Opinión

Derecho de respuesta: Ajuste no es 41%

Actualizado el 28 de abril de 2017 a las 10:00 pm

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Derecho de respuesta: Ajuste no es 41%

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El periódico La Nación del sábado 22 de abril titula en su editorial: “El usuario paga los errores”. Esta aseveración resulta temeraria e imprecisa frente a la realidad y los logros que se han dado en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

No es cierto que la CNFL esté solicitando un incremento del 41%. Comete un error el editorialista cuando supone que las solicitudes son acumulativas. La realidad es que la CNFL presentó ante la Aresep la solicitud tarifaria para los años 2017 y 2018. El monto de esta solicitud para el 2017 es del 26,6%, equivalente a ¢12,11/ kWh promedio que regirá hasta diciembre de este año. Esto obedece al cumplimiento de la metodología de la Aresep, lo cual imposibilita la gradualidad en el ajuste, tal como lo hizo la CNFL en la solicitud de finales del 2016, que fue del 5,96%.

Junto a la solicitud del año 2017 se presentó la propuesta para el 2018 por un monto del 13,75%. Este monto se debe recalcular a partir de la tarifa vigente hoy, y no es acumulativo con la tarifa que estuviera vigente al final del 2017; o sea, sería una disminución en la facturación de un 10,17%.

No es cierto que se afecte la competitividad de las empresas con esta expectativa de aumento. Según la estadística de tarifa media tensión (TMT), correspondiente a ese sector, a enero de este año son equivalentes a las que cancelaban a enero del 2012. Esto se sustenta, pues la inflación acumulada en ese mismo periodo es del 13,89%, mientras que las tarifas de ese sector crecieron un 11,70%.

Según estudios del Minae y del Banco Central incluidos en el Plan Nacional de Energía 2015-2030, el peso porcentual de la energía eléctrica en el costo de la producción industrial no supera el 5%.

Además, los altos consumidores recibieron durante el año anterior una rebaja (subsidio tarifario) de ¢2.550 millones decretado por la Aresep, denominado TMT-b, dejando en evidencia que el valor de la energía no resta competitividad a ese sector.

Olvida el editorialista que la Aresep aprobó durante el 2015 un incremento para el proveedor de electricidad y no lo aplicó en forma automática (durante ocho meses) a la CNFL como distribuidora; originando un desbalance de ¢24.000 millones en las finanzas.

No es cierto, como señala el editorial, que el 91% de los recursos de la expectativa de aumento se utilizarían para pago de deuda. El desglose del 26,6% solicitado sería: 15% rezago por aumento que produce la resolución RIE 014-2017, 40% recursos propios y 45% servicio de la deuda.

Tampoco es cierto que no existan consecuencias de lo actuado en el pasado en los proyectos cuestionados. La actual administración presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) con los presuntos responsables de las decisiones del Proyecto Balsa Inferior –en proceso de investigación por parte de ese órgano– lo que fue informado a la comisión legislativa y a los medios de comunicación. Asimismo, existe sanción contra un exfuncionario como resultado de la intervención de la CGR al Proyecto Eólico Valle Central, la cual se encuentra en su etapa recursiva.

Si es cierto que se reestructuraron las direcciones, se redujo la planilla y existe un control estricto del uso de los recursos. Estas acciones le han permitido a la CNFL dejar de pagar un monto cercano a los ¢11.000 millones en el periodo 2015-2016. Que calificadores internacionales como Fitch Rating la mantengan como AAAcri, justifica, entre otros, los resultados de su plan de contingencia. Además, los indicadores del Doing Business (en Costa Rica mide únicamente el servicio de la CNFL) en obtención de la energía reconocen la reducción de los plazos y posicionan al país en la región en un puesto de privilegio número tres en América Latina.

Los estados auditados por la empresa KPMG reflejan dentro de los resultados más significativos que la utilidad operativa muestra un cambio radical: pasó de una pérdida de ¢14.467 millones en el 2015, a una utilidad de ¢21.763 millones en el 2016. La utilidad neta pasó de una pérdida de ¢30.876 millones en el año 2015, a una pérdida mínima de apenas ¢294 millones (la CNFL es una empresa regulada que opera con tarifas al costo más un rédito para el desarrollo, el cual es el que permite operar con una utilidad neta mínima, establecida oportunamente por la Aresep).

Óscar Hernández Cordero

Director Administración y Finanzas de la CNFL.

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