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La DIS debe eliminarse

Actualizado el 16 de diciembre de 2008 a las 12:00 am

 Preocupa que en un Estado de derecho exista un ente como la DIS

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En editoriales de La Nación del 22 de noviembre titulado “Seguridad e inteligencia”, así como del 6 de diciembre denominado “La DIS, un peligro para la democracia”, se critica a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), en razón de haberse descubierto durante una investigación criminal –a cargo del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)– que una clave asignada al subdirector de dicha agencia, para acceder a una base de datos privada, se utilizó para obtener información de personas que después fueron víctimas de fraudes.

Esos escritos traen al presente palabras mías, pronunciadas en la Asamblea Legislativa: “[…] El fiscal general, Francisco Dall’Anese, la consideraba [a la DIS] una policía política que, según sus palabras, no tienen que dar informes ni identificarse ‘ni suscribir nada’ […]”; y agrego ahora: no se subordinan como el resto de la Policía a la dirección de los fiscales en cada caso concreto. Sobre la cita, solamente aclaro que mis afirmaciones fueron un comentario negativo acerca del trabajo de los funcionarios de ese cuerpo policial, no fue una aprobación o un simple enunciado, como se podría derivar de los editoriales.

Hechos preocupantes. A lo publicado por La Nación deben sumarse hechos preocupantes: La DIS conoció de la presencia en Costa Rica del miembro de las FARC Martínez Quinto, pero nunca lo investigó ni dio parte al OIJ ni al Ministerio Público, de modo que, después, cuando fue detenido por el OIJ para su extradición y juzgamiento por 137 homicidios en Colombia, se perdió la posibilidad de saber qué hacía en nuestro país y quiénes eran sus contactos.

Otro es el caso de Libardo Parra, exmiembro del M-19 y ligado a las FARC por la Policía colombiana, de cuya presencia en Costa Rica la DIS tuvo noticia y nunca investigó sus actividades ni determinó quiénes eran sus contactos; tampoco dieron aviso al OIJ ni al Ministerio Público, por lo que se perdió la oportunidad de desarticular su red local.

La Policía francesa alertó al Ministerio Público de la presencia en territorio nacional de un integrante de las FARC que trató de secuestrar, en Bogotá, a la esposa de un diplomático de Francia; por tratarse de un asunto de seguridad, se encomendó a la DIS la vigilancia y seguimiento del sospechoso mientras se coordinaba la extradición y entrega con la Fiscalía General de Colombia, pero en 72 horas el vigilado por la DIS “se perdió”.

Se logró evitar, hace algunos meses, gracias a un descubrimiento accidental, una reunión en Paso Canoas promovida por un oficial de la DIS, quien, haciéndose pasar por fiscal de Costa Rica ante fiscales de Panamá, pretendió obtener información sobre un caso investigado por el Ministerio Público y el OIJ y en el que la DIS no debía meter mano.

Oficiales de la DIS responsables de seguir a un ciudadano polaco implicado, aparentemente, en terrorismo, “alertaron” al Ministerio Público de la salida del vigilado hacia México, solo que el aviso se dio 30 minutos después del despegue de la aeronave, no obstante saber que un fiscal estaba pendiente en dos teléfonos las veinticuatro horas del día; fue gracias a los contactos del Ministerio Público con la policía mexicana, por lo que el evadido está nuevamente en suelo costarricense.

No rinde cuentas. Es lo que se conoce. ¿Cuánto no sabremos? Es tan claro que los funcionarios de la DIS actúan como lo he denunciado en distintos foros, que la Corte Suprema de Justicia, en acuerdo tomado en artículo XXI, de la sesión 38-08 del pasado 10 de noviembre, resolvió por votación unánime: “[…] Solicitarle al señor ministro de la Presidencia que sea muy servido en girar las instrucciones pertinentes a la Dirección de Inteligencia y Seguridad para que, conforme lo regula la ley, cumpla con el deber de hacer del conocimiento del Ministerio Público los hechos delictivos de los que tuviere conocimiento y acepte la dirección funcional que el Ministerio Público le dé en la investigación de hechos delictivos […]”.

Preocupa que en un Estado de derecho exista un ente como la DIS, que, en contradicción con el artículo 11 de la Constitución Política, no rinde cuentas, no suscribe informes ni asume responsabilidad por lo que hace. Por cierto, no sabemos qué hace para la seguridad de Costa Rica, solamente tenemos noticias de sus acciones y omisiones en perjuicio del país.

Hay momentos en que problemas graves requieren decisiones y soluciones radicales, como cuando en los años setenta se disolvió la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) y en su lugar se creo al OIJ. Hace años urge una decisión política para bien de los costarricenses: eliminar de una vez por todas la DIS.

Los costarricenses merecemos policías controlados y subordinados a las autoridades judiciales, policías dedicados a la protección de los ciudadanos, policías garantes de las libertades individuales y del Estado de derecho.

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