EscucharLa lucha contra la impunidad internacional dio un importante paso, el martes 18 de este mes, con una decisión inédita en las Naciones Unidas.
Por primera vez en la historia, la Asamblea General, mediante una de sus comisiones plenas, solicitó al Consejo de Seguridad que considere remitir el caso de las masivas y sistemáticas violaciones contra los derechos humanos en Corea del Norte a la Corte Penal Internacional (CPI).
El Consejo, por supuesto, no acatará el pedido. China y Rusia usarán su poder de veto en ese órgano para neutralizar cualquier iniciativa. Así, evitarán el impacto inmediato del acuerdo y darán aire al déspota Kim Jong-un.
El símbolo y la acción. Sin embargo, la resolución, adoptada por la Tercera Comisión, con 111 votos a favor (incluido el de Costa Rica), 19 en contra y 55 abstenciones, y que pronto será ratificada por el plenario de la Asamblea, tiene una trascendencia múltiple.
En relación con Corea del Norte, quedó de manifiesto una creciente y abrumadora pérdida de paciencia de la comunidad internacional respecto a las atrocidades en que se sostiene la dinastía dominante; se abrió un posible nuevo curso de acción que podrá renovarse en el futuro y, como consecuencia de lo anterior, habrá una mayor presión sobre los principales ejecutores del régimen y sus pocos aliados externos.
La solicitud de la Asamblea General, además, refuerza el papel clave de la CPI como tribunal penal universal y amplía la gama de opciones para estimular su intervención en otros casos.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, que permitió a la Corte Penal Internacional iniciar funciones hace 12 años, su intervención directa solo es posible en los países que han ratificado el instrumento: hasta ahora, 122. En los restantes –entre ellos, Corea del Norte–, es necesario que el Consejo de Seguridad haga una remisión, como ocurrió con la situación de Darfur, Sudán, en marzo del 2005, y la de Libia, en febrero del 2011.
Esta es la primera vez, desde que existe la CPI, en que la iniciativa surge de la Asamblea. Aunque su decisión no obliga al Consejo ni a la Corte a actuar, sí marca un precedente de enorme importancia, frente al cual no solo el norcoreano, sino también otros regímenes despóticos, debe sentirse extremadamente inquieto.
Estamos ante un caso típico de la ONU, en que el impacto de una decisión, en sus inicios esencialmente simbólico y diferido, podrá adquirir mayor vigor conforme pase el tiempo y estimule otras acciones.
Repertorio del horror. La catastrófica situación de los derechos humanos bajo la bota de la dinastía Kim es de sobra conocida en el mundo. Sin embargo, quedó expuesta con un rigor y minuciosidad espeluznantes cuando, en marzo de este año, una comisión especial de investigación, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos, entregó su informe de trabajo.
El grupo, de tres comisionados, había sido constituido en mayo del 2013, bajo la presidencia del distinguido juez australiano Michael Kirby. Como se esperaba, Corea del Norte les impidió el acceso a su territorio. Sin embargo, trabajaron en países con altos grupos de población norcoreana, recibieron las declaraciones de más de 80 testigos, realizaron alrededor de 240 entrevistas con víctimas y especialistas, entablaron contacto y obtuvieron información de entidades de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, analizaron múltiples documentos y recibieron 80 aportes escritos de diversos Gobiernos.
Leer el informe de la Comisión Kirby es asomarse a un repertorio de las más insensibles, devastadoras y metódicas prácticas imaginables para violar la dignidad humana y asegurarse el control total de un pueblo. Una frase resume con lapidaria brevedad la naturaleza de los hechos: “La gravedad, escala y naturaleza de estas violaciones revelan un Estado que no tiene paralelo en el mundo contemporáneo”.
Por considerar que muchos de los crímenes cometidos por la cúpula norcoreana alcanzan “el elevado nivel exigido en el derecho internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad”, Kirby y sus colegas concluyeron que la situación debería ser remitida a la Corte Penal Internacional.
Fue por esto que, gracias a la iniciativa de varios países, la resolución que anualmente aprueba la Asamblea General sobre Corea del Norte cambió de naturaleza en esta oportunidad.
Con anterioridad, su texto se centraba en condenar al régimen. Al incorporar el pedido de remisión al Consejo, adquirió una naturaleza más proactiva, con consecuencias potenciales de enorme profundidad.
No en balde los norcoreanos emprendieron una frenética campaña, previa a la sesión de la Asamblea, para que tal solicitud fuera eliminada del texto propuesto. Además, en la propia sesión, la delegación de Cuba presentó una enmienda en el mismo sentido: los Castro son fieles socios de los Kim. Sin embargo, la maniobra fracasó y se aprobó el texto original.
De ahora en adelante, Kim Jong-un y, también, muchos de sus más extremos colegas represores sabrán que, en cualquier otro momento, podrán surgir iniciativas similares, y que no siempre habrá países listos a activar el veto en el Consejo de Seguridad para salvarlos de la Corte Penal Internacional.
