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Actualizado el 21 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Deuda política: necesidad de un debate estratégico

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La relación entre el dinero y la política se ha convertido en uno de los grandes problemas del Gobierno democrático (Pollock). La democracia no tiene precio pero sí un costo de funcionamiento. El uso de recursos económicos es, por lo tanto, un elemento imprescindible para la competencia democrática. Más que una patología de la democracia –como frecuentemente se le presenta en la discusión pública–, el financiamiento político es parte de la normalidad y la salud de la vida democrática. Por ello, no hay que demonizar al dinero pero sí regularlo, ya que es evidente que es capaz de producir distorsiones importantes en el proceso democrático (plutocracias, capturas de las agendas del Estado por grandes grupos económicos, o bien del crimen organizado y/o narcotráfico). De ahí la importancia de que sea el sistema democrático el que controle el dinero y no a la inversa.

Necesidad de un debate integral y estratégico. A medida que se acercan las elecciones de 2014 viene cobrando relevancia el debate sobre la deuda política. Las propuestas con mayor consenso buscan disminuir su monto para pasar del actual 0.19% del PIB a 0,11%. Otros (F. Berrocal) sugieren recortes aún más drásticos, proponiendo reducirla a un porcentaje del PIB equivalente a unos 15.000 millones de colones. Por su parte, O. Solís plantea la necesidad de utilizar “la ética como tijeras” para recortar la deuda.

El monto actual de 43.000 millones de colones, aproximadamente 86 millones de dólares, representa (en relación con un padrón cercano a los 3 millones de ciudadanos) unos 28 dólares por elector inscrito, es decir, 7 dólares por año por elector. En caso de que se apruebe la reducción a 0,11% del PIB, la bolsa de financiamiento público representaría cerca de 25.000 millones de colones (aproximadamente unos 50 millones de dólares), equivalentes a 16 dólares por elector inscrito, o sea 4 dólares por año por elector inscrito. A nivel comparado, el monto de la deuda política, en caso de que se apruebe el recorte, se ubicaría (no como monto total, sino en relación con el número de electores inscritos) en la categoría de países con financiamiento público medio a medio-alto.

Un debate sobre este tema es oportuno y necesario, pero me temo que desde el ángulo desde el cual se lo está planteando (solo en relación con el monto de la deuda política) su aproximación es inadecuada e incompleta. En efecto, si bien importante, no es suficiente discutir sobre el financiamiento público únicamente desde el punto de vista cuantitativo y con el exclusivo objetivo de su reducción. La importancia del tema hace necesario llevar a cabo una reflexión más estratégica e integral.

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Algunas cuestiones claves a resolver. Si el dinero es indispensable para la vida política y el funcionamiento democrático, debemos responder la siguiente pregunta ¿Qué sistema de financiamiento político deseamos? Es importante, asimismo, revisar el criterio que se utiliza para asignar el monto de la deuda política (un porcentaje del PIB), estableciendo, si se decide mantener este criterio, un piso y un techo dentro del cual poder moverse.

La siguiente cuestión por responder es cuál debe ser el porcentaje (monto) de ese financiamiento público en relación con el financiamiento privado. No existe una respuesta única a esta pregunta, depende de cada país. México establece que el 90% debe ser financia- miento público y el 10%, privado. Otros países, en cambio, se inclinan por la primacía del financiamiento privado sobre el público.

Mi preferencia es un sistema mixto con preponderancia del financiamiento público sobre el privado, complementado con la introducción del mecanismo de “matching grant” (subvención compartida), desgravaciones fiscales para contribuciones privadas para montos hasta 10.000 dólares, y absoluta transparencia.

En mi opinión, el monto de la deuda política debe ser lo suficientemente importante para cumplir con uno de sus objetivos principales que es evitar que los partidos (ante la necesidad de contar con grandes sumas de dinero para sus campañas) sean presas de grandes grupos económicos, o peor aún, del crimen organizado. Es decir, que el financiamiento público sea (en buena medida) sustitutivo del privado, contribuyendo de esta manera a blindar (lo más posible) a los partidos contra la penetración del dinero ilegal y del ilícito. De lo contrario, lejos de ser sustitutivo del financiamiento privado, el financiamiento público es meramente aditivo a aquél, desvirtuando así su verdadera razón de ser.

Un monto adecuado de financiamiento público ayuda, asimismo, a cumplir con otros objetivos importantes: generar condiciones de equidad en la competencia electoral y mayores niveles de transparencia. Contribuye, asimismo, a institucionalizar un sistema de partidos políticos y a su fortalecimiento, capacitación y democratización interna, así como a una mayor equidad de género, tanto intra como inter partidos.

La tercera cuestión pasa por definir en qué modalidades (directo, indirecto y específico) el financiamiento público debe financiar diferentes tipos de actividades. Me inclino a favor de la combinación de financiamiento público con la introducción de “franjas electorales” gratuitas, acompañadas de la prohibición de compra de propaganda política electoral por parte de los partidos políticos, similar al régimen que existe actualmente en Brasil, Chile, México y Argentina. Una medida de este tipo permitiría ahorrar una suma muy importante de recursos públicos. Según datos del TSE, el monto liquidado por los partidos con derecho a acceso a la deuda política en concepto de radio y televisión (durante el último proceso electoral nacional) fue de 5.822 millones de colones, lo que representa un tercio de la suma total liquidada. Obviamente el gasto de los partidos en radio y televisión es mayor que este monto, ya que este no incluye el gasto efectuado por los partidos sin acceso a la deuda política ni los gastos incurridos por los partidos que teniendo derecho a la deuda política, por razones diversas, decidieron no solicitar su reembolso al TSE.

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Otro aspecto a considerar, que permitiría asimismo un importante ahorro de recursos públicos, es establecer la gratuidad del transporte público el día de las elecciones. Asimismo, considero de gran importancia que los partidos destinen (por mandato legal) un porcentaje sustancial del financiamiento público (entre 20 y 30% de su monto total) en actividades de capacitación e investigación para contribuir a su fortalecimiento (usinas de pensamiento, generadores de propuestas y con cuadros preparados), en lugar de conceptualizar a los mismos como meras maquinarias electorales que se activan únicamente para cada elección. Según datos del TSE, los partidos hacen un escaso uso de los recursos que tienen asignados vía deuda política en materia de capacitación. En efecto, de los 916 millones de colones disponibles (desde 2010) para este rubro, a la fecha los partidos han utilizado únicamente 13 millones, o sea el 1,47%.

Un último punto, pero de gran importancia: el necesario fortalecimiento de las atribuciones, competencias, recursos (económicos, humanos, etc.) del Tribunal Supremo Electoral para garantizar un adecuado monitoreo y vigencia, real y efectiva, de la normativa, junto a un régimen gradual, variado y eficaz de sanciones para evitar la impunidad en caso de incumplimiento.

Comentario final. Las reflexiones arriba expuestas evidencian la necesidad y urgencia de llevar a cabo un debate integral y de carácter estratégico sobre la deuda política, en lo particular, y sobre el sistema de financiamiento político, en lo general. Debemos tener presente, asimismo, que las reformas en materia de financiamiento político (incluida la deuda política) vayan siempre acompañadas de los recursos para aplicarlas rigurosamente, de la voluntad de revisarlas cuando muestren sus limitaciones inevitables y del realismo para entender que ningún sistema de financiamiento político, por sofisticado que sea, es capaz de garantizar por sí solo la integridad de la actividad política.

Por ello, es importante que estas regulaciones (tanto en su componente público como en el privado) vengan acompañadas de la voluntad y compromiso ético de los partidos políticos de cumplirlas y de alcanzar los niveles más altos posibles en materia de transparencia, tanto durante las precampañas como en las campañas. En este tema es imprescindible complementar las normas con buenas prácticas.

Daniel Zovatto. Director regional IDEA Internacional para América Latina y el Caribe

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