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Disparar contra los propios soldados

Actualizado el 01 de agosto de 2016 a las 12:00 am

Los académicos de la UCR aportan importantes recursos de su propio pecunio

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Fernando García, vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), respondió a mi artículo “UCR voraz” ( La Nación, 19/7/2016), con un comentario ambiguo (“ La producción académica”, 27/7/2016).

Inicialmente, García parece compartir las políticas de la actual administración de Henning Jensen para que la UCR afirme sus derechos patrimoniales sobre las obras producidas por sus académicos y asuma la divulgación de tales materiales.

Como resultado de tal postura, García parece no reconocer los importantes recursos que los académicos de la UCR aportan de su propio pecunio a las investigaciones que realizan. De hecho, García es tajante al afirmar: “No se puede alegar la privación de derechos cuando, en realidad, estos no se poseían”.

Además, al afirmar los derechos patrimoniales de la UCR sobre “las obras del intelecto”, García reivindica una posición que, en última instancia, es contraria a la libertad académica. En efecto, la UCR podría invocar esos derechos para limitar o impedir que sus académicos –particularmente quienes no respalden al rector de turno– publiquen artículos en los medios de comunicación nacionales o extranjeros sin la autorización expresa de la UCR.

Sin embargo, más adelante, García reconoce que una parte de esas obras puede haber sido financiada solo parcialmente por la UCR y que existiría “una línea delgada y difusa” que separaría lo personal (lo aportado por los propios investigadores) y lo sujeto a la normativa institucional. Entonces, si hay financiamiento parcial y si existe esa línea, ¿cómo puede la UCR pretender apropiarse del cien por ciento de los derechos patrimoniales de todas las obras?

Democracia. La ambigüedad referida se evidencia de nuevo al mencionar la intención del Consejo Universitario de “oficializar” líneas de investigación en la UCR. Según García, esta “oficialización” es resultado de “mecanismos democráticos definidos institucionalmente”. Pero, casi de inmediato, señala que tales líneas, que no solo son generales sino también específicas, serán dictadas por la “administración activa” (un término que ahora se usa en la UCR para disimular la concentración de poder en la rectoría).

De esta manera, García parece reconocer una situación en la cual mecanismos democráticos son utilizados para promover cambios institucionales potencialmente no democráticos, que podrían dar un extraordinario poder a la rectoría para definir qué se puede y qué no se puede investigar.

Por esta vía, la UCR se enrumba por un camino que recuerda la experiencia de algunos países latinoamericanos en los cuales procedimientos democráticos han sido utilizados para aprobar reformas institucionales no democráticas, que han permitido a los presidentes perpetuarse en el puesto.

Estudiantes. Finalmente, García reconoce que durante el primer período de la administración Jensen (2012-2016) la UCR tuvo la intención de “apropiarse de los derechos de los trabajos finales de graduación de los estudiantes”, pero que esto se descartó por las críticas “de la comunidad universitaria”.

No obstante, de seguido, García admite que actualmente la administración Jensen busca alguna forma para que “los estudiantes que reciben apoyos sustanciales” puedan “brindar una retribución a la institución”. Esto sugiere que la UCR no ha abandonado del todo la intención de apropiarse de los derechos patrimoniales de las obras estudiantiles (un asunto al que la Federación de Estudiantes de la UCR debería prestar la debida atención).

Soldados. Lejos de ser fortuitas tales ambigüedades evidenciarían que García se ha visto obligado a apoyar disposiciones que él personalmente podría no compartir.

Hace casi cien años, se presentó en Costa Rica una situación parecida: en 1929, en medio de un conflicto entre los educadores y el gobierno del presidente Cleto González Víquez, Luis Dobles Segreda, entonces ministro de Educación, tuvo que decidir entre su lealtad al presidente y su simpatía con los justos reclamos de los docentes. Tras indicarle a González Víquez que él se oponía a “disparar” contra sus propios “soldados”, Dobles Segreda renunció.

¿Renunciará también García o él, al final, sí va a “disparar” contra sus propios “soldados”?

El autor es historiador.

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