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Democracia minada: una obra en cinco actos

Actualizado el 16 de febrero de 2015 a las 12:00 am

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Democracia minada: una obra en cinco actos

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El Gobierno ha sido el principal protagonista en la ejecución de acciones que minan instituciones fundamentales para la democracia costarricense. Se trata de decisiones que han socavado, con una intención o simple maniobra política, la posición y el papel de instituciones encargadas de ejercer pronunciamientos y advertencias sobre el quehacer y el desarrollo socioeconómico, político y legal del país.

El primero de esos actos lo encabeza la decisión del Gobierno de levantar el veto a una ley que concedía a un grupo de artesanos la calle josefina 13 bis. Este primer movimiento podría ser visualizado un intento del Ejecutivo para medir su “fuerza política”, pero también deja a la vista el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que señala que la decisión del levantamiento a este veto es inconstitucional.

En un segundo acto, aparece el nombramiento de Melvin Jiménez, obispo luterano, como ministro de la Presidencia. Nuevamente, la Procuraduría General de la República debe emitir criterio en relación con este caso, y vuelve a desafiar al Gobierno al hallar vicios de inconstitucionalidad en el nombramiento del ministro, mano derecha del presidente Solís. Sin embargo, la Sala Constitucional falló a favor del Gobierno, por considerar que la normativa solo se aplica a miembros de la iglesia Católica, Apostólica y Romana.

En el tercer acto, encontramos la descarada imposición del presupuesto nacional 2015. En este apartado, he de decir que nos equivocamos. Permitimos que la Asamblea Legislativa autocercenara sus poderes y dejamos que el Ejecutivo manoseara el sistema de pesos y contrapesos que la Constitución garantiza.

El sistema que el Ejecutivo le sugirió al presidente de la Asamblea Legislativa para llevar al plenario –“a la brava”– un borrador sin dictaminar para ser sometido a votación, abrió la puerta al filibusterismo legislativo, al hallar un mecanismo para pasar, sin votación favorable, los presupuestos del Ejecutivo. Eso eclipsa la democracia legislativa y abre un portillo peligroso.

En esa ocasión, la Sala IV y la Procuraduría encontraron vicios en el trámite que se siguió en el Congreso para la aprobación de ese presupuesto.

Levantar el veto. Cuarto acto, el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral. En relación con la reforma, resulta lamentable el hecho de que el Gobierno haya renunciado al diálogo y optara por sacar de la Asamblea Legislativa un tema que estaba en discusión.

Con eso trasgredió el acuerdo alcanzado con la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a la que represento, para no levantar, hasta el 1.° de mayo, el veto, mientras nos abocábamos a la tarea de redactar un proyecto que alcanzara el consenso legislativo.

Ya se conoció también el criterio de la Procuraduría General de la República, que señaló que el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral es inconstitucional.

En el último y quinto acto, se da la reunión Brenes-Soley. A falta de mayores pruebas, más que el decir de las dos partes (una acusa, el otro niega), establecer la verdad real es una tarea difícil, pues tendríamos que echar mano de criterios subjetivos para arribar a una conclusión.

Todo lo anterior obedece a una línea de actuación tendiente a minar a las instituciones en procura de mayor poder político sin frenos ni contrapesos.

Por eso hago un llamado a la Sala Constitucional para no cohonestar lo actuado por el Gobierno. Hay mucho en riesgo como para quedarnos estancados en un fuego cruzado de acusaciones que, aunque graves, son apenas un eslabón más de un plan subterráneo.

En el caso de la desventurada reunión, que intervengan las instituciones que tengan que intervenir, que se sienten las responsabilidades que se tengan que sentar, que se asuman las responsabilidades que tengan que asumirse.

Incluso, ya la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, a la cual pertenezco, ha brindado un informe responsable, claro y preciso sobre este hecho. Mal haría el presidente Solís en no poner la atención que merecen las recomendaciones de esta comisión legislativa.

Aquí lo importante es no quedarnos solo en aquello que a última hora encendió las alarmas, sino darnos cuenta de que, detrás de todo esto, los hilos del Gobierno se han movido en pro de sus intereses.

El autor es diputado del PUSC.

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