Corporativización de nuestra democracia

En su obra Terapia de shock, Klein se refiere a la pérdida de valores colectivos frente al culto al individualismo y el abandono de los espacios públicos y de participación pública para dar cabida a los espacios privados de consumo y segregación socioeconómica como características de estas políticas del miedo. El resultado es que los conocidos se desconocen y nadie se siente representado por nadie que no sea sí mismo.

Regresando al ejemplo legislativo, es usual que estas disertaciones monotemáticas giren en torno a los intereses y agendas de las empresas personales, grupos religiosos, botines políticos, a las condiciones personales del locutor o, incluso, en torno a sí mismo.

Los bajísimos niveles de identificación de la ciudadanía con los discursos y agendas de las agrupaciones políticas responden a este fenómeno.

Una reciente encuesta de CIEP-Semanario Universidad-ECP de agosto 2015, confirma lo anterior al señalar que la ciudadanía considera que no existe ningún político que le represente.

Cuando sobreviene este vacio de representación, la democracia se corporativiza. La cohesión republicana deja de ser ideológica y programática para pasar a un plano de intereses meramente individuales.

Esto quiere decir que los procedimientos democráticos de diálogo y toma de decisiones dejan de tener relevancia, pues son sustituidos por la voluntad de los grupos de interés con más poder y fuerza. Triunfa el superhombre de Nietzsche, las normas y autoridades elegidas se convierten en elementos accesorios de la democracia, mientras que los grupos imponen la voluntad de los más fuertes a través del lobby, el dinero y la fuerza.

Punto de partida. La elección en 1998 de Justo Orozco Álvarez a la Asamblea Legislativa, el primer diputado evangélico, inauguró esta nueva forma de política costarricense, la de los representantes que no representan a los tradicionales conglomerados de masas o de cuadros.

Su elección, hace casi dos décadas, marcó el comienzo de un proceso en que las Iglesias, transportistas, financistas, gremios y cámaras comenzaron a sustituir a los partidos políticos formalmente constituidos como tomadores de decisiones. Actualmente, tres bancadas legislativas representan a religiones evangélicas, otra más a colectivos de personas con discapacidad y varios legisladores de las restantes bancadas admiten representar primordialmente agendas corporativas.

El politólogo Norberto Bobbio llama a esto la sociedad corporativa frente a la sociedad conformada por individuos. Por ejemplo, los bananeros, banqueros, arroceros y sindicatos toman un nicho de la realidad y lo reclaman como una demanda que representa una parte del bien general del país. Lo cual no les está prohibido, pero la democracia se sostiene sobre una premisa básica: la política debe garantizar el bien común no la suma de algunos intereses poderosos.

¿Cuál de esos grupos garantiza y representa el bienestar de todos los ciudadanos? Ninguno como un todo.

En una sociedad donde estas corporaciones se imponen por encima de la ciudadanía, los intereses de poder de grupos militares, étnicos, económico-empresariales y religiosos dan al traste con la legalidad constitucional que sustenta nuestro Estado e imponen como norma social la pura fuerza corporativa. De igual modo, las normas constitucionales que amparan al ciudadano que no se agremia u organiza para defender sus intereses en un grupo concreto pierden la vigencia que tendría en un régimen de democracia social y popular. Todo lo cual deviene en grupos de poder que se apropian del aparato público para servirse y no para servir, con lo que el espacio para el autoritarismo se abre.

Un escenario político desprovisto de visiones del país más completas y colectivas, de ideologías en sentido amplio y de políticos dispuestos a dialogar y discutir no crea un vacío de poder. El poder siempre es ejercido, en este caso por grandes corporaciones y grupos de interés, no por nuestros representantes elegidos en las urnas.

El autor es estudiante de Derecho.