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Déficit y deuda insostenibles

Actualizado el 19 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

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Déficit y deuda insostenibles

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La situación fiscal de Costa Rica es insostenible. Este es el resultado de un manejo irresponsable del gasto público por muchos Gobiernos desde hace muchos años.

El gasto del Gobierno ha aumentado un 40% entre el 2007 y el 2014, al pasar del 14,9% al 20,1% del PIB. Gran parte del aumento se ha caracterizado, en los últimos años, por ceder a las demandas de diferentes grupos de presión, sin medir las consecuencias futuras. Hoy tenemos un aparato estatal con una estructura de gastos rígidos, que compromete el 95% del presupuesto nacional. A pesar de ello, los Gobiernos de turno no han logrado reducir las graves brechas sociales, ni mejorar la infraestructura.

Actualmente, se invierte solo el 1,5% del PIB en infraestructura, aunque se paga el 3% del PIB por su financiamiento. El gasto corriente del Gobierno se ha venido financiando con deuda. No obstante, hace más de 20 años hablamos y discutimos de la necesidad de hacer una racionalización del gasto y aprobar una verdadera reforma fiscal, sin llegar a nada. Ahora, parece que la fiesta se acabó y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las calificadoras de crédito así lo han señalado.

En el 2015, y no después, se deberán tomar medidas estrictas de contención del gasto y buscar nuevos ingresos para reducir un preocupante déficit proyectado del 6,5% del PIB, que pondría en riesgo nuestra estabilidad económica y social. De ser aprobado el actual proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso, tendríamos niveles de endeudamiento insostenibles. Ante esta realidad económica, el gobierno de don Luis Guillermo Solís debe reflexionar y revisar el presupuesto remitido a la Asamblea Legislativa, el cual incorpora un aumento en los gastos de un 13%, excluyendo los intereses. Esto significa que el Gobierno va a crecer 2,4 veces más rápido que la economía.

El presupuesto incorpora incrementos salariales que se acercan al 10% y, para las universidades públicas, de un 14%, y, de ser aprobado con ese nivel de gastos proyectados, el déficit irreversiblemente empujaría las tasas de interés y habría menos recursos para el sector productivo. El país no puede ni debería seguir por este camino. Para el 2015, el 47% de los gastos del Gobierno se deberá pedir prestado, y el endeudamiento del sector público llegará a superar el 60% del PIB, cuando en el 2008 era un 39% del PIB.

Pensiones. Otro rubro que se debe recortar –hoy en día es el 2,6% del PIB– corresponde a las pensiones de los empleados del sector público, con cargo al Presupuesto Nacional. De los más de ¢700.000 millones que se desembolsan para pensiones, el 80% de sus beneficiarios no cotizaron para lograr dichas pensiones, y ahora se están financiando, en gran parte, con deuda. El Gobierno, a pesar de tener solo el 15% de la planilla, destina más dinero que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que cubre al 85% de los trabajadores.

Lógicamente, este fenómeno se debe a que, en promedio, un jubilado del Gobierno recibe cuatro veces más de pensión que uno del sector privado. En el régimen de IVM, la pensión promedio es de un 47% de su salario promedio y, en las pensiones del Gobierno, es de un 90%. Para pensionarse en el IVM se requieren 65 años y 25 años de contribuciones, y, en los regímenes de privilegio del sector público, uno se puede pensionar con solo 30 años de contribución.

Esta situación asfixia cualquier sistema solidario, y lo más preocupante es que las cotizaciones de los pensionados del sector público apenas alcanzan para el 11,2% de los egresos. Es importante destacar que más del 60% del gasto en pensiones beneficia al 10% de los más adinerados de este país. A este cuadro de desigualdad social le debemos agregar que la población mayor a 65 años va en crecimiento y los menores a 25 años van en decrecimiento.

Salarios. Los salarios del sector público son, en promedio, 2,3 veces los del sector productivo. Los pluses superan el 100% del salario base en la mayoría de los casos. Cada incremento salarial de un empleado del Gobierno va a costar más de un 50% que el de un trabajador del sector privado. Los incentivos salariales del sector público se otorgan indiscriminadamente. No hay, en realidad, un análisis de méritos por metas cumplidas. En el 2015, más del 52% de los ingresos del Gobierno se destinarán dedicados a las planillas. También se presenta una desproporción en los salarios entre las instituciones.

En el sector público, las prebendas son enormes. La cesantía, en muchos casos, es superior a los 20 años, con vacaciones incrementales e incentivos por dedicación exclusiva, estudios, años de trabajo y otros beneficios. El Estado gasta más de ¢800.000 millones al año en incentivos. De hecho, los altos costos por los servicios públicos y el alto déficit del Gobierno obedecen a los costosos salarios. No se trata de decir únicamente que se van a congelar las nuevas contrataciones, pues el problema salarial es más complejo y debemos buscarle solución. Tampoco se trata de dar incentivos a los empleados para renunciar, ya que, en muchos casos, se fueron los mejores y se contrataron nuevos. La reestructuración debe comenzar por definir prioridades institucionales y ver el rendimiento de cada empleado. Los gastos por salarios en el 2015 ascenderán a ¢2,3 billones, de los cuales ¢1,3 billones se financiarán con endeudamiento.

Deuda. El Gobierno financiará ¢1,5 billones de los gastos con endeudamiento, y requerirá, además, pagar ¢1,7 billones de la deuda y ¢500.000 millones para gasto de capital. Además, el Estado pretende cancelar ¢600.000 millones a la CCSS, aunque no los ha presupuestado. Ante este cuadro tan complicado de las finanzas públicas, estamos en riesgo de que nos rebajen la calificación, tal como nos lo anunció el pasado mes de junio Fitch Ratings y lo ejecutó Moody’s. Esta rebaja en la calificación afectará el costo de los recursos en el exterior para los bancos y empresas, y el Gobierno deberá ofrecer mayores rendimientos en la colocación de los eurobonos.

Al subirse el riesgo país, los inversionistas analizarán con mayor cuidado invertir en Costa Rica. Menos crédito y más costo ubicará a Costa Rica en el nivel especulativo, lo cual complicará el endeudamiento a largo plazo. Costa Rica paga, todos los meses, $100 millones en intereses. En el 2015, el Gobierno va a emplear la tercera parte del presupuesto para el pago del principal y los intereses. Gastaremos más de ¢2,6 billones en obligaciones financieras, que es superior al presu-puesto para educación.

Gastos financieros crecientes, pensiones desmedidas, salarios progresivos y transferencias a las universidades y la Corte Suprema de Justicia aumentando serán los detonantes de una crisis. Por eso, no debemos posponer las soluciones.

El presupuesto del 2015 debe racionalizarse y hay que buscar salidas sostenibles a corto plazo con nuevos impuestos. El Gobierno y el Congreso tienen la palabra. El problema es Costa Rica y, en especial, los que menos tienen. La inversión privada, la confianza y la generación de empleo están en peligro, si no se hacen las correcciones a tiempo.

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