Un país amante de la paz y la democracia como es Costa Rica, celebra la mejor de sus fiestas cada cuatro años. Los padres fundadores de la segunda república garantizaron esta fiesta cívica mediante mandato constitucional, al incluir el sufragio y la libertad de expresión como parte de los derechos y deberes políticos de todos los ciudadanos. Empero, esta celebración de la democracia costarricense es pagada por todos los ciudadanos y representa una inversión por parte del Tribunal Supremo de Elecciones de ¢ 6.829.587.100,00 y un 0,11% del producto interno bruto para la deuda política (un monto nada despreciable ¢18.147.670.000,00) correspondiente al 0,08% para las elecciones del 2014. Como si fuera poco, ¢2.722.150.500,00 corresponden al financiamiento anticipado.
Lastimosamente, los manejos inadecuados de estos fondos públicos, así como otras prácticas no tan sanas en las campañas anteriores han diezmado la credibilidad política, generando un clima hostil hacia los temas electorales. La apatía electoral es, quizás, la mayor fuerza política de nuestro país. La componen cantidad de simpatizantes, entre ellos, la población joven, los más reacios a emitir su voto.
Si bien es cierto, el Código Electoral costarricense permite a los partidos políticos invertir parte de la deuda en difusión con el fin de poder emitir sus opiniones, el costarricense, en general, está cansado de opiniones intransigentes, sin valor, beligerantes; es decir, cargadas de ataques y contraataques a la que, comúnmente, se le ha llamado “campaña de trapos sucios”. Tristemente, estas campañas solo contribuyen a la decadencia de la credibilidad política y al flagelo de nuestra democracia, que derivan en un pueblo golpeado por el látigo del desinterés, la apatía y el abandono de sus responsabilidades cívicas.
Los costarricense, no queremos escuchar más ofrecimientos de empleos, viviendas, o programas asistencialistas que no erradican los problemas sociales. La problemática nacional es amplia y requiere de un riguroso examen participativo e inclusivo para solventarlos, con propuestas serias y responsables y no de ideas colmadas de ocurrencia y sin sustento económico y social. Tenemos un rezago de más de 30 años y ya no debe continuar. El malestar en la población es generalizado por los múltiples intentos por gobernar; sin embargo, el país parece, a la vista de muchos, no avanzar, quizás por la falta de voluntad política y del interés de las mayorías frente al interés de unos cuantos.
Los retos. Así las cosas, la ciudadanía espera ver la divulgación de ideas y programas de gobierno de forma creativa e intuitiva con respuestas reales y realizables en años a los problemas que aquejan a la Costa Rica de hoy. ¿Será que necesitamos 6 años en lugar de 4 y una planeación más adecuada? El reto, no solo consiste en atraer y hacer partícipe a un electorado que está vacunado contra la política. El reto, más allá de poder desmarañar el sistema de administración pública consiste en que los partidos políticos sean capaces de crear espacios de formación continua para nuevos líderes; líderes con rasgos de estadistas, con visión de largo plazo y capaces de tomar decisiones efectivas para mejorar y transformar el sistema actual y, ante todo, para mantener los fundamentos y las doctrinas plasmadas por los fundadores de la Segunda República.
El TSE tiene un titánico reto ante la coyuntura que vive el país, pero noble y ferviente a sus principios, a fin de garantizar la transparencia y confiabilidad del sufragio, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá, como hasta la fecha, promocionar y fomentar la cultura democrática, incursionando mediante nuevas herramientas tecnológicas para informar, orientar, guiar y capacitar responsablemente a la población.
Por su parte, la ciudadanía debe informarse, participar en los procesos democráticos y dejar esa actitud pasiva para poder cambiar el paradigma de la idiosincrasia tica del “pobrecito” para tomar las riendas del destino de nuestro país.
Debemos ser conscientes de que nuestro sistema democrático está en crisis. Estamos en un momento en el que debemos poner las barbas en remojo y asumir nuestro deber y derecho de votar. El cambio es nuestra responsabilidad, no es culpa de un partido político ni de un candidato. El problema y la solución somos nosotros mismos.