Opinión

Crónica de un banquero inocente

Actualizado el 14 de marzo de 2017 a las 12:00 am

13 años de mi vida profesional han sido cercenados a causa de la irracionalidad del Estado

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El periódico La Nación me da la oportunidad –esta vez con la razón de mi lado– de contar la verdad de los hechos y hacer justicia reivindicando mi nombre. Es una historia digna de los personajes que vivían en el mundo real-maravilloso del Macondo de Gabriel García Márquez, pero una historia verídica de cómo opera el Estado costarricense.

Era 1998 y el gobierno de turno había tomado la decisión de no cerrar Bancrédito, a pesar de que los indicadores de la Sugef señalaban la necesidad de intervenirlo. Se me pidió –en vista de mis atestados académicos, trayectoria y honorabilidad– rescatarlo desde el punto de vista financiero y de negocios, desde la posición de subgerente general.

En ese esfuerzo, llevamos a cabo miles de negocios, que lograron sacar a Bancrédito de la irregularidad que mantenía ante la Sugef y, consecuentemente, se aumentaron sus utilidades netas de manera exponencial, de ¢50 millones a ¢1.800 millones anuales en un período de cuatro años.

Denuncia. Como en toda gestión bancaria, se asumen riesgos y, en algunos casos, se dan problemas. El 11 de setiembre del 2001 y, a raíz de los atentados terroristas que impactaron los Estados Unidos, un cliente de Bancrédito vinculado con los mercados de productos comodities estadounidenses sufrió un gran impacto en sus operaciones, por lo que pidió ajustar los términos originalmente pactados. Todo lo anterior muy apegado a la reglamentación legal y bancaria vigente.

Con informes errados de la Auditoría Interna de Bancrédito en mano, respecto al negocio mencionado, el sindicato de trabajadores del banco denunció mi actuar ante los diputados de la Asamblea Legislativa, con el fin de vulnerar la gestión de cambio gerencial que realizábamos en el banco.

Consecuentemente, se abrió un “juicio político” contra Bancrédito, en la Comisión Especial Investigadora del Sistema Financiero Costarricense de la Asamblea Legislativa (expediente 14.949). Fui sentado en el banquillo de los acusados e interrogado por diputados de diferentes partidos.

A pesar de mis explicaciones técnicas y de negocios, los diputados emitían juicios de valor y apreciaciones que denotaban ignorancia en la materia bancaria –incluso de un diputado que alardeaba de haber sido presidente del Banco Central–.

Los diputados, constantemente, se burlaron de mis capacidades técnicas y empresariales, e incluso, en su retórica, dudaron de mi honorabilidad. La ignorancia y mala fe predominaron en todo el proceso y, finalmente, se emitió un dictamen político negativo e inquisidor, sin tener yo afinidad política alguna. También fueron condenadas las deficientes actuaciones de la Sugef.

En diciembre del 2004, luego del dictamen de la Asamblea Legislativa y después de un año de investigación, la Sugef, por temor e ignorancia, presentó denuncia penal en mi contra por delitos bancarios que yo no cometí.

Inocencia. Como decía Carl Gustav Jung: “Pensar es difícil, por eso es que la mayoría de la gente prefiere juzgar”.

Por respeto a mi familia y a los valores que rigen mi vida, presenté mi renuncia a Bancrédito en enero del 2005.

A partir de esa fecha, he sido juzgado por los tribunales de justicia y encontrado inocente en dos ocasiones (sentencias 260-2011 y 400-2016).

Irónicamente, luego de 13 años de investigación, dos juicios y una casación de sentencia, el Ministerio Público pidió mi absolutoria en virtud de que no pudo comprobar que yo cometiera delito alguno.

13 años de mi vida profesional han sido cercenados a causa de la irracionalidad del Estado costarricense.

¿Será que algo anda mal o será que vivimos en Macondo?

El autor es banquero.

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