Opinión

Desafíos de la reforma electoral

Actualizado el 11 de mayo de 2014 a las 12:00 am

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Desafíos de la reforma electoral

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Concluido el proceso electoral, en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tenemos la mirada puesta en seguir fortaleciendo la democracia costarricense y la calidad de sus comicios. Por eso, aunque las delicadas labores que acometerán los nuevos diputados van mucho más allá de la producción de leyes, y la agenda legislativa que tienen por delante abarca muchísimos temas –además de los electorales–, queremos llamar la atención en torno a la trascendencia del trabajo legislativo en materia electoral. Una materia en la que, dada su naturaleza e impacto político, es fundamental proceder con cautela y rigor técnico, por lo que resultan aconsejables algunos criterios como los siguientes:

Rechazar improvisaciones. Las pasiones de un proceso electoral, o las ocurrencias que se expresen al calor del mismo, no deberían nunca ser la base de reformas electorales. Durante la pasada campaña se dijeron cosas como que la alta abstención en el extranjero ameritaba aplicar el voto postal para bajar costos, cuando este es manifiestamente inconstitucional en nuestro sistema, que exige el sufragio ante las juntas electorales.

También hubo quien sugirió que, ante el retiro de la campaña por parte de un candidato, el TSE, en vez de hacer una segunda ronda, celebrara una votación simbólica con solo unas cuantas mesas en San José. O que, en vez de dos meses entre la primera y la segunda ronda, deberíamos reducir el plazo a solo un mes, olvidando que solo el escrutinio tarda unas tres semanas, y la impresión y distribución de papeletas, otras tres, sin contar el procedimiento de revisión, ocho días antes de la votación, del material electoral por parte de las juntas receptoras de votos, como resguardo de la exactitud del material entregado. ¡Claro que podemos reducir el tiempo a solo un mes!, pero al precio de suprimir controles de calidad y garantías de transparencia del proceso electoral.

Acompañamiento técnico. Para rehuir la improvisación, las reformas electorales deben emprenderse sobre la base de la experiencia y con nuestro acompañamiento técnico a las comisiones legislativas. Consideremos la figura del auxiliar electoral. Ante la realidad de que a los partidos se les estaba dificultando, cada vez más, acreditar miembros de mesa en todas las juntas del país, y para evitar el riesgo de que, por esta dificultad creciente, algunas mesas no abrieran el día de la elección o de que en ellas solo hubiera una agrupación política representada, incorporamos la figura del auxiliar en el 2002. La pensamos de tal manera que ejercerla estuviera al alcance de todas las clases sociales (gracias a los viáticos que se pagan) y que no minara las prerrogativas de los partidos en las juntas de votación (que mantienen su control cuando se hagan presentes).

Los años nos dieron la razón y, por eso, gracias al respaldo de los diputados del cuatrienio 2006-2010, se incorporó esta figura al Código Electoral. Las circunstancias tan particulares de la segunda ronda que acabamos de vivir han demostrado el carácter vital del auxiliar electoral. De no haber sido por ellos, una gran cantidad de mesas de votación no se habrían abierto, dejando a miles sin la posibilidad de votar. Por eso, es un buen ejemplo de una innovación legal, aprobada por la Asamblea Legislativa, sobre la base de una experiencia exitosa y del asesoramiento técnico del TSE.

A la altura de los tiempos. Muestra de ese afán de colaboración con el legislador es que, en abril del año pasado, presentamos a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma electoral –iniciativa que responde a sentidas demandas de la ciudadanía– con los siguientes objetivos: disminuir los costos de las campañas, fortalecer la transparencia del financiamiento partidario y mejorar los índices de equidad de las contiendas electorales. A esta reforma le ha llegado su hora. Quisiéramos que esta Asamblea Legislativa dé este importantísimo paso adelante, en lugar de reformas involucionistas que pretenden devolver a Costa Rica al reino de la opacidad financiera y el abuso de poder dentro de los partidos.

Al respecto, deseo recordar las innovaciones concretas que incluye este proyecto de ley:

1- Eliminar definitivamente los bonos de deuda política, que valen según la circunstancial posición de los partidos en las encuestas, y, por esto, contribuyen a invisibilizar a muchos de ellos.

2- Robustecer el sistema de financiamiento anticipado para que los partidos cuenten con más recursos durante la campaña (que es cuando requieren el dinero) y no al concluir esta. Además, habilitar la posibilidad de ese adelanto en las elecciones municipales.

3- Crear un incentivo fiscal para las pequeñas contribuciones a los partidos, para que estas agrupaciones sean sostenidas por los aportes pequeños de muchos contribuyentes y no por las grandes sumas de unos pocos.

4- Establecer el transporte público gratuito de electores (a cargo de sus concesionar ios).

5- Eliminar la (onerosa) obligación de los partidos de publicar sus estados financieros en un periódico de circulación nacional, y que puedan hacerlo, sin costo alguno, en el sitio web del Tribunal.

6- Ampliar las atribuciones del fiscal partidario para que pueda velar por el correcto manejo de las finanzas.

7- Crear un sistema de franjas electorales, en el que todas las agrupaciones partidarias puedan, equitativamente, difundir propaganda. Esto, en un espacio de media hora diaria durante el proceso electoral, cedida gratuitamente por los medios electrónicos de comunicación como contraprestación por el usufructo del espectro electromagnético que, por disposición constitucional, pertenece a todos los costarricenses. Esta es nuestra propuesta, pero solo en las manos de los nuevos diputados el pueblo de Costa Rica ha puesto la responsabilidad de apoyarla o darle la espalda durante los próximos cuatro años.

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