EscucharEn los últimos 25 años hemos creado decenas de instituciones de diferentes tamaños, naturaleza, presupuestos y programas. Tenemos una estructura institucional que genera un alto costo operativo, duplicidad de funciones y una preocupante parálisis al desarrollo.
Nuestro Estado se ha vuelto gigante e ineficiente, sin ninguna viabilidad operativa y financiera para las nuevas exigencias sociales y de competitividad que requiere la Costa Rica del futuro.
El sector público tiene más de 300 instituciones, en su mayoría sin ingresos propios, que conforman un complicado y desarticulado Estado. Ningún partido político se ha atrevido a mencionar la reestructuración y racionalización del sector público como un eje central de su programa de acción.
La mayoría de los partidos defienden este enjambre de instituciones y el statu quo por la cuota política que aportan. Nadie se aventura a cerrar ninguna institución, aunque ya no cumpla ninguna función vital.
Servicio Civil. Está claro que el aparato estatal, para lograr la competitividad, debe contar con excelentes y comprometidos profesionales, buenas remuneraciones y una gran capacidad de crecimiento y mejora.
Pero, contrario a ello, hemos propiciado un crecimiento desmedido sin objetivos claros, ni mecanismos de revisión y evaluación. La inmovilidad del empleado publico, la protección de derechos de unos pocos, la incapacidad de fijar responsabilidades y resultados nos tienen atrapados.
La rendición de cuentas, la productividad y la fijación de metas claras es compleja.
Ante esta realidad, es básico que, como parte de esta transformación, revisemos la actual estructura de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC), institución que debe ser líder en la profesionalización de los funcionarios de Gobierno.
Solo si se administran los recursos humanos del sector público con gran flexibilidad y productividad lograremos mayor eficiencia.
Un mundo cada vez más competitivo nos exige hacer reformas importantes y drásticas en el modelo de empleo público. Tenemos que flexibilizar la Administración Pública y adaptarla a las nuevas metas de desarrollo.
Es ilógico que para contratar a un profesional con características especiales se debe escoger solo entre la terna que envía la DGSC, que, por su estructura y limitados recursos no tiene las habilidades para seleccionar los mejores candidatos.
Tampoco es razonable que un funcionario tenga asegurado por décadas su puesto, independiente de su productividad.
Es necesario descentralizar más la contratación de nuevo personal, reformar la DGSC y delegar responsabilidades en los jefes de departamentos, para que sean los responsables directos del reclutamiento, despidos y valoración de su personal, bajo un estricto control y profesionalismo.
La evaluación de los empleados por parte de su superior inmediato debe trascender a instancias superiores. Es importante que cada institución diseñe su escala de remuneraciones ajustándose estrictamente a las políticas hacendarias y las necesidades y objetivos de cada institución.
Solo si logramos rendición de cuentas, seguridad para el empleado eficiente, movilidad, evaluación objetiva, descentralización, competencia abierta y transparente y una correlación clara entre resultados y costos, alcanzaremos mayor productividad.
No podemos seguir manteniendo un sistema de salarios donde la antigüedad prima sobre los méritos. No puede calificarse a todo el personal como excelente o muy bueno, solo por no comprometerse con un compañero.
Política salarial. Paralelamente a la creación de nuevos impuestos, hay que ordenar los salarios y los pluses. Debe detenerse la política expansiva en el gasto público, especialmente cuando está asociada a un gasto de carácter permanente.
Los salarios representan prácticamente el 40% del gasto total del Gobierno Central y un 27% en el resto del sector público.
El aumento en las remuneraciones del Gobierno Central han crecido un 50% en términos reales, en los últimos ocho años, y este incremento significa un 2,5% del PIB.
En promedio, los empleados estatales ganan un 250% más que en el sector privado. En los salarios de los grupos ocupacionales más calificados, las anualidades y los pluses son más del 40% de sus ingresos y, lógicamente, varían de acuerdo a la institución donde trabaje.
Un gerente de división de la Asamblea Legislativa con 30 años de laborar percibe apenas el 30%, y el 70% son anualidades y pluses. En un mismo puesto, en diferentes instituciones, pueden haber grandes diferencias. Los efectos del encadenamiento sobre los salarios base, las anualidades y pluses causan un efecto multiplicador distorsionante.
Marco jurídico. Los artículos 191 y 192 de la Constitución establecen las regulaciones entre los servidores públicos. El control del gasto en salarios depende de la Autoridad Presupuestaria (AP).
El problema es que la AP establece políticas únicamente a un tercio de las instituciones y no tiene injerencia en municipalidades, universidades, CCSS, Poder Legislativo, Poder Judicial, TSE, bancos, la Defensoría, Recope, ICE, INS, Aresep, Sutel y otras decenas de instituciones que están en libertad para establecer todas las prebendas y privilegios que quieran, sin valorar los costos que, en primera instancia, los asumimos los consumidores de sus servicios vía tarifas o impuestos.
Es imposible hablar de una reforma fiscal sin atacar los problemas centrales. Claro que la salida es compleja, pero es impostergable.
Las convenciones colectivas no se modifican en lo sustantivo y son un derecho reconocido constitucionalmente y por acuerdos firmados con la OIT.
El Código Municipal permite la negociación de convenciones colectivas en todas las municipalidades en forma independiente. Muchos ministerios pueden salirse de las directivas de la AP.
El Ministerio de Planificación cumple el papel de coordinador de la política de empleo, pero no tiene poderes. Más del 45% de los empleados públicos están cubiertos por convenciones.
Rumbo. El futuro es difícil si no se logran acuerdos políticos. Hay que hacer reformas importantes para buscar más efectividad y movilidad.
La falta de capacidad de ejecución, el complejo reglamento legislativo, la ingobernabilidad, las remuneraciones excesivas, los privilegios, el endeudamiento y el gasto público creciente apuntan a un problema de insostenibilidad.
En solo tres años la deuda pública superará el 60% del PIB de no tomar medidas drásticas en el gasto y los ingresos.
Necesitamos reducir el déficit en un 3,7% del PIB para evitar caer en una grave crisis social y económica. Hay que buscar acuerdos, el gobierno y la oposición deben asumir el liderazgo y la valentía para enderezar esta situación.
No se trata de buscar culpables, pero no podemos mantener regímenes de pensiones, transferencias y privilegios que son irracionales.
El autor es ingeniero.
