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Derecho de respuesta: Intervención del Infocoop no tiene tinte político

Actualizado el 15 de marzo de 2017 a las 12:00 am

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Derecho de respuesta: Intervención del Infocoop no tiene tinte político

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El periódico La Nación del jueves 9 de marzo titula en su portada: “FA lamenta entrega del Infocoop a grupo cercano a diputado”. Esta aseveración resulta temeraria para un proceso que se ha caracterizado por su alto rigor técnico y jurídico, y ofensiva hacia las personas que con independencia y gran sentido patriótico están acometiendo esta tarea.

La Junta Interventora, nombrada por el presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo No. 40214-MP-MTSS, fue creada como resultado de un conjunto de hallazgos que, a todas luces, evidenciaron serios problemas dentro del Infocoop en áreas como la administración de la cartera de crédito, la contratación administrativa, las transferencias de capital y la gestión del recurso humano, entre otros. Dos informes de la Contraloría General de la República, diversos informes de auditorías internas y externas, así como una grave denuncia acogida por el Ministerio Público fueron fundamentos concretos y oficiales, nunca el resultado de maniobras políticas, como se sugiere.

A ello se suma que desde julio del 2015, de manera gradual y respetuosa, los representantes del gobierno en la Junta Directiva del Infocoop intentaron generar espacios de negociación para llevar a cabo cambios esenciales, sin que se contara con la disposición de los cuatro representantes del sector cooperativo. Esto desembocó en un punto de inflexión, cuando estos mismos representantes cooperativistas tampoco aceptaron una auditoría forense que fuera realizada por una firma externa y objetiva.

En ese marco es que el Consejo de Gobierno acogió la propuesta de intervención planteada por los representantes del gobierno en la Junta Directiva del Infocoop, que materializa el señor presidente, nombrando una Junta Interventora de elevado nivel técnico, curricular y profesional y con vasta experiencia en el sector cooperativo. El criterio para seleccionar a cada integrante se basó en estándares éticos y de honorabilidad demostrada, sin ponderar aspectos políticos o religiosos. Por ello, no existe ningún amparo fáctico que sustente lo que sugiere el Frente Amplio y reproduce el titular de este diario, dado que nunca logra demostrar las conclusiones de índole político esgrimidas.

La Junta Interventora sesionó por primera vez el pasado 6 de marzo, con la perspectiva de efectuar transformaciones urgentes, sin afectar el funcionamiento habitual del Infocoop. Su primera decisión fue elegir al director ejecutivo y subdirector ejecutivo en estricto apego al concurso público que la institución impulsó, donde estaba claramente establecido (como lo demuestran las actas de la anterior Junta Directiva) que todo candidato con alto puntaje era sujeto de designación, pues la Ley 4179 delega esta potestad definitoria a la Junta Directiva. En este caso tampoco se demuestra evidencia alguna que exprese la injerencia de actores externos al Poder Ejecutivo. Es decir, se fundamenta en meros supuestos.

Por otra parte, la continuidad de directivos del gobierno en la Junta Interventora se ha querido distorsionar con el equivocado argumento de que han aprobado créditos en condiciones irregulares. Al respecto, es muy importante subrayar que justamente el Infocoop fue creado, hace 44 años, para generar condiciones especiales de cara a que las cooperativas se desarrollen, como los apuntala el artículo 64 de la Constitución Política. En ese sentido, el problema no radica en brindar tasas blandas a entidades muchas veces integradas por personas de bajos recursos económicos; nuestra crítica se centra en que la administración anterior abusó de esta potestad, flexibilizó las estructuras de control interno y seguimiento de los créditos y puso (y mantiene) en riesgo operativo y de crédito a la institución. El último informe de la Contraloría, emitido en diciembre del 2016, fue esclarecedor al evidenciar las dudas e indicios razonables que los directivos representantes del gobierno mantenían y que el ministro de Agricultura pidió investigar a la Contraloría General de la República desde marzo del 2016.

Finalmente, la Junta Interventora reconoce que fue integrada para emprender una labor patriótica, compuesta por “apasionados defensores del cooperativismo” como lo dijo el señor presidente de la República, orientados a recuperar la salud financiera y administrativa de esta noble entidad pública. Esto se hará en un marco de respeto y espíritu ético, basados en la normativa vigente, pues aquí, reiteramos, impera la búsqueda del bien común y no los intereses particulares de aquellos “bandos” que algunos políticos pregonan erróneamente.

En todo momento ha primado el interés público y la voluntad de que el Infocoop recupere su razón de ser (conforme al mandato legal, claramente establecido en la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Infocoop), para el bien de todo el sector cooperativo nacional. No se responde a “bandos” de ningún tipo, pues el decreto ejecutivo emitido se vincula con el saneamiento del Instituto, orientado a favorecer al mayor número de cooperativas y, por ende, a las poblaciones de más escasos recursos del país.

Luis Felipe Arauz Cavallini

Coordinador, Junta Interventora

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