Opinión

Derecho de respuesta: Meticulosidad ambiental

Actualizado el 27 de abril de 2017 a las 11:00 pm

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Derecho de respuesta: Meticulosidad ambiental

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El editorial de La Nación del pasado 20 de abril genera una confusión de datos e información acerca de la construcción de la ruta 257, que conectará a la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM) con la carretera a Limón.

Contrario a lo que afirma el editorial, el gobierno ha sido celoso del respeto a la normativa ambiental y ha atendido con meticulosidad todas las disposiciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), en procura de la defensa de los intereses nacionales. Hemos procurado ser ágiles en la construcción de las obras. Se ha hecho todo lo posible por concluir a tiempo el moderno viaducto de la ruta 257, con el fin de garantizar el descuento que ganaría el país, de $20 por contenedor durante 30 años, si se entrega a tiempo esa obra vital para el funcionamiento de la TCM. Pero esta celeridad ha sido en estricto apego al marco de legalidad.

La determinación inicial de las coordenadas del punto de conexión entre la ruta 257 y la terminal fue establecida en el 2013 conjuntamente entre la anterior administración y la empresa concesionaria APM Terminals. Con base en esas coordenadas se obtuvo el permiso ambiental y los derechos de vía necesarios en febrero del 2014 y se construyó también la calle provisional para levantar la TCM.

De igual manera, el cronograma del proceso de licitación y de la construcción del viaducto de cuatro carriles se hizo sobre la base de esas coordenadas y con un margen de tiempo ajustado para entregar la obra finalizada en enero del 2018. Había claridad en que cualquier atraso en el proceso pondría en riesgo el descuento de $20 por contenedor, lo que implicaría una pérdida de aproximadamente $1.000 millones en los 30 años de concesión.

Sin embargo, mientras se preparaba la licitación de la obra, en marzo del 2014, la empresa concesionaria APM Terminals –responsable de la construcción de la TCM– modificó las coordenadas del punto de acceso definitivo a la terminal, y quedó a 80 metros de distancia del punto previsto originalmente en el derecho de vía. Las nuevas coordenadas definidas por la empresa no contaban con los permisos ambientales requeridos y, por ende, no podían estipularse como punto de conexión en el cartel de licitación.

El gobierno decidió, entonces, cumplir con la ley y consignó en la licitación las coordenadas de conexión acordadas inicialmente entre la anterior administración y la empresa, que ya contaban con los permisos ambientales en regla y no retrasaban la obra según el cronograma establecido.

En ningún momento ni la Setena, ni el Minae han renunciado a sus competencias. La Setena concedió una viabilidad ambiental para la ruta 257, conforme a lo que fue sometido a consideración por parte del MOPT-Conavi. No era responsabilidad nuestra determinar si hacía falta un tramo de la carretera. El proponente es quien diseña el proyecto y lo presenta ante la Setena.

Paralelamente se fue avanzando en la obtención de los permisos ambientales para el área de conexión faltante, una vez que APM Terminals cedió en diciembre del 2016 parte de los terrenos concesionados y con viabilidad ambiental para completar este tramo y firmó un convenio con el Consejo Nacional de Concesiones y el Consejo Nacional de Vialidad. La habilitación ambiental que permite la conexión definitiva fue otorgada en febrero del 2017.

Es así como el proyecto avanza a tiempo y dentro del presupuesto de $78 millones aprobado por la Contraloría General de la República, resolviendo un problema heredado de la administración anterior.

En este caso, como en muchos otros, el gobierno ha respetado absolutamente la autonomía de la Setena y las leyes ambientales del país. No se ha movido una piedra en toda la obra sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Por todo lo anterior, es absurda y carente de base la argumentación que hace el editorial de La Nación acerca de una supuesta maniobra gubernamental para engañar o ignorar a las autoridades ambientales del país.

Lo que demuestran las aclaraciones que se han hecho y se seguirán haciendo a la ciudadanía, en todas las instancias de control y en los medios de comunicación, es que no es el gobierno el que ha hecho un enorme embrollo de pifias, imprecisiones y falsedades que desinforman y desorientan a la población; por cierto, justo al inicio de un periodo electoral.

Edgar Gutiérrez Espeleta

Ministro de Ambiente y Energía

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