Opinión

Dilema presupuestario

Actualizado el 25 de septiembre de 2013 a las 12:00 am

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Dilema presupuestario

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El sistema fiscal costarricense contiene un disparador estructural del déficit fiscal: los gastos establecidos por mandato constitucional o legal, sumados a obligaciones ineludibles como el pago de intereses y de planilla. Estos ya exceden, y por mucho, los ingresos corrientes del Gobierno Central y representan un 95% del presupuesto total, y lo más preocupante es que crecen más rápidamente que los ingresos. El 34,4% de los egresos del presupuesto están establecidos por mandato constitucional; el 22,5%, por mandato legal; el 37,9% lo constituyen egresos ineludibles como remunera-ciones y servicio de la deuda; y sólo el 5,2% permite algún nivel de flexibilidad.

En estas circunstancias, el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto de la República para el 2014, considerando las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, la realidad de las finanzas públicas nacionales, el Programa Macroeconómico del Banco Central, y las condiciones del entorno internacional. Este presupuesto busca equilibrar el financiamiento de las prioridades con la necesidad de contener el gasto. Al mismo tiempo que el presupuesto para educación, seguridad ciudadana e inversión crece por encima del 11%, se mejora el perfil de amortizaciones y contención del crecimiento de gasto en el que existe algún margen de flexibilidad. El resultado es un presupuesto que crece solo un 3,1% con respecto al 2013, significativamente menos que el crecimiento del año anterior (7,2%) y que la inflación esperada para el 2014.

El esfuerzo por fortalecer los servicios provistos por el Estado involucra tanto la autorización para financiarlo como la mejora en la calidad del gasto público. Por tal motivo, en este proyecto se le dio gran importancia a la medición de los resultados del presupuesto a través de la inclusión de indicadores y metas que permitan verificar la utilización eficiente de los recursos asignados a programas específicos en las áreas de infraestructura, educación, administración tributaria y aduanera y combate a la pobreza.

Constitución y presupuesto. La preservación de la integridad económica del Estado es un mandato constitucional que debe balancearse con el de cubrir las necesidades sociales básicas de la población. Los artículos 176 y 179 de la Constitución Política determinan claramente el deber y el medio para alcanzar finanzas públicas, equilibradas y sanas. El primero determina que el monto de los gastos presupuestados no puede exceder el de los ingresos probables, mientras que el 179 le prohíbe a la Asamblea Legislativa aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo si no se identifican los nuevos ingresos que hubiere para cubrirlos. De la misma forma, el artículo 122 constitucional le prohíbe a la Asamblea Legislativa “reconocer a cargo del tesoro público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial, o aceptadas por el Poder Ejecutivo”.

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No obstante, se han establecido múltiples obligaciones al Estado por mandato constitucional o legal sin haber creado los ingresos para asumirlas, poniendo gran presión sobre las finanzas públicas. Por ejemplo, a pesar del esfuerzo por apoyar el gasto social implícito en este presupuesto y de su incuestionable prioridad, la escasez de ingresos corrientes impide cumplir con el mandato constitucional de asignar el 8% del PIB a educación y el mandato legal de trasladar un 7% del impuesto sobre la renta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Atender estos mandatos obligaría a incrementar la asignación presupuestaria en ¢262.472 millones (más de 1% del PIB).

Considerando lo anterior, se propone alcanzar el mandato constitucional del 8% del PIB para Educación, en forma gradual, a lo largo de cinco años. Esto implica incrementar en cerca de ¢200.000 millones (un 11.4%) los recursos del MEP para el próximo año, alcanzando el 7,2% del PIB (¢1.937.628 millones) en el 2014.

Para el PANI se propone un incremento del 54% en la asignación presupuestaria para el próximo año sobre el monto ejecutado en el 2013. Este presupuesto requerirá un gran esfuerzo por parte de dicha entidad para que se fortalezca institucionalmente y mejore su capacidad de ejecución. Esto por cuanto, en promedio, el PANI no ha ejecutado el 20% de los recursos asignados en los últimos años. En este caso, al igual que en educación, es necesario escalonar el monto asignado por mandato legal, que en su totalidad representaría un aumento del 400% en su presupuesto actual.

A mediano plazo. Financiar el gasto corriente con deuda constituye un mecanismo peligroso por su impacto en la integridad económica del Estado y por su efecto pernicioso sobre la estabilidad y la capacidad de crecimiento económico. No obstante, en las últimas décadas se ha dado más prioridad al incremento del gasto público que a los principios constitucionales que deben regir para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. Tan importantes son los derechos que se protegen con el gasto, como los derechos que tienen los ciudadanos de que su Estado sea financieramente sostenible.

Las proyecciones de mediano plazo, que se incluyen en el documento “Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo” que acompaña al Presupuesto Nacional 2014, evidencian la necesidad de un ajuste fiscal significativo en los próximos años para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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Con estas perspectivas, el Ministerio de Hacienda se ha abocado a construir un espacio nacional de diálogo que nos permita converger como sociedad hacia un conjunto de medidas viables y suficientes para lograr este objetivo.

La experiencia pasada y las conversaciones sostenidas hasta ahora indican la necesidad de atacar el problema fiscal por múltiples frentes, incluyendo mayor gobernabilidad y transparencia, racionalización y flexibilización del gasto, mejoras constantes en la estrategia de financiamiento, en la administración tributaria, revisión de las políticas de exoneraciones. Todo ello con miras a conformar un sistema tributario más progresivo, simple, eficiente y jurídicamente seguro.

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