún miembro de la Cecor imputado. La noticia consignó que solo el excontador de Servicios Pastorales, Minor Rojas Solano, ha sido llamado a cuentas. “Ninguno de los Obipos ha sido llamado a declarar”, detalla la información periodística.
El Obispo cuestiona la publicación al decir que el tema de los millonarios depósitos que cuatro empleadas de la Iglesia tienen en Servicios Pastorales se presenta “como si se tratara de un hecho nuevo, merecedor de un titular de primera página”.
Ignora el prelado que la noticia no siempre es posible publicarla cuando ocurre, sino cuando trasciende. El tema tiene un interés público actual por estar el caso bajo investigación. En su carta, el señor Obispo omite referirse a los ¢115 millones en aportes acreditados a cuatro trabajadoras cuyos salarios, en promedio, rondaban los ¢250.000 mensuales y más bien cuestiona la antiguedad (junio del 2009) del informe policial que dio sustento a la publicación.
El Arzobispo reconoce el derecho a informar, pero asegura que es distinto publicar informaciones omisas, inexactas y tendenciosas. Con esto monseñor demerita el trabajo de la sección de Delitos Económicos, pues la información se basó en un documento policial que forma parte del legajo de investigación.
Si Monseñor se declara respetuoso de los administradores de justicia y por eso limitó sus manifestaciones públicas, ¿por qué la portavoz de la Cecor solicitó primero un cuestionario antes de rechazar a este medio la posibilidad de una entrevista?
No puede catalogarse de mala fe y tendenciosa una publicación de evidente interés público basada en el resultado de las investigaciones judiciales.
