Opinión

Diatriba presidencial

Actualizado el 11 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

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El presidente, Luis Guillermo Solís, dedicó más de la mitad del tiempo del “informe de los cien días” a criticar a los anteriores gobernantes y a denunciar una serie de presuntos abusos y supuestas prácticas corruptas en la Administración Pública.

Fue chocante, por lo contradictorio de la escena, oírle al presidente decir con absoluto desparpajo que “en las últimas décadas hemos sido gobernados con irresponsabilidad” y que “el país se nos fue hundiendo en una espiral de corrupción e ineficiencia”, flanqueado por Helio Fallas y Ana Helena Chacón, sus vicepresidentes, conspicuos representantes –al igual que otros jerarcas que ocupaban asientos en el escenario del Teatro Melico Salazar la noche del 28 de agosto– de esa clase política que, para él, ha sido irresponsable, corrupta e ineficiente.

Su diatriba fue una continuación del discurso negativo, pesimista y derrotista, según el cual somos un país fracasado en el que todo es un desastre, una catástrofe, que le sirvió para ganar las elecciones y con el que ahora pretende disimular su impericia, la falta de acciones concretas en sus primeros meses al frente del Gobierno y la ausencia de un rumbo claro.

Con relación a las denuncias planteadas, es de esperar que se concreten con su presentación ante la autoridades judiciales correspondientes, con los nombres de los responsables de las anomalías. Es imperativo que así se haga, ya que, de lo contrario, se estaría incurriendo en una vaguedad y generalización, debido a que se hace recaer la sospecha sobre todos los políticos y, también, sobre la totalidad de los funcionarios públicos.

Práctica peligrosa. Estas dos vertientes de análisis y de argumentación política, la del catastrofismo y la de la generalización, han venido socavando el ánimo de los costarricenses, sumiéndolos en el escepticismo, la desmoralización y la desesperanza.

Hacer énfasis en los errores y desaciertos, sin reconocer los logros, insistir sistemáticamente que todo está mal, aunque la realidad lo refute, acusar a los políticos de corruptos, sin hacer las debidas distinciones, es –además de injusta– una práctica política inconveniente y peligrosa que debilita la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y en las instituciones.

Calificar de irresponsables a quienes nos han gobernado “en las últimas décadas”, sin precisar el período de tiempo de la evaluación, es una generalización grosera, porque, si bien es cierto que se pueden señalar yerros y omisiones, descuidos y corruptelas, también lo es que se pueden reconocer importantes resultados y significativos éxitos en la gestión de sus antecesores.

¿Fueron irresponsables quienes sacaron al país de la crisis económica sin precedentes producida por la Administración Carazo Odio? ¿Actuaron con irresponsabilidad los promotores y protagonistas del Plan de Paz para Centroamérica, una de las más hermosas gestas de nuestra historia? ¿Acaso la creación de la Sala Constitucional o de la Defensoría de los Habitantes, la promulgación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer o la Ley de Protección al Trabajador fueron actos irresponsables? ¿Ha sido irresponsable la inversión social realizada en las últimas décadas en educación, salud y vivienda, en la atención de nuestros ancianos y niños, que nos permite exhibir los mejores indicadores socioeconómicos de la región, reconocidos y elogiados por los organismos internacionales?

Presentar un inexistente panorama de desolación, de caos y de catástrofe, estigmatizar a los dirigentes políticos y señalar a la política como una actividad extremadamente perversa son armas que podrían justificarse para obtener réditos electorales, pero que su uso es peligroso en el ejercicio del poder, ya que alientan el populismo y abren un camino que puede conducirnos a situaciones políticas, económicas y sociales indeseadas.

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