EscucharLa Asociación Costa Rica Íntegra, contacto nacional de Transparencia Internacional en el país, coincide con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2013 y con la demanda, a nivel global, para unir esfuerzos contra la corrupción.
Al respecto, la Asociación hace un especial llamado para que los partidos políticos participantes en la actual campaña electoral presenten sus planes de combate a la corrupción y a favor de la transparencia, identificando compromisos concretos en todos los niveles de la Administración Pública.
Dada la cobertura mediática del IPC 2013, resulta importante realizar algunas consideraciones para su adecuada interpretación, alejándose de la idea de que este constituye un reconocimiento o condena a la labor de un Gobierno, cualquiera que sea.
1. ¿Qué mide y qué no mide el IPC?
En primer lugar, al ser un indicador de percepción se refiere a la sensación que se experimenta sobre cuánta corrupción existe en el país. El puntaje de Costa Rica solamente se movió un punto, de 53 en el 2012 a 54 en el 2013, lo cual significa que sigue estancada y que obtuvo menos de 60 en una nota que va de 0 a 100.
Ahora bien, en el ranquin de 177 países, nuestra nación pasó del puesto 54 al 49, pero este movimiento de cinco lugares se explica porque algunos países desmejoraron notablemente (por ejemplo, Panamá) y también porque aumentó el número de países medidos este año.
En segundo lugar, ciertamente Costa Rica solo es superada por dos países de América Latina, pero estos tienen cerca de 20 puntos más en el Índice, lo cual es una brecha sustantiva. Tampoco es apropiado compararse con Centroamérica, pues esta región alberga a tres naciones que están entre las peor calificadas a nivel mundial.
En síntesis, Costa Rica sigue siendo considerada un país de “corrupción media”, todavía muy lejos de las mejores prácticas del continente (Uruguay y Chile) y del mundo desarrollado al que aspiramos.
Finalmente, en cuanto a la metodología, es preciso corregir que el IPC está construido por medio de la agregación de diversas preguntas que ya existen en herramientas de medición y encuestas de opinión internacionales (barómetros, Banco Mundial, The Economist , etc.). Estas fuentes de información, por lo general, abarcan hasta uno o dos años atrás, por lo cual no reflejan necesariamente la percepción actual sobre la corrupción en el país. Su utilidad es a largo plazo, cuando se tienen series de años de mayor alcance y, además, se combina con mediciones más finas desarrolladas en cada país.
2. El IPC, complemento de diversos esfuerzos
La presentación anual del IPC y la cobertura mediática que atrae son ocasión propicia para reavivar las reflexiones sobre las debilidades del sistema político en esta materia.
Sin embargo, este ejercicio tendría idealmente que conllevar a acciones específicas y efectivas que den cuentan del interés del país por mejorar su situación en los índices próximos.
Derivadas de los planteamientos de la Asociación Costa Rica Íntegra en sus diversos estudios, algunas de estas acciones concretas pueden ser las siguientes:
Elaborar un plan de Estado de medio y largo plazo, en el cual las instituciones y actores involucrados en la lucha contra la corrupción acuerden metas y estrategias de acción conjuntas que les faciliten la priorización en la asignación de recursos, disminuyan la duplicidad de acciones de los órganos de control y permitan el monitoreo y evaluación de su gestión con base en esas metas.
Este plan debe estar en consonancia con los compromisos que el país ha adquirido en el marco de las convenciones contra la corrupción de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, la Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción, la Alianza para el Gobierno Abierto, etc. Cada uno de estos instrumentos cuenta con informes de cumplimiento, cuya elaboración debería tener una amplia consulta ciudadana, y también deberían ser difundidos.
Dotar de recursos necesarios a los órganos principales de combate a la corrupción, especialmente a la Procuraduría de la Ética y la fiscalía especializada en el Ministerio Público, en las cuales se concentra la potestad de sanción a los responsables. No es posible perseguir penalmente todos los casos de delitos contra la función pública únicamente con seis fiscales especializados.
Apoyar firmemente el desarrollo de los principios de gobierno abierto, lo cual significa, entre otras cosas, que las instituciones públicas, como parte de su política de transparencia, cuenten con páginas web interactivas y dinámicas, hagan uso de redes sociales, elaboren material audiovisual con su rendición de cuentas y realicen una gestión de prensa más proactiva.
Es crucial el correcto manejo y uso que se le dé a instrumentos internacionales como el IPC. A partir del conocimiento de estas realidades, organizaciones como Costa Rica Íntegra pueden coadyuvar con las instituciones públicas y privadas costarricenses en el diseño de estrategias y convocatorias a los diversos actores del país, a fin de constituir una sólida coalición que impulse decididamente estos esfuerzos en la sociedad costarricense, y que trascienda los Gobiernos del momento.
Pablo Duncan, Eduardo Núñez, Harys Regidor, Cecilia Rodríguez y Evelyn Villarreal. Junta Directiva de Costa Rica Íntegra.
