Opinión

Diálogo sobre el empleo público

Actualizado el 15 de febrero de 2013 a las 12:00 am

Se debe poner orden en las remuneraciones de los trabajadores del Estado

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Sin imposiciones, el Gobierno y quienes lideran las organizaciones gremiales del sector público en el país debemos sentarnos a dialogar sobre uno de los problemas más graves que tenemos y que ocasionan serios problemas de inequidad entre las y los trabajadores del sector público, injusticias en el reconocimiento de “a igual trabajo igual salario” y que también afecta las finanzas públicas: el desorden en las remuneraciones de los trabajadores del Estado.

Hasta ahora nadie ha querido abordar este tema, que genera grandes diferencias para la gran mayoría de las personas que se desempeñan en el sector público y privilegios para unos cuantos. No se trata de eliminar las anualidades ni de crear un salario único como erróneamente se le ha llamado generando alarma entre las personas funcionarias; pero sí se trata de ordenar los incentivos que recibimos en las diferentes instituciones del mismo Estado costarricense.

Se trata, por ejemplo, de que las secretarias de las distintas dependencias del Estado tengan el mismo reconocimiento por su importante labor, o que profesiones de una misma rama que desarrollan tareas similares ganen lo justo por su trabajo pues, al final, si tenemos el mismo patrono y hacemos iguales tareas no se justifica que unos devenguen más que otros. En este momento, las anualidades, las vacaciones, las prohibiciones, la dedicación exclusiva, los años de cesantía son diferentes, dependiendo de la “suerte” que le haya tocado laborar en una u otra institución.

Si lo ponemos en cifras, de acuerdo con la Contraloría General de la República en su informe DFOE-PGAA-IF-65-2009, eso significa que la secretaria de la institución de gobierno que más beneficios tiene, recibe cada mes ¢753.866 mientras que su par de la entidad con menos ventajas tiene un salario mensual de ¢273.340, esto, pese a que ambas personas tienen igual cantidad de responsabilidades, igual cantidad de años de servicio, iguales requisitos de entrada y las mismas funciones descritas.

Si analizamos el caso de un profesional jefe de unidad, el salario mensual es de ¢2.982.200 en una institución, mientras que la misma figura profesional pero con menos beneficios, recibe una remuneración de ¢822.774 mensuales. Finalmente, un gerente de área de una institución A tiene salario de ¢903.733, y el mismo en la institución B gana ¢4.659.600 por mes.

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Lo anterior explica precisamente por qué actualmente tenemos grandes diferencias de salarios entre instituciones y también de algunos gremios.

No estamos hablando de eliminarlos, pero sí de lograr consensos con el propósito de acabar con estas grandes desigualdades y lograr mayor equidad en los salarios del sector público.

Se trata también de que algunas de nuestras importantes y emblemáticas instituciones públicas mediante este proceso de aumento constante de la planilla irían irremediablemente hacia la quiebra si no hacemos algo. Es claro que las instituciones que pagan más de 5% de anualidad a sus funcionarios, las que pagan aumentos automáticos a los salarios más altos cuando se les aumenta a las categorías más bajas, o las que pagan hasta 40 y más años de cesantía, siempre requieren más y más presupuesto del Estado, pero al fin y al cabo estos dineros para el pago de estas desigualdades vienen de los impuestos directos o indirectos de los costarricenses y nunca serán suficientes si no nos ordenamos de alguna forma.

Por eso hemos invitado a los señores y señoras de los sindicatos, para que de manera transparente, seria y responsable traigamos a la mesa las propuestas que nos permitan poner orden en la casa.

Además, en agosto del 2012, la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Sandra Piszk, presentó a los y las dirigentes gremiales el documento “Estado de la Situación en Materia de Salarios y Remuneraciones del Sector Público Costarricense”, acordando dar un plazo de seis meses para volver a reunirse.

Con ese tiempo, a punto de vencerse y utilizando ese documento borrador como un insumo para el diálogo, más los aportes que los sindicatos quieran traer, les pido respetuosamente aceptar la invitación para reunirnos el próximo jueves 21 de febrero para abordar el tema.

Este no es el proyecto final, ni es un anteproyecto de Ley, es un borrador que podemos mejorar sustancialmente con el aporte de todos y todas.

Es la oportunidad para que Gobierno y líderes gremiales demostremos a todo Costa Rica que, con diálogo y tolerancia, se pueden lograr grandes cambios, defendiendo el bienestar de la colectividad y no de unos cuantos y que como ciudadanos estamos dispuestos a contribuir a mejorar las condiciones de las y los trabajadores buscando mayor equidad entre las instituciones.

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