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Diálogo de sordos

Actualizado el 28 de agosto de 2012 a las 12:00 am

El trasfondo del caso Assange es meramente un juego deun ajedrez político

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“Over the street” la gente se abarrota para comprar en Harrod’s con sus grandes espacios. Mientras tanto, en la embajada ecuatoriana en Londres, Julian Assange es el huésped solitario de un cuarto diminuto. Las tesis pseudojurídicas y las teorías de conspiración colman los medios de comunicación y las redes sociales. Lo único que parece cierto es que permanecerá allí por largo tiempo. Pocos esperan que las amenazas proferidas por el encargado de negocios británico en Quito se hagan realidad. Tampoco se espera que las autoridades británicas den un salvoconducto a Assange para que viaje a Ecuador en calidad de asilado político. Tanto ingleses como ecuatorianos se han metido en sendos callejones sin salida, de los cuales no saldrán fácilmente.

Debe entenderse desde el principio que lo que rodea al diferendo tiene que ver menos con el derecho internacional (DI) y que con la política interna y exterior de los Estados involucrados. A pesar de que ambas partes alegan normas jurídicas para sostener sus posiciones, el trasfondo es meramente un juego de un ajedrez político, en el que Assange es un peón. Es innegable que el entuerto diplomático se desbocó con las amenazas proferidas por el encargado de negocios británico en Quito, el 15 de agosto.

El señor Jeremy Hobbs entregó una ayuda memoria a la cancillería ecuatoriana en la que expresaba que de no entregarse a Julian Assange el Reino Unido aplicaría la ley sobre instalaciones diplomáticas y consulares de 1987. Dijo que entrarían al recinto diplomático a arrestar al refugiado. Es insólita la torpeza del funcionario. ¿No se dio cuenta de que su nota crearía olas en Latinoamérica en un momento en el que el tema de las Malvinas y del colonialismo inglés ha resurgido? ¿No pudo prever que le servía en bandeja de plata al Gobierno ecuatoriano el erguirse líder de la soberanía latinoamericana y defensor de los derechos humanos?

Al Ecuador no le quedó más salida que otorgar el asilo a Assange. Si bien al darlo no hay obligación de dar explicaciones, el canciller ecuatoriano se apuró a citar una serie de instrumentos internacionales que apoyarían la tesis ecuatoriana. La verdad es que la mayoría de esos tratados y declaraciones no apoyan la tesis ecuatoriana o no son vinculantes para el Reino Unido. Pero políticamente, a los ojos del mundo entero, un Gobierno que no ha dudado en reprimir la libertad de expresión se irguió como el paladín de su defensa.

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Lo cierto es que la ley británica no le da el derecho a las autoridades de Londres a irrumpir en la embajada ecuatoriana. Primero, porque la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas se lo impide. Segundo, porque la misma ley no da tales facultades. En efecto, la Ley de 1987 establece en su artículo 1 (3) que el secretario de Estado podrá retirar el carácter de extraterritorial de un establecimiento diplomático y consular si el Estado acreditante deja de usar el local para los propósitos de su misión diplomática y consular; sin embargo de inmediato agrega en el inciso 1 (4) que podrá hacerse si ello es permisible de conformidad con el DI.

A pesar de lo expresado por las autoridades británicas, es claro que el asilo es una actividad diplomática legítima. Incluso países que no reconocen per se el asilo diplomático, como los EE. UU., lo han utilizado para ayudar a perseguidos políticos, como es el caso del Cardenal Midszenty. A pesar de que el asilo es un instituto del DI americano (consuetudinario y convencional), este ha sido respetado incluso por dictaduras extracontinentales cuando el país otorgante es un Estado americano.

El caso Assange es uno que ha llegado para dar dolores de cabeza a muchos. No se resolverá en los estrados jurídicos internacionales. De llegar a una solución –lo que no parece factible en el corto plazo– se hará mediante negociaciones diplomáticas. Por el momento, más bien pareciera que el diferendo va a regionalizarse y que los paradigmas se desploman. La convocatoria ecuatoriana a los órganos regionales interamericanos dejará más clara aún la división creciente entre los EE. UU. y Latinoamérica, así como el enfrentamiento entre un subcontinente que trata de reafirmarse y las antiguas potencias coloniales.

El Reino Unido seguramente acudirá a sus socios europeos para buscar apoyos a su tesis y a la primacía del derecho comunitario. De tal manera, uno de los países americanos que más ha atentado contra la libertad de expresión se yergue como defensor de ese derecho fundamental, y uno de los Estados más euroescépticos utilizará el sistema europeo para defender sus posiciones.

Francisco José Aguilar Urbina. Exembajador ante los Países Bajos y la Corte Internacional de Justicia. Presidente emérito del Comité de Derechos Humanos de la ONU

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