Opinión

Cruel olvido de las cárceles

Actualizado el 31 de marzo de 2015 a las 12:00 am

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Cruel olvido de las cárceles

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Ofrecer la información sobre lo que acontece en el sistema penitenciario nacional, de la forma cruda y dolorosa que esto reviste, es un ejercicio de valentía que debe llamarnos a una profunda reflexión.

No es una simple denuncia; es una dramática situación que atraviesan cientos de personas lanzadas al olvido social, en un supuesto ejercicio de “resocialización”.

El tema no es nuevo. Se ha arrastrado por años, y la verdad es que no se vislumbran esfuerzos serios y profundos por atenderlo de la forma que requiere.

Nuestras prisiones están más que sobrepobladas. Las condiciones de hacinamiento alcanzan ya niveles de trato cruel y degradante hacia personas que, si bien infringieron de alguna forma la ley penal, no han perdido su condición de seres humanos. Su dignidad no puede ser afectada de esa forma.

Es un problema sensible que requiere el concurso de muchas voluntades, pero, sobre todo, un gran esfuerzo de comprensión en general.

Enfoque equivocado. El discurso jurídico de los últimos tiempos, del cual muchos de nuestros tribunales han hecho eco, ha intentado en vano demostrar que la reclusión carcelaria, el aumento de penas y la denegación de beneficios penitenciarios son respuestas adecuadas para frenar los hechos de criminalidad que azotan a la población.

Es una respuesta engañosa, un uso simbólico del derecho penal para transmitir sensación de seguridad. Aunque logra conseguir caudal político electoral, no es una respuesta efectiva, ya que, como hemos visto, no por más prisión se cometen menos delitos.

El delito tiene profundas raíces en una serie de factores multicausales, que deberían atenderse en primer lugar, si es que realmente estamos interesados en dar una respuesta.

Sin embargo, si no tenemos la capacidad para abordar la criminalidad desde la óptica de la prevención, que es la más indicada, sí debemos, al menos, hacer los esfuerzos necesarios para direccionar las estrategias hacia soluciones más efectivas, menos perjudiciales para las personas y que sí apunten a la resolución de los conflictos que genera la infracción de la ley.

La reclusión carcelaria no resuelve la situación conflictiva que la ha generado. El encierro del infractor (sobre todo en las condiciones que se han descrito) jamás podrá incidir en su conducta y mucho menos beneficiar a la víctima del delito.

¿Será que enviar a la cárcel a un joven que robó ¢2.000 y colocarlo en un espacio junto a personas con una mayor carrera delictiva puede traerle algún provecho? ¿Hasta dónde llega la irracionalidad de las penas?

No se trata de perdonar las conductas delictivas de mínima gravedad ni de generar impunidad (para que no se nos adelante la respuesta de que se propugna la alcahuetería).

De lo que se trata es de tener un mínimo de racionalidad en la aplicación de la pena privativa de libertad, de buscar otro tipo de mecanismos, más efectivos, pero sobre todo menos lesivos para las personas.

¿Serán conscientes nuestros jueces penales que dictan este tipo de resoluciones de los efectos que pueden causar sobre las personas? ¿Cuántos de ellos habrán visitado las cárceles para comprobar las condiciones a las que remiten a los condenados? ¿No será hora de que pensemos en más amplias propuestas de sanción, en buscar mecanismos que cumplan alguna finalidad?

Nuestro Código Penal necesita una revisión urgente, a fin de ampliar los mecanismos de sanción, pero a veces nos asusta que se abra la puerta a una política criminal aún más represiva, especialmente frente a algunos discursos que se han posicionado en el ambiente y en algunas decisiones jurisprudenciales.

Una respuesta inicial, derivada de la sensación de desconcierto que nos dejan los reportajes sobre la materia, sería provocar al menos un gran debate, desde la academia, con el concurso del Colegio de Abogados y amplia participación ciudadana, que oriente la discusión por los canales adecuados y nos permita evitar consecuencias más desastrosas.

No podemos ser indiferentes a esta realidad. Ignorarla nos convierte en cómplices de una flagrante violación de derechos humanos.

Ocupemos siempre el lugar del otro. Mañana puede ser alguno de nuestros allegados quien sufra estas atrocidades, y ojalá todavía haya alguien que pueda al menos protestar.

La autora es abogada.

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