En los últimos días han surgido preocupaciones y objeciones al proyecto de Ley de Transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional en Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN). En ese espíritu constructivo y respetuoso es que este artículo busca aclarar al menos algunas de esas dudas.
Algunas críticas apuntan a que “eso de inteligencia es solo para espiar personas”, pero eso hoy no existe. El ejercicio de la inteligencia lo que hace es recoger información de manera lícita, someterla a un proceso científico de análisis, y una vez que el producto adquiere alto valor agregado se traslada a los estamentos de decisión y de acción dentro del aparato estatal. La inteligencia no decide, sino que informa a las personas decisoras. Y en la era de la información, más que nunca podemos decir que más información de calidad equivale a mayor eficiencia del Estado y mejor democracia.
Derechos humanos. Algunas personas han dicho que “el proyecto atenta contra los derechos humanos”. Quien lo diga posiblemente no lo ha leído. El proyecto es prolífico en la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, por primera vez aclara los objetivos del ejercicio de la inteligencia, impone una corresponsabilidad en la protección de nuestras instituciones democráticas y además impone claras limitaciones para la creación de inteligencia precisamente en función del respeto a los derechos humanos (art. 6).
También limita las competencias de la inteligencia (art. 11), por primera vez se ordena un registro de investigaciones y rendición de cuentas para garantizar la trazabilidad de las operaciones (art. 12) y responsabiliza directamente al mando superior con el cumplimiento de esa trazabilidad (art. 17).
Contiene una extensa lista de prohibiciones en el desempeño de las funciones de la DIEN y de sus oficiales, para lograr una inteligencia civilista y democrática (art. 15). Impone obligaciones en cuanto al manejo de información (art. 25) y protege el derecho a la intimidad y al secreto de las personas (art. 30). Adicionalmente, impone un régimen sancionatorio ante eventuales faltas a la ley (art. 38 y 39).
Escuchas telefónicas. En esta misma línea, se ha dicho que la DIEN busca hacer escuchas telefónicas. Es absolutamente falso. El proyecto faculta al servicio de inteligencia solo a escuchar “frecuencias de radio abiertas” (marítima y aeronáutica), de libre acceso para todo ciudadano, dentro del marco de lucha contra el blanqueo de capitales y narcotráfico internacionales (art. 28). El mismo artículo reitera que tal potestad no significa la interceptación de llamadas privadas, fijas o móviles.
Todo el esfuerzo por agregarle garantías de derechos humanos al proyecto no ha sido coincidencia. Ha sido motivado en la convicción de que, en democracia, solo así se puede fortalecer la legitimidad del ejercicio de la inteligencia.
Distintas funciones. Otras personas han opinado que no hace falta una inteligencia estratégica porque hay otras inteligencias (MSP, OIJ), o que debería estar en el Ministerio de Seguridad. Sobre eso es necesario aclarar que cada una de las inteligencias hace cosas diferentes: la DIS (proyecto DIEN) estudia fenómenos criminales y temas estratégicos y coordina objetivos con otras inteligencias civiles de países amigos; la inteligencia en el MSP realiza inteligencia policial; la inteligencia dentro del OIJ efectúa inteligencia criminal/judicial. Pueden y deben apoyarse entre sí, pero llevan a cabo tareas distintas.
En fin, todas estas discusiones son valederas y hasta necesarias en democracia. Precisamente el lograr tener una cultura de inteligencia en nuestro medio requiere de debate constructivo. Se hace necesario el socializar los conceptos de inteligencia en nuestro país, invitando al estudio de la materia con el objetivo de levantar el nivel del debate.
Al mismo tiempo, sin embargo, resulta vital comprender que un país sin ejército es un país que necesita aún más la inteligencia. No somos un pueblo de balas; somos un pueblo de ideas.
Proyecto enriquecido. La ley DIEN no es una ocurrencia. Ha llevado más de dos años de trabajo, con aportes de muchas personas y organizaciones. Además, en su camino dentro de la Asamblea Legislativa y dentro de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, el proyecto ha sido enormemente enriquecido por los asesores y diputados de prácticamente todas las fracciones.
Como toda obra humana, es mejorable, y aún se le están haciendo propuestas vía artículo 137. Pero no sería correcto que se intente dejar al país sin una ley de inteligencia. Ante las amenazas y retos que enfrentamos, el país no debe quedar indefenso. El tema es demasiado sensible e importante como para no regularlo.
Costa Rica necesita y merece un organismo de inteligencia profesionalizado, ajeno a la política partidaria, respetuoso de los derechos humanos y fortalecedor de nuestra democracia.
El autor es director de Inteligencia y Seguridad Nacional.