Opinión

Cumplimiento de metas de desarrollo

Actualizado el 03 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Hay razones para ser cautamente optimistas

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El Plan Nacional de Desarrollo recoge y operacionaliza los objetivos que se fijó el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla para el período 2011-2014.

Es responsabilidad de Mideplán el monitoreo del cumplimiento de los planes anuales sectoriales e institucionales, así como la valoración del avance hacia el cumplimiento de las metas nacionales.

Este análisis se plasma en un informe de monitoreo y evaluación que el Ministerio debe presentar a la Contraloría General de la República en marzo de cada año. La información ahí incluida se obtiene de las instituciones y los sectores, con corte al 31 de diciembre del año anterior. Por eso utilizar los indicadores de este reporte no incluiría los avances registrados en el año actual, lo que puede resultar insuficiente para valorar adecuadamente el progreso acumulado hasta este momento.

Avances. Del examen de cumplimiento de responsabilidades institucionales y sectoriales se concluye que el avance alcanzado hasta ahora permite ser optimista respecto al cumplimiento de las metas nacionales. Se ha mantenido la tasa de inflación doméstica baja y cercana a la de los principales socios comerciales; el crecimiento de las tasas de los delitos de mayor gravedad se ha venido reduciendo desde el año pasado, lo que ha llevado a una disminución importante de los índices de victimización en la ciudadanía, y a la reducción del porcentaje de la población que menciona la inseguridad como el principal problema que enfrentamos.

Adicionalmente, se han venido ejecutando programas de mejora en la competitividad que permitió un avance en nuestro índice de competitividad. Y los esfuerzos realizados en esta dirección, por lo que implica en materia de gestión pública, mejorarán el Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo del BID, otra de las metas que se planteó para este Gobierno.

Por otro lado, el país sigue manteniendo una posición de privilegio en el Índice de Desempeño Ambiental de Yale, producto de acciones de Gobierno como la prohibición de la minería a cielo abierto, la moratoria a la explotación y exploración petrolera y la protección de nuestros mares, entre otras.

De la misma manera, la meta de incorporar 20.000 hogares en extrema pobreza a procesos de atención integral, pese a su complejidad, se ha venido cumpliendo a un paso que nos permite vislumbrar que para finales del 2014 la meta habrá sido alcanzada.

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En cuanto a las 4 metas sobre las que un informe de la Contraloría General de la República señala preocupación, vale la pena hacer algunas reflexiones. Una tasa de crecimiento de entre 5% y 6%, la meta fijada por el Gobierno, es efectivamente ambiciosa, pero como muestran los indicadores macroeconómicos en este año, no es inalcanzable.

Pero el entorno internacional tendrá un enorme impacto sobre las posibilidades de concretar esta aspiración; la proyección que se hizo apuntaba a una recuperación paulatina de las economías de los países desarrollados, cosa que no ha sucedido de manera clara.

Del crecimiento económico depende el cumplimiento de la meta que se fijó sobre desempleo. El dato que se usó como línea base para definir el porcentaje al que se aspira, que es de un 6%, es el que mide la Encuesta de Hogares del INEC. Por eso no es correcto utilizar el índice de desempleo de la Encuesta Continua de Empleo como parámetro para valorar el avance de esta meta. Será hasta finales de octubre o principios de noviembre, cuando el INEC presente los resultados de la Encuesta de Hogares de este año, que tendremos un dato comparable. Los datos de creación de empleo, producto de la reactivación económica que experimentó el país en los últimos meses, nos hace pensar que la cifra de desempleo podría reducirse este año, a la espera que el entorno económico internacional nos ayude el año entrante.

En el tema de generación del 95% de nuestra energía utilizando fuentes renovables, alcanzar esta meta depende en gran medida del resultado de la discusión que debe producirse en la Asamblea Legislativa en torno a algunas iniciativas de ley que modifican los parámetros de la participación privada en el proceso de generación.

Por último, un descenso sufrido en el ranquin del E-Government el año pasado se debe más al uso de información desactualizada por parte del organismo encargado de elaborar el índice que a lo que en realidad está sucediendo. Valga la pena mencionar, sin embargo, que en algunos de los ámbitos medidos para la construcción de este índice el país exhibe mejorías importantes.

Hay razones para ser cautamente optimistas.

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