Opinión

Derechos humanos e investigación biomédica

Actualizado el 13 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

No podemos votara la carrerauna ley que mantiene graves errores

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No logro comprender ni puedo aceptar las temerarias acusaciones de “boicot” que formula Julio Rodríguez en relación con el suscrito y otra diputada (LaNación, En Vela, 22/08/2012), con respecto a la Ley de Investigaciones Biomédicas que se discute en la Asamblea Legislativa.

Estoy convencido de la necesidad de que Costa Rica cuente con una ley que regule adecuadamente estas investigaciones, en especial los ensayos clínicos en los que participan seres humanos. Pero creo que el derecho a la vida, la salud, la dignidad humana y, en general, la protección eficaz de los derechos fundamentales de las personas de carne y hueso, que son parte de estas investigaciones, debe prevalecer de manera clara sobre el interés económico de investigadores y compañías farmacéuticas.

De lo contrario, podrían verse tentadas a realizar aquí prácticas que no son aceptadas en otros países, y poner en peligro a las y los pacientes o abusar de su condición de vulnerabilidad.

Tanto es mi interés en una nueva ley, que desde el año 2001 impulsé, junto al exdiputado José Merino, uno de los primeros proyectos para regular esta materia (14.636). Entonces, la iniciativa fue archivada porque muchos investigadores preferían la flexibilidad de regirse por un reglamento. No fue sino hasta que la Sala Constitucional intervino, que este sector se convenció de la necesidad de la ley. En buena hora.

Desde que entró al plenario, hace meses, este proyecto solo se ha discutido en una sesión, porque otros proyectos prioritarios para el Gobierno y la mayoría de las fracciones han copado la agenda. De modo que es erróneo afirmar que es obstruido por las mociones presentadas.

Como la nueva ley debe salir sin errores ni omisiones que pongan en peligro la vida y salud de los seres humanos, asumí la tarea de estudiarla responsablemente y propuse una serie de enmiendas para corregirla y mejorarla. Ninguna busca obstruir o retrasar su aprobación. Todas responden a serias debilidades, que deben corregirse. Todas cuentan con una justificación técnica. Tampoco creo tener la verdad absoluta. Si en el transcurso del debate se demuestra que hay alternativas mejores, estoy dispuesto a enmendarlas o retirarlas.

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También es incorrecto afirmar que las mociones presentadas subestiman criterios científicos o académicos. Todo lo contrario. Intentan corregir algunas de las múltiples objeciones que ha recibido el texto más reciente por parte de instituciones especializadas en la materia. Por ejemplo:

CCSS (52 observaciones): “Con respecto a las investigaciones transnacionales, debe indicarse de manera explícita la necesidad de responder a las prioridades y requerimientos de salud del país (...) Preocupa la realización de una investigación en un centro asistencial de la Caja sin la aprobación y seguimiento por parte de un comité propio de la institución”.

“Se deroga el artículo 68 de la Ley General de Salud (...) Lo anterior, eventualmente permitiría que se hiciera desarrollo de vacunas y medicamentos, sin que previamente se hubiera acumulado experiencias mediante investigación básica, con el consiguiente riesgo en la salud y protección de la vida de las personas”(...). “La póliza únicamente comprende la responsabilidad civil por daños y perjuicios derivados de la investigación, no así los que se pudieren generar con ocasión de la misma, pero no es claro que la misma también cubra la atención en salud que pudieran requerir los participantes”.

UCR: “(...)debería obligar a los patrocinadores de investigaciones a proveer gratuitamente los medicamentos, dispositivos o procedimientos a las personas que participaron en la investigación (...) no es ético y resulta moralmente injustificable que se restrinja el acceso a un medicamento cuando se encuentre comercialmente disponible en el país.” “(...) estos son conceptos jurídicos indeterminados, cuyo contenido puede ser llenado por el propio investigador como operador de la norma que requiere justificar su conducta. Esto es peligroso y deja ámbitos amplios de discrecionalidad sobre aspectos no regulados.”

Consejo de Área de Salud-UCR: “Los principios éticos universales de las pautas éticas aprobadas por la comunidad científica mundial, a partir del Código de Núremberg, Declaración de Helsinki y Pautas CIOMS, y otros, no están presentes en el texto 17.777 como normas legales que salvaguarden el respeto a la dignidad humana.”

“No queda claro, ni define los beneficios ni los riesgos para la salud de la persona que participe como sujeto de investigación. (...) si se desea probar un medicamento experimental (') no se indica si el paciente recibirá algún beneficio y si su participación es de alto riesgo, ni cómo podrán beneficiar los resultados a otros pacientes o empresas comerciales con o sin fines de lucro.”

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“(...) en lo correspondiente al CONIS, no desarrolla plenamente una estructura técnica administrativa sólida, con independencia de criterio, pluralista, multidisciplinaria, libre de conflictos de interés (...) que pueda comprometer su desempeño en cuanto a la obligación de proporcionar una evaluación libre e independiente de la investigación y los investigadores, enfocada a la protección de los seres humanos.”

Contraloría: “(...) debería establecer la estructura básica del CONIS, a fin de evitar excesos innecesarios”.

CN de Rehabilitación: “Toda persona que participe en una investigación debe contar con plena capacidad de actuar, por lo que no se justifica que sea un representante legal el que venga a autorizar que se someta a un individuo a investigaciones clínicas, lo que se considera contrario a los derechos humanos”.

PANI: “(...) el proyecto de ley, pone en riesgo el derecho constitucional a la vida y la salud”.

Es cierto, don Julio, están en juego valores esenciales. Por eso no podemos votar a la carrera una ley que mantenga tan graves errores, ni acusar de boicot a quienes seriamente intentamos corregirlos.

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