EscucharEl sistema educativo costarricense es motivo de orgullo, por su cobertura, por sus contenidos y por la virtud de tener un cuerpo legal que promueve garantías de acceso, de igualdad, de no discriminación, entre otras. Sin embargo, algunas prácticas adoptadas en los últimos años devalúan el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
La educación se desdibuja al enfrentarse a procesos administrativos que se superponen al hecho educativo y generan un círculo vicioso en educadores, administradores educativos, abogados, estudiantes y padres de familia.
Desde hace unos años para acá se habla en las aulas no solo de matemática, español, ciencias, música o estudios sociales. Conceptos como el debido proceso, prueba documental, evidencia, acción correctiva, sanción disciplinaria, elevación de casos, cadena de mando, violación al proceso y otros términos legales son parte de la jerga de docentes, alumnos y padres de familia.
Resulta común escuchar la amenaza de un “salacuartazo” contra quien pareciera no estar cumpliendo sus responsabilidades educativas.
El asunto preocupa en la medida en que el docente ya no solo debe aprender a enseñar su materia sino también a dominar un cuerpo normativo para defenderse si fuera usado en su contra, esto sin contar el desgaste que significa un debido proceso, ni el asalto al tiempo que debe dedicar a planear una mediación pedagógica para un aprendizaje significativo porque en este nuevo contexto debe preocuparse, más bien, por contestar, pues caducan los plazos.
¿Qué pasa con la calidad de la educación? ¿Se convierte en calidad de la defensa o en calidad de la acusación? ¿Tienen mayor peso las implicaciones de un debido proceso que las políticas educativas que el Consejo Superior de Educación pretendió plasmar en el espíritu de la legislación educativa costarricense?
Conceptos distintos. No debemos confundir la participación ciudadana promovida por la ley y las políticas educativas con un entrabamiento burocrático y legal de la labor docente, aquella que otrora el mismo Durkheim calificó de “apostólica”.
Si bien es necesaria la vocación para ejercer la docencia, un vicioso derecho administrativo hará que los futuros docentes deban también aportar en su currículum un título en leyes o gastar su salario en asesorías.
Debemos superar con educación las trabas administrativas y anteponer la resolución pacífica de conflictos como estilo de vida y, más aún, como lema institucional en los centros educativos.
No es un asunto de sembrar en nuestros educandos conceptos errados o malas interpretaciones de los principios jurídicos, pues son para regularnos; pero tampoco debemos sacrificar calidad educativa cuando en un mundo de información la verdadera educación no radica ya en el acceso a la información sino en el uso que se le dé a esta.
Por ello, para enseñar se requieren educadores de tiempo completo, de currículum académico y currículum oculto (valores que proyecta el docente como persona), comprometidos con la educación y no solo con una resolución.
La participación ciudadana se expresa en el involucramiento conjunto de la familia, el docente y el estudiante en beneficio mutuo, no en conflicto mutuo. No sea que terminemos enseñando a demandar en vez de demandar una buena educación.
David Guadamuz Villalobos es sociólogo, coordinador de TCU en laUniversidad Santa Lucía, en Alajuela.
