Según el informe Segundo Estado de la Justicia, a cargo del Estado de la Nación y presentado en abril pasado, el Poder Judicial carece de una gestión por resultados y enfrenta grandes retos para mejorar su transparencia y efectividad. El informe refleja que los indicadores de productividad de la Corte Suprema caen pese al aumento de los recursos.
De 1990 al 2013, el presupuesto del Poder Judicial, en términos reales, creció un 436%. El presupuesto real per cápita aumentó, en el mismo plazo, un 244%. ¡Al sistema judicial no parece faltarle recursos!
El ritmo de aumento de ese presupuesto, sin embargo, no ha venido aparejado de una mayor eficiencia. En el mismo periodo, el personal del Poder Judicial, por cada 100.000 habitantes, creció un 98% y el gasto real en justicia por habitante aumentó un 243%.
Según la Contraloría General de la República, para este 2017, el monto del presupuesto para el Poder Judicial asciende a ¢436.000 millones. Esto representa un 9% de los ingresos corrientes del Gobierno, muy por encima del mínimo del 6% establecido en nuestra Constitución Política. De ese monto, del presupuesto, el Poder Judicial destina el 82% a planilla.
Presupuesto vs. Resultados. Cada caso cerrado en la Corte consume cada vez más dinero. Lo que indica que el número de sentencias que finalizan un proceso judicial crece a menor ritmo que el dinero que se invierte en el Poder Judicial. Por ejemplo, mientras en 1994 el costo de cada caso terminado era de ¢259.250, para el 2013 el monto era de ¢376.846. El aumento por cada proceso terminado es de un 45%.
Mientras en el 2004 alrededor del 60% de los costarricenses confiaba algo o mucho en el Poder Judicial, la confianza en la Corte Suprema de Justicia bajó en el 2014 al 45%, según reporta el estudio.
Hasta cuatro meses tarda un juez penal en autorizar allanamientos en investigaciones policiales. Esta situación entorpece la lucha contra el crimen organizado, según el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata.
Las personas ya no creen en el sistema de justicia de nuestro país, los números demuestran una ineficiencia y un deterioro en la función de la Corte Suprema que parece ser más de la injustica que de la justicia.
Los bajos resultados judiciales no son coherentes con el porcentaje sustancioso que el Poder Judicial recibe del presupuesto nacional ni con los abusos económicos que presenta su actual régimen de pensiones.
Soluciones legales. La violencia imperante en nuestro país, resultado de la ineficiencia de este poder de la República, y ante la fuga de recursos del Estado en el pago de pensiones de lujo, con el fin de mejorar y fortalecer el sistema judicial nacional, propongo impulsar la aprobación de los proyectos expediente 19.645, Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica; expediente 19.571 Ley Especial de Extinción de Dominio; y expediente 20.325, Reforma al Tipo Penal del Delito de Legitimación de Capitales, así como realizar una reforma administrativa urgente en el régimen de pensiones.
No podemos ser más indiferentes al despilfarro de dinero en pensiones de lujo, mientras las personas no reciben justicia. No podemos ser más indiferentes ante los indicadores de baja productividad judicial. No podemos tolerar más una Corte Suprema de injusticia.
El Poder Judicial debe ser más juicioso de sus propias acciones y responder pronta y cumplidamente al país. La Constitución Política lo establece y la población lo demanda.
La autora es diputada del PAC.