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Costo de la electricidad requiere pronta solución

Actualizado el 24 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

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Costo de la electricidad requiere pronta solución

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El incremento de las tarifas de los servicios públicos en los últimos años preocupa a todos los costarricenses. El sector productivo ha insistido reiteradamente en que las tarifas eléctricas, en particular, son más altas que en otros países o regiones con hidroelectricidad comparable, y eso le afecta sus costos y su capacidad de competir. Esta es una primera llamada de atención para que las autoridades corrijan esta situación en un período más corto del que se han propuesto.

Pero el sector productivo no es el único que se ve afectado. Los hogares, especialmente los de menores ingresos, han sufrido los embates del aumento en los precios de la electricidad y de otros servicios públicos, pues consumen una cuarta parte de sus ingresos en servicios regulados (a diferencia de un 13% en las familias de ingresos altos).

Por eso, cuando, en enero del 2013, la inflación general llegó a poco más del 6% como consecuencia del aumento significativo de las tarifas de los servicios públicos, la inflación en los hogares de bajos ingresos fue 8%, según las cifras presentadas por el Banco Central en un foro organizado por la Academia de Centroamérica.

En consecuencia, la atención del problema del crecimiento y alto nivel de las tarifas de los servicios públicos y, particularmente, de las tarifas eléctricas también permitiría mejorar el bienestar de los hogares, especialmente el de los hogares de menores ingresos.

En el mismo foro, un estudio del Banco Central mostró que las variaciones en los precios de los servicios regulados en el 2013 no corresponden a factores económicos de costos (salarios promedio del país, tipo de cambio, precio del petróleo, inflación importada y expectativas de inflación, por ejemplo). En otras palabras, la variabilidad de esos precios responde mayoritariamente a “otros factores” que podrían ser de tipo institucional, es decir, factores específicos de los proveedores de servicios públicos como el ICE, Recope, ICAA y otros.

En ese mismo sentido y en relación con las tarifas eléctricas, el economista Hermann Hess presentó datos de las últimas dos décadas y señaló que la tarifa eléctrica promedio pareciera estar “superindizada”, en el sentido de que ha aumentado más rápidamente que cualquiera de los componentes o factores de costo, con excepción del diésel y el búnker, que apenas la superan a lo largo del período analizado, y que, en todo caso, no deben definir el aumento total de las tarifas.

En el caso de la electricidad, las tarifas se establecen con base en una fórmula que suma los costos totales de los operadores más un rendimiento por el capital invertido. Este sistema no incentiva la eficiencia y tampoco la incorporación de elementos de una política energética integral.

En ocasiones, se aduce que el ICE se vio obligado a utilizar los fideicomisos para financiar el desarrollo de proyectos debido a los límites de gasto impuestos por el Ministerio de Hacienda, cuyos plazos relativamente cortos encarecen el costo de financiamiento y el costo de la electricidad. Quedan algunos proyectos con esas condiciones, pero, actualmente, el ICE cuenta con libertad para estructurar mejor el financiamiento de los proyectos.

Revisión ineludible. Al ICE le queda una tarea ineludible de revisar su estructura y nivel de costos administrativos, y a la Aresep le corresponde incorporar en sus modelos de fijación tarifaria el concepto de “costo razonable” a la hora de realizar ajustes a las tarifas, al menos mientras se mantenga la fórmula actual. A manera de referencia, los generadores privados le venden al ICE a un precio que es menos de la mitad de la tarifa promedio a los consumidores finales, una diferencia muy amplia, aun cuando la tarifa final incorpora costos de transmisión y distribución.

El Ministerio de Ambiente y Energía ha hecho bien en plantear el problema de las altas tarifas eléctricas como parte de un tema más integral de política energética, pero no parece justificarse un plazo tan prolongado para hacer una propuesta, pues el problema no es nuevo y abundan los diagnósticos.

Por el bienestar de los hogares y la competitividad de las empresas, se deben redoblar los esfuerzos para encontrar soluciones prontas.

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