Opinión

Defensa de la reforma social del siglo XXI

Actualizado el 11 de septiembre de 2013 a las 12:00 am

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Defensa de la reforma social del siglo XXI

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L a Nación sale a defender la Ley de Protección al Trabajador frente a absurdos excesos impositivos del Gobierno, en su editorial del pasado 30 de agosto. Plantea un tema importante y urgente.

Por pura voracidad fiscal este Gobierno acordó cobrar un 15% de impuesto de renta a las pensiones del sistema de contribución individualizada establecido por la Ley de Protección al Trabajador. Esto va contra el espíritu y los objetivos de la reforma social del siglo XXI que presenté a la Concertación Nacional. Fue allí aprobada por la más amplia representación de la sociedad civil y fue aprobada por la Asamblea Legislativa, con apoyo generalizado de patronos, sindicatos, solidaristas, cooperativistas y partidos políticos.

Los tres objetivos de esta ley fueron: asegurar un ingreso digno a los trabajadores en su vejez ante la evidente incapacidad de los pilares de IVM, de pensiones voluntarias y del régimen no contributivo para hacerlo por sí solos; promover el ahorro de los trabajadores en cuentas personales, protegido de los intereses fiscales del Gobierno, y resolver los problemas e injusticias de las reglas de cesantía entonces vigentes.

Es evidente que, para cumplir con ese primer objetivo, no cabía imponer tributo de la renta a las pensiones del régimen obligatorio de pensiones complementarias. Y, aún menos, cuando la Ley de Protección al Trabajador estableció específicamente un sistema muy favorable de trato fiscal, e incluso, cuando se retiran los aportes sin llegar a la pensión, se tiene que devolver solo un porcentaje de los incentivos fiscales recibidos, que va disminuyendo hasta llegar a solo un 10%, a los 57 años de edad. Como lo señala ese editorial, con el retiro de los recursos a los 57 años se paga un 0,5% de impuesto y, con la pensión, el Gobierno decide que puede cobrar un 15%.

Debilidades de IVM. Ya se conocían en los noventa las debilidades financieras de IVM y la necesidad de reformar el sistema de pensiones para no dejar desprotegidos a los trabajadores y sus familias. Por eso, desde la campaña política de 1998 promovimos la reforma del sistema de pensiones. Por eso también, ya aprobada y vigente la Ley de Protección al Trabajador, propuse al entonces presidente electo impulsar, antes de su toma de posesión para evitarle los costos políticos de esas medidas, los ajustes en la edad de retiro, cotización y cálculo de la pensión de IVM que, se sabía, eran necesarios.

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Desdichadamente, el señor Pacheco no quiso que lo hiciéramos y equivocadamente acepté su decisión.

Urge la aprobación del proyecto de ley que impide que se siga dando esta abusiva interpretación fiscalista del Gobierno, que es un saqueo a los bolsillos de los trabajadores y atenta contra la reforma social de nuestro tiempo.

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