Opinión

Crueldad en las cárceles, una inercia de todos

Actualizado el 10 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Crueldad en las cárceles, una inercia de todos

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La lamentable agresión física sufrida recientemente por una persona en las celdas del OIJ es un claro ejemplo de la violencia estructural que, día tras día, sufren las personas privadas de libertad en nuestras cárceles. Si bien existen muchas normas de derechos humanos ratificadas por Costa Rica que protegen a estas poblaciones vulnerables, lo que falta es una verdadera conciencia humana y sensibilidad para aplicar esos instrumentos, abordar el problema del hacinamiento carcelario y la violación de sus derechos fundamentales. Estas personas “sobreviven” en cárceles infrahumanas, sin que a nadie pareciera importarle.

No obstante, este no es un hecho aislado y el problema es más profundo.

Varias aristas. Son varias las aristas que hay que considerar: la prisión preventiva difiere de la condena, pero en la práctica no hay mayor distinción; las condiciones físicas en que se encuentran unos y otros no cambian; además, los espacios no son suficientes, hay poco personal técnico para su atención y las instalaciones físicas están deterioradas; incluso, se encuentran en los mismos centros, divididos por alguna pared; la cantidad de veces que se recurre a esta medida es mucha y los plazos dispuestos en nuestra legislación son muy extensos. Las estadísticas no mienten: la sobrepoblación carcelaria ha alcanzado porcentajes históricos, antes insospechados, y las soluciones tardan en llegar.

Algunos juzgados de ejecución de la pena han ordenado el cierre técnico de varias de nuestras cárceles, pues sencillamente ya no cabe nadie más. La Sala Constitucional ha ordenado que no se recurra a las celdas del OIJ como otro centro penal más, sino que deben ser solo espacios de tránsito para los privados de libertad. La atención médica es insuficiente por exceso en la carga de trabajo de los profesionales encargados, y las agresiones dentro de los centros suele suceder sin que el personal de seguridad pueda intervenir por falta de recursos.

Todo lo anterior, solo por citar algunas de las situaciones que se viven, día tras día, en nuestras prisiones.

Dentro de los centros institucionales no suelen darse derechos, solo beneficios, por lo cual el trabajo, estudio y esfuerzo no siempre se ven compensados, son solo una gracia de la autoridad, que, incluso, algunos han pretendido limitar aún más.

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El problema de nuestras cárceles se ha ido acumulando, al igual que la tardanza en las soluciones. Informes van y vienen, estudios hay varios, pero lo que falta es implementar medidas ya.

El Consejo Superior del Poder Judicial les ha indicado a los jueces la obligación que tienen de ir a los centros penales a verificar las condiciones de los privados de libertad que se encuentran a su orden, pero esto incomoda a algunos de nuestros juzgadores.

Visión con impacto real. Surge un proyecto de ley sobre mecanismos electrónicos para el control de personas sometidas a un proceso penal, pero su alcance también causa incomodidad en cierto sector. Mientras algunos abogan por que sea un mecanismo de control complementario y adicional, sin impacto en el sistema, otras personas hemos impulsado una visión con un impacto real, que permita la privación de libertad en otras condiciones a personas con condenas que no sean altas, que no hayan cometido otros delitos y no utilizan armas de fuego, que no pertenezcan a la criminalidad organizada ni hayan atentado sexualmente contra menores de edad. Además, que se valoren las circunstancias personales por parte del juez, que se beneficie a madres en situación de vulnerabilidad, a adultos mayores y a enfermos graves (artículos 485 y 486 del Código Procesal Penal), pero esto también causa polémica y las soluciones tardan en aparecer.

Adaptación Social anuncia la construcción de nuevos espacios que, para el momento en que se construyan, solo van a mitigar en un porcentaje menor el problema, sin lograr solucionarlo.

Creo que es hora de realizar acciones, de implementar penas alternativas como las dispuestas en el proyecto de código penal y que está en trámite legislativo desde hace más de una década.

Debe aprobarse el proyecto de ley de mecanismos electrónicos para el control de personas sometidas al proceso penal en un tiempo razonable y con un impacto real en el sistema.

Hay que implementar la circular de la Corte para que se haga realidad la visita de los jueces a los centros penales, y la Defensa Pública debe estar atenta para que se cumplan las condiciones adecuadas en las celdas del OIJ, además de las visitas periódicas a las centros institucionales administrados por Adaptación Social, pero, en especial, incentivar que dicha labor se haga con mística y con verdadera conciencia de que quienes allí están son seres humanos.

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Es hora de actuar. La inercia en la toma de decisiones ha sido de todos. Es hora de no ser un componente más del problema.

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