Opinión

Sin dolo, sin daño, sin corrupción

Actualizado el 15 de mayo de 2017 a las 10:00 pm

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Sin dolo, sin daño, sin corrupción

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El gobierno de la República enfrenta con responsabilidad y seriedad el problema de las compensaciones salariales a jerarcas por la prohibición del ejercicio profesional.

La administración Solís Rivera atiende esta situación de una manera distinta a pasadas administraciones: identifica el problema, lo reconoce, ordena investigaciones y los jerarcas aludidos que han recibido pagos improcedentes reintegran el dinero recibido de más, o inician los arreglos para hacerlo.

Ninguna de las personas aludidas pidió nunca la compensación salarial por prohibición, tampoco maniobraron para obtener una ventaja indebida: los departamentos de Recursos Humanos asignaron el monto que creían les correspondía legalmente a los nuevos funcionarios. No hubo intención de causar un daño a las finanzas públicas y en ninguno de los casos se ha constatado la existencia de dolo o culpa. Incluso, cuando las personas involucradas se percataron de que podía haber un problema por falta de algún requisito, preguntaron a sus Direcciones de Recursos Humanos y les ratificaron que estaban a derecho.

Erario intacto. Tampoco ha habido un daño a las finanzas públicas, en tanto, en los casos en donde se ha resuelto que hubo un pago indebido, el dinero ha sido reintegrado, o está en un proceso de arreglo, o hay una investigación abierta para determinar si el pago procedía o no, y el dinero será devuelto en el monto que la investigación determine. Sin dolo, culpa, ni daño al Estado tampoco hay corrupción alguna.

En las instituciones donde han sido encontrados problemas, hay procesos de investigación abiertos para las oficinas de Recursos Humanos.

A pesar de esos hechos, todos demostrables, la portada del diario La Nación del 9 de mayo, y la información firmada por la periodista Natasha Cambronero, enfatizaron que ocho funcionarios del actual gobierno cobraron ilegalmente ¢189 millones. Esa es una afirmación imprecisa e irresponsable que daña el honor de las ocho personas aludidas. En primer lugar, hay casos en los que todavía no se ha determinado si el pago era procedente o no; pero, además, la información ignora y oculta el hecho real, demostrable, relevante, noticioso, público y notorio de que algunas ya han reintegrado el dinero, parcial o totalmente, o se encuentran en arreglos de pago, en investigación o procesos de cobro, o las sumas adeudadas son inferiores a las atribuidas por la periodista Cambronero.

El gobierno no intenta justificar pagos improcedentes y mucho menos lo haría porque fuese una práctica en pasadas administraciones, como lo afirma equivocada y temerariamente el editorial de La Nación del 10 de mayo; tampoco trata de encontrar pruebas de tales pagos en gobiernos pasados para justificar que los haya ahora, como de manera burda lo sugiere el editorialista.

El Poder Ejecutivo trabaja para corregir el problema que, sí, es heredado de pasadas administraciones y nunca fue atendido y ante el cual tampoco se abrió ningún proceso ni se reintegró un solo colón.

Cuantificación. El esfuerzo para conocer qué ocurrió en el pasado no es una vendetta para empatar con irregularidades cometidas en administraciones anteriores, pero sí es un esfuerzo para dimensionar el problema, cuantificar el daño que significó el que ese dinero no hubiese sido devuelto e iniciar gestiones de cobro en todos los casos.

El estudio está avanzado y ya hay varias decenas de casos identificados en gobiernos anteriores, en los que eventualmente habría pagos improcedentes a jerarcas.

Es posible que en los casos ocurridos en otros gobiernos no haya habido mala fe a la hora de recibir la compensación, tampoco corrupción como algunos achacan ahora. La gran diferencia es que en el pasado el problema no fue atendido, ni corregido y mucho menos las sumas pagadas de más fueron reintegradas.

El gobierno procura responder con prontitud y transparencia cualquier consulta de la ciudadanía, en la medida en que la agenda de los jerarcas y voceros institucionales lo permita. En esta situación, como en muchas otras, diversos medios solicitaron información similar que es necesario recopilar y cuando hay un interés colectivo por los mismos datos es normal convocar a una conferencia de prensa para presentar la información.

Como ministro de Comunicación y periodista profesional respondo al editorialista de La Nación con el respeto que merece, sin necesidad de caer en el muladar de venganza, ira, chota, politiquería y mal humor.

El autor es ministro de comunicación.

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