Opinión

Criminalidad y reincidencia

Actualizado el 19 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

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Criminalidad y reincidencia

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La orden judicial para que un grupo de privados de libertad salieran de prisión y cumplieran su condena con la ejecución de ciertos beneficios, sin duda ha generado reacciones encontradas en el seno de la opinión pública.

La efervescencia provocada era de esperarse. Público y notorio ha sido el hecho de que –al menos en tres ocasiones– se ha detenido a personas que se vieron beneficiadas con dicha medida por haber reincidido un delito que atentó contra la seguridad y paz ciudadanas.

Muchas son las críticas que se dirigen en contra del juez que dictó la orden judicial; otras en contra de los parámetros empleados por el Ministerio de Justicia a la hora de escoger a las personas beneficiadas con la medida.

Yo pienso que el trasfondo del asunto va más allá de criticar la medida o los parámetros empleados. El tema del origen de la criminalidad y su reincidencia no se debe analizar en un contexto ajustado al modelo penitenciario, sino desde su propia raíz, a efectos de desentrañar el por qué los índices de delincuencia han aumentado considerablemente, aparejados a los casos en que una persona decide reincidir en la actividad delincuencial.

Voy a tocar tan solo dos causas que, al menos, me parecen esenciales analizar en el tema que nos ocupa.

Educación. Como primer punto se puede mencionar las oportunidades, reales, de acceso a los sistemas de educación costeados por el Estado: es una realidad que la demanda en este campo supera la oferta existente.

La población nacional aumentó considerablemente a partir del ingreso de personas extranjeras a suelo nacional quienes, en muchos casos, establecen relaciones sentimentales con ciudadanos costarricenses y procrean hijos quienes, al fin de cuentas, son potenciales candidatos al ingreso en las escuelas y colegios públicos.

A dicho fenómeno hay que agregarle el deficiente control estatal que existe en los centros educativos a la hora de distribuir los cupos de estudiantes disponibles y que, irremediablemente, incide en que se presenten actos de corrupción donde se cobra a padres y madres de familia para que sus hijos puedan matricularse.

Los jóvenes que superan con éxito la educación secundaria, se enfrentan a escasas posibilidades de ingresar a las Universidades Públicas para estudiar una carrera. La oferta privada si bien es abundante también es muy costosa e imposible de pagar para muchas familias que solo sufragan sus necesidades básicas.

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Al presentarse esta lamentable situación, muchas familias de escasos recursos económicos se quedan sin la oportunidad de matricular a sus hijos en el sistema educativo, con el agravante de que esas personas menores de edad llegan destinan su tiempo en cuestiones poco o nada productivas, con el evidente riesgo de involucrarse en grupos o pandillas dedicadas a actividades delictivas.

Una persona que aprovecha las oportunidades de educación existentes, forja valores y principios morales y éticos, que la fortalecen en su desempeño social y para que pueda orientar su futuro a actividades provechosas; ergo, la vagancia y el ocio solo sirven de base para que esa persona, en muchas ocasiones, se deje atrapar por malos ejemplos o vicios que en nada le van a ayudar a forjar su futuro como un sujeto de bien.

Empleo. Otro aspecto medular que no se puede escapar de este modesto análisis, es el tema de las oportunidades de empleo. El panorama es poco alentador. Muchos jóvenes que apuestan su futuro a obtener un título universitario no tienen, en forma inmediata, oportunidades reales de empleo que puedan satisfacer todo el esfuerzo entregado en su carrera estudiantil.

Las empresas privadas, en general, están interesadas en contratar a personas con cierto nivel de experiencia, y esto va en contra de aquellos y aquellas estudiantes que se dedicaron solo a estudiar. Asimismo, aquellos profesionales que se han preocupado por especializarse no encuentran ofertas de trabajo por considerarse “sobre calificados”.

Entonces, a grandes rasgos, nos encontramos ante una gran disyuntiva: o se acepta un trabajo mal remunerado o se buscan otras alternativas para gozar de un cierto nivel de vida. Aquí es donde encontramos personas educadas académicamente, que se han dejado atrapar por el negocio del narcotráfico, bajo la premisa de que es “muy bien pagado”, a pesar del enorme riesgo e ilegalidad que presenta dicha actividad delictiva.

La delincuencia organizada no reconoce clase social ni profesión. Es un cáncer que ataca todas las esferas de nuestra sociedad y las personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica son sus principales víctimas. Cuanto más se ensanche la brecha social y desaparezca la clase media, la sociedad costarricense se expone a que los índices de criminalidad vayan en aumento desmedido, sin posibilidades de control.

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Igualmente, el delincuente habitual, por más tiempo que descuente condena en prisión, poco o nada va a cambiar su actitud hacia el delito pues, si las condiciones socioeconómicas no son las adecuadas para que pueda reorientar su vida al camino del bien, el camino del mal siempre estará a su disposición con una simple decisión de su parte: volver a delinquir. De nada vale hacer más cárceles y soltar a los delincuentes hacinados, si las condiciones apuntadas no mejoran, pues el resultado siempre será el mismo: más delincuencia y reincidencia.

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