Opinión

Convención para derechos de las personas adultas mayores

Actualizado el 07 de septiembre de 2013 a las 12:00 am

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Convención para derechos de las personas adultas mayores

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En el escenario de las Naciones Unidas se está discutiendo la conveniencia de realizar una convención internacional para las personas adultas mayores. Una convención es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, y es jurídicamente vinculante, lo cual significa que los Estados que suscriban y ratifiquen el acuerdo –o se adhieran a él– están obligados a cumplirlo. La importancia de este instrumento jurídico permitirá continuar avanzando en la protección efectiva de los derechos de las personas adultas mayores.

El envejecimiento que enfrentan, en diversos grados, los países que forman parte la ONU, plantea la necesidad urgente de contar con estrategias que obliguen a unos y otros a atender a este sector de la población, en razón de las características demográficas que presentan los países desarrollados y en vías de desarrollo.

En el marco de trabajo de esta organización y en el contexto referido, Costa Rica ha estado participando activamente en los últimos dos años como copatrocinador. Además, ha apoyado fuertemente a los países de la región en la propuesta de una convención sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores, así como en la designación de un relator especial encargado de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de este grupo de población.

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la misión permanente de Costa Rica en Naciones Unidas y la sociedad civil, representada por la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema), el Foro Consultivo de las Personas Adultas Mayores y la Asociación Cartaginesa de la Tercera Edad (Ascate), hemos estado presencialmente en las arduas discusiones y análisis de las diferentes posiciones de los países representantes de las regiones del mundo.

En este escenario, los países más ricos hacen oposición desde sus Gobiernos, estableciendo criterios muy diferentes a los externados por representantes de las sociedades civiles de estos mismos países, que apoyan contundentemente la propuesta de una convención internacional, al igual que se ha manifestado por parte de nuestro país y toda la región latinoamericana y caribeña.

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He expresado en estos foros la urgente necesidad de aprobar esta impostergable herramienta legal, vinculante para los países pertenecientes a la ONU, que permitirá facilitar el proceso de preparación de las diferentes sociedades ante las nuevas realidades que el envejecimiento poblacional plantea, y que ya de por sí estamos experimentando. Avanzar hacia cambios que reivindiquen los derechos humanos y fundamentales de las personas adultas mayores, y que reviertan la enorme cantidad de injusticias que he tenido que ver y experimentar con mis pacientes a través de mi vida profesional, tanto en países del Primer Mundo como en el nuestro, debe ser nuestro objetivo.

Apoyo total. La sociedad civil participante en los procesos de discusión ha externado su total apoyo a esta convención. Destacan grupos como los de Estados Unidos: Asociación Americana de Abogados (ABA), Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP), Las Panteras Grises (Gray Panthers, asociación de más de 10.000 personas adultas mayores en Estados Unidos) y otro gran número de agrupaciones igualmente organizadas de diferentes partes del mundo, que están apoyando, de forma coherente y unitaria, esta iniciativa.

Tengo la convicción de que, así como se han aprobado otras convenciones, dirigidas a grupos poblacionales vulnerables por sus características, historia y condiciones sociopolíticas, como en el caso de niños, mujeres y personas con discapacidad, entre otras, de igual forma debe ser aprobada una convención en beneficio de las personas adultas mayores, que requieren una protección jurídica que garantice el pleno ejercicio de sus derechos, protección legal en cuanto a su dignidad, integridad, acceso a la salud integral, servicios sociales, pensiones, prestaciones básicas, y una vida libre de violencia y discriminación. No obstante, el camino por recorrer es largo y se continuará en las sesiones de trabajo de las Naciones Unidas el próximo año.

En el caso específico de nuestro país, se debe reconocer que la trayectoria en el área de los servicios integrales de salud, servicios sociales, identificación y atención del maltrato, la negligencia y el abandono, pensiones, vivienda, accesibilidad y entornos amigables, etc., ha constituido un eje de intervención sustantivo en el quehacer de diferentes instituciones públicas y privadas, que, junto con la participación de la sociedad civil, han permitido alcanzar logros importantes, que son analizados de manera permanente en Costa Rica y que están contenidos en la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, aprobada en el año 2012.

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Falta mucho. Aun considerando la relevancia de los logros alcanzados, queda mucha distancia por recorrer hacia el alcance de una vigorosa y fuerte cultura de dignificación y respeto para las personas adultas mayores en nuestro país.

Las contribuciones de Costa Rica han sido muy bien recibidas por la comunidad internacional, por su contundencia y evidente participación de los diferentes grupos organizados, tanto representantes de la sociedad civil, instituciones públicas, privadas y del Conapam, que en forma unida trabajan para elevar la voz y visibilizar a las personas adultas mayores que, incluso hoy día, son objeto de gran discriminación y exclusión social.

Mantenemos nuestro optimismo en que se debe cambiar este panorama hacia un trato con justicia social, solidario y humano para las personas adultas mayores de todo el mundo. Unidos, todas las instituciones y la sociedad civil, lo lograremos.

Fernando Morales Martínez, médico geriatra y gerontólogo, director general Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.

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