EscucharEn otro artículo (“Fuerzas armadas en Costa Rica”) vimos las implicaciones del establecimiento de un ejército en nuestro país. Concluimos que no conviene tener uno, y que el fortalecimiento de la diplomacia costarricense y apoyarnos en el derecho internacional son consistentes con una política de seguridad pacífica y civilista. En el debate sobre la creación de una estrategia civilista de seguridad nacional es necesario examinar las amenazas al país. Hoy analizaré la más notoria.
Amenaza de otros Estados. Los mayores teatros de conflicto internacional tienen que ver con las disputas territoriales y marítimas. Costa Rica tiene límites marítimos con Ecuador, Colombia, Panamá y Nicaragua, y límites terrestres con los dos últimos. El riesgo de disputas con todos los vecinos es una posibilidad real, pero casi con todos ellos los canales diplomáticos han sido y seguirán siendo efectivos en su abordaje y solución.
No obstante, en el caso en estudio, solo Nicaragua posa una amenaza tangible y actual a la estabilidad territorial y marítima de Costa Rica, donde el recurso de la negociación diplomática tiene alcances muy limitados con este país. Los problemas territoriales bilaterales datan desde 1824 y, si se quiere, desde 1573. Los que afirman que este es un conflicto exclusivamente político conocen poco de historia. Un sucinto recuento lo pone en perspectiva.
Dos guerras precedieron el Tratado Cañas-Jeréz de 1858: la primera fue la Campaña Nacional contra los filibusteros en 1856; la segunda, una declaración de guerra unilateral de Nicaragua contra Costa Rica en 1857. El Tratado de 1858 es tanto un tratado de límites como un tratado de paz, y basta leer el artículo I para entenderlo. Solo pasaron 11 años desde su firma para que Nicaragua lo declarara inválido, una práctica que se repite con frecuencia en nuestra historia. Luego de intensas negociaciones, siempre promovidas por Costa Rica, se logró el Laudo Cleveland de 1888, cuyo propósito fundamental era determinar si el Tratado era válido. El árbitro lo encontró válido y, al mismo tiempo, interpretó el régimen fronterizo aplicable.
Por medio del Tratado Bryan-Chamorro de 1914, Nicaragua desconoció otra vez los alcances del Tratado de 1858, lo cual hizo que Costa Rica acudiera a la Corte Centroamericana de Justicia (la de verdad), que emitió un fallo favorable a Costa Rica en 1916, también desconocido por Nicaragua. Entre 1949 y 1955, dos intentos de invasión, incluido el ametrallamiento aéreo de San José, fueron promovidos desde Managua y repelidos efectivamente por Costa Rica, haciendo uso de los mecanismos regionales de defensa. En los años de 1970, el gobierno de Somoza fraguó planes de invasión, y estuvimos a horas de un conflicto armado a gran escala, cuya antesala fueron violaciones al territorio nacional. En los años 80, con ocasión de la guerra en Nicaragua, vimos comprometida nuestra soberanía por las acciones del Ejército sandinista y de “la contra” (comandada por no otro que Pastora), y sufrimos la cobarde masacre de Crucitas.
En los noventa, el Gobierno liberal de Arnoldo Alemán condujo una campaña de desconocimiento de los derechos de navegación de Costa Rica en el San Juan, que llevarían al fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2009, luego de que siete años de negociaciones (de 1998 al 2005) fueran truncados por Nicaragua. Desde entonces, la agresividad de ese país ha sido patente y se ha intensificado.
Tierra y mar. Los dos teatros de conflicto que vivimos con Nicaragua son el territorial y el marítimo. La amenaza territorial no es solo por isla Portillos. Como bien lo dijera el agente de Nicaragua, para ellos ese es un suampo sin valor. Su objetivo táctico en ese caso es medir la respuesta de Costa Rica y la reacción de la justicia internacional. Como ya lo han anunciado, su estrategia e interés real es desestabilizar todo el régimen fronterizo, que abarca el río Colorado, las bahías comunes, los derechos de navegación en el San Juan, y su objetivo último es el reclamo de Guanacaste. En Managua saben bien que ningún organismo de justicia internacional reconocerá mérito alguno al temerario reclamo por Guanacaste, pero su fin no es ese. Su estrategia es crear un ambiente de inestabilidad y conflicto, y desgastar a Costa Rica.
En lo marítimo, Costa Rica posee importantes espacios en ambos mares. En el océano Pacífico, Nicaragua intenta disputarlos tanto como le sea posible. La seducción que causan inexplorados recursos, como los que hay ahí, alimenta la ambición de Nicaragua de echarles mano a toda costa. Por eso no deben sorprender, pero sí preocupar, los mapas petroleros y otras acciones que Nicaragua intenta conducir en esos espacios.
De igual manera, en el mar Caribe hay en juego miles de kilómetros cuadrados de espacios marinos, parte de ellos con potencial energético y mineral. Pero el Caribe, además, no solo pone de manifiesto un conflicto por espacios físicos e intereses económicos, Nicaragua también busca imponer un conflicto político en el ámbito regional que juega bien a sus intereses. Por eso, las ambiciones expansionistas de ese país han generado una gran inestabilidad que afecta a media docena de países en el Caribe occidental. La escala de la ofensiva de Nicaragua es especialmente notable por su preparación militar. Los anuncios de compra de fragatas de guerra y de aviones de combate, así como sus muy divulgadas asociaciones militares, son un mensaje a todos sus vecinos, pero lo es especialmente para Costa Rica.
El empoderamiento militar nicaragüense es una amenaza real a la paz y seguridad nacionales. No se trata de que en unos meses invadan Guanacaste, pues no tienen condiciones para ello, pero, en los juegos de guerra que se cuecen en Managua, no hay duda de que ello es una posibilidad a medio y largo plazo.
Ya nos han invadido y no vacilarán en hacerlo nuevamente. Todo depende de la oportunidad, y la oportunidad depende de los eventos globales. Costa Rica debe estar atenta a la situación política y militar mundial. Una conflagración mundial entre potencias abre una oportunidad para la ejecución de planes de expansión con base en la fuerza. Ello hace que Costa Rica deba estar preparada, institucional y legalmente, si el día llega. También creo en una política exterior de contención, pero me opongo a una de apaciguamiento. Nicaragua debe entender que, independientemente de quien gobierne, Costa Rica nunca será complaciente con su conducta de hostilidad e irrespeto.
Alianza estratégica. Con franqueza, espero el día en que Managua acepte sentarse, de buena fe y sin trucos, en la mesa de negociación. Nada sería más beneficioso que una fuerte asociación entre Costa Rica y Nicaragua sobre la base de la paz, el respeto mutuo y el cumplimiento fiel de las obligaciones internacionales. La prosperidad y la hermandad de nuestros pueblos dependen, en mucho, de que se forje una alianza estratégica entre ambas naciones. Pero, hasta que eso suceda, es imperativo no cerrar los ojos y estar preparados, y esto incluye continuar fortaleciendo una política de Estado de seguridad nacional civilista, apoyada en el derecho internacional.
