Diputados de lista nacional

Una lista nacional de diputados es un paso para dar mayor representación al país

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Tal parece que la lectura de una versión preliminar y de una sola (creación de una Lista Nacional de Diputados) de las más de 96 recomendaciones de orden institucional ha hecho levantar el grito al cielo a algunos diputados y sectores, al punto de que algunos de ellos se han declarado “horrorizados” por las recomendaciones de la llamada Junta de Notables.

Se han horrorizado sin conocer que la propuesta no es unánime y sin conocer la visión de conjunto y los matices con que ha sido propuesta. Sobre todo porque se propone, condicionadamente, en el marco de reformas sustantivas a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, haciendo responsable a los ministros frente a la Asamblea y a esta frente al pueblo; de reformas sustantivas al Reglamento Legislativo; de reformas a la jurisdicción constitucional y ordinaria; a la Administración Pública, así como, especialmente, para establecer más y mejores mecanismos de protección de la población frente a la Administración y el Estado, eliminando trabas y ampliando las opciones de las personas.

¡Pero yo no zafo el bulto! Nuestra obligación es proponer al país lo que creemos que es conveniente, sin imponer a nadie nuestras recomendaciones. En cuanto a la propuesta para elegir, a la par de los 57 diputados actuales, 18 (como propongo desde la Comisión Presidencial nombrada por el expresidente Rodríguez Echeverría desde el 2001) o de 24 o 30 diputados nacionales, como prefieren algunos compañeros de la llamada Junta de Notables, para llegar a un total de 75 (como prefiero) o a 87 diputados, es lógico suponer que no faltaría alguien que se opondrá, argumentando que si con 57 diputados, tenemos el Parlamento que tenemos, ¿qué nos pasaría con 75 u 85?

Otros argumentarán sobre la operatividad de la Asamblea Legislativa y sobre el costo de 18 o 30 diputados más, para terminar arguyendo sobre el tamaño y el número de diputados.

Empiezo por lo último. Conviene recordar que Costa Rica tiene el parlamento más pequeño de todos los países democráticos de más de un millón de habitantes. De los más de 100 países con menos de 10 millones de habitantes, la relación entre diputados y población es en Costa Rica la menor (junto con El Salvador y Haití), dado que tenemos un diputado por cada 81.000 habitantes. En los países nórdicos, por contraposición, el promedio es de 1 legislador por cada 28.000 habitantes y entre los países de población equivalente a Costa Rica (que van de 3 a 6 millones de habitantes, como Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Croacia, Líbano, Georgia, Finlandia, Dinamarca, Lituania o Puerto Rico), todos tienen parlamentos mucho mayores que van de los 72 (Panamá) a los 235 parlamentarios (Georgia). Todavía más, en países como Estados Unidos (más de 300 millones de habitantes), Alemania (más de 80 millones), España (más de 44 millones) o Argentina (más de 38 millones), la relación de legisladores (nacionales, estatales, provinciales o de las comunidades autónomas), con la población, es menor a 1 por cada 35.000 habitantes.

De hecho, en los Estados (Provincias o Comunidades), entre 2 y 6 millones de habitantes de esos países, sus Parlamentos locales son más grandes que el de Costa Rica, que es nacional. En nuestro país, en 1950, había 1 diputado por cada 15.000 habitantes. Aun subiendo a 87 o a 75 diputados, tendríamos menos de 1 diputado por cada 53.000 y 61.000 habitantes, respectivamente.

Sobre el costo, conviene recordar que 18 o 30 diputados más costarían alrededor de lo que cuestan 36 a 60 asesores legislativos, y que bien puede, y debe, como propongo, incorporarse una fórmula que limite constitucionalmente el gasto del parlamento, por ejemplo, al porcentaje del Presupuesto Nacional actual.

Recuérdese, en todo caso, que hace 30 años había una séptima parte de empleados y de asesores y el mismo número de 57 diputados. En cuanto a la operatividad, como se propone, la reforma debe acompañarse de una modificación sustantiva al Reglamento Legislativo y a las responsabilidades de los parlamentarios, sobre el uso de la palabra, sobre el cuórum y sobre el plazo para votar los proyectos, como ocurre en casi todos los Parlamentos democráticos del mundo, pero eso es aplicable tanto con 57 como con 75 u 87 diputados.

Lo importante es que proponer una lista nacional de “diputados”, aunque parezca impopular, nos parece un paso necesario para darle mayor representación a la nación, elevar la calidad de los diputados, mejorar nuestro parlamento. De paso, se aumentaría la representatividad en relación con los votantes del país. Si un grupo significativo de diputados no depende de una circunscripción electoral pequeña, y son electos para actuar en nombre de la nación, es probable que aumente su calidad y su responsabilidad como legisladores.

Además, la lista nacional podría permitirnos trabajar con una posibilidad mayor de elección, permitiendo al elector votar por la lista o escoger los nombres que espera que lo representen, aunque sean de distintos partidos. Asimismo, puede permitir equilibrar proporcionalmente la representación y los equilibrios de género que pudieran afectarse por la creación de distritos electorales que también se proponen, aunque sin romper a las provincias.

Por eso propuse también que, mientras no se desarrollen los distritos electorales, puedan elegirse dentro del total de 57 diputados provinciales, 3 por la zona norte, 4 por la zona sur (dos para Pérez Zeledón y dos para los cantones del sur de Puntarenas) y, eventualmente, uno por los cantones rurales de San José; zonas que hoy están ampliamente subrepresentadas.

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