Con un ingreso per cápita que aun ajustado por costo de vida equivale a solo un tercio del de Costa Rica, Honduras es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Ocupa el lugar 89, de 128 países, en el índice de progreso social (IPS), en el que la posición de Costa Rica es la 28. Muchos hondureños han emigrado, legal e ilegalmente, a los Estados Unidos, entre ellos niños menores de 15 años que optaron por viajar solos, en busca de mejores horizontes. Del exterior anualmente envían a sus familias remesas que equivalen a casi un quinto del producto interno bruto (PIB) de su país.
Este estado de cosas no obedece a mala dotación de recursos naturales, ni a la ubicación geográfica del país, pues está situado cerca de mercados importantes y tiene acceso a dos océanos. Como veremos, los problemas socioeconómicos de Honduras más parecen atribuibles a la forma como ha sido gobernada.
Honduras necesita invertir más en educación pública y en infraestructura física. También crear muchas oportunidades de empleo dignamente remunerado. Pero el gobierno opera con déficit y su deuda fácilmente se elevaría a niveles explosivos si tuviera que, del presupuesto nacional, dedicar recursos a infraestructura que elimine cuellos de botella.
Es necesario atraer inversionistas privados bajo lo que se conoce como alianzas público-privadas, en particular bajo la figura de concesión. Pero la construcción, financiamiento y explotación de obras de infraestructura (puertos, aeropuertos, carreteras, etc.) exige que los inversionistas “se casen” con el país –con su sistema de gobierno, sistema judicial, la sociedad civil, partidos políticos, etc.– por 20, 30 y hasta más años.
Para enamorarlos, el país debe mostrar un pasado con buenas calificaciones en los asuntos mencionados. Desafortunadamente, Honduras, al igual que otros países centroamericanos, es poco lo que puede mostrar en este sentido. En el indicador “Transparencia del gobierno en el proceso de adopción de políticas”, que calcula el Foro Económico Mundial, Honduras ocupa el puesto 100 entre 138 países.
Zonas de empleo. Lo anterior llevó a algunos analistas (entre los que sobresale Paul Romer, actualmente economista jefe del Banco Mundial) a concebir que lo mejor que podría hacer el país era crear lo que se ha denominado zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), o ciudades modelo, que operarían dentro del territorio nacional, pero separadas del resto de Honduras en muchos asuntos de gobierno.
Según su ley orgánica del 2013, en lo fiscal, las ZEDE tendrán su propio presupuesto y en ellas el impuesto a la renta personal no podrá superar el 12%, el de la renta empresarial el 16% y el aplicable al valor agregado (IVA) el 5%.
No operarán aranceles. “Están obligadas a lograr un equilibrio fiscal, no operar con déficits y mantener su presupuesto en consonancia con la tasa de crecimiento de su producto interno bruto (PIB)”.
No se aplicarán políticas de control de cambio dentro de las ZEDE y los medios de pago que en ellas se utilicen deberán tener libre convertibilidad y, por supuesto, operará el libre comercio.
Para la administración de la justicia “contarán con tribunales autónomos e independientes”, los cuales “podrán adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otras partes del mundo”. Las ZEDE “están autorizadas a establecer sus propios sistemas de educación, salud, seguridad social y promoción de la ciencia” así como “su propio régimen de servicio civil fundamentado en la meritocracia”. En ellas aplicarán solo 6 de los 379 artículos de la constitución hondureña.
Las ZEDE serán gobernadas por un secretario técnico, quien deberá ser ciudadano hondureño, escogido por un órgano denominado Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, cuyos 21 miembros son nombrados por el presidente de la República.
Idea revolucionaria. La idea es, conceptualmente, tan interesante como revolucionaria. La revista The Economist en su número del 12 de agosto en curso publicó un artículo sobre el tema ( Charter cities in Honduras: A shadowy experiment ). El modelo de esto es Hong Kong, Dubái y otros territorios que operan como enclaves de economía liberal.
Pensadores liberales, en principio, apoyan el esquema, pues pareciera constituir la solución para países que han dado reiteradas muestras de ingobernabilidad, donde escasean las oportunidades de empleo y reinan la pobreza, la violencia y la desesperación.
Pero los marxistas lo rechazan porque consideran que tiene mucho de los defectos que en su opinión apareja el capitalismo: mientras menos vaya usted al teatro y lea libros, mientras menos piense, cante y pinte, más ahorrará; mientras menos sea usted, más capital acumulará. Aplicado al caso concreto de las ZEDE, esto dice que mientras ellas más se distancien de las prácticas y tradiciones de Honduras, mejor les irá.
Mas el esquema de ZEDE no parece haber avanzado a la velocidad prevista. Algunos analistas que lo apoyaron en un inicio (entre ellos Romer) se han separado de él porque no ven la forma de aplicarlo en sentido puro y, sobre todo, porque dudan de la transparencia con que pueda operar.
El ejecútese a la ley orgánica de las ZEDE fue dado por el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa, y uno de sus hijos, abogado que hasta se desempeñó como juez de paz, en mayo del año pasado se declaró culpable de delitos por narcotráfico.
Un par de meses antes, en Nueva York, el expresidente Rafael Leonardo Callejas aceptó haber incurrido en delitos relacionados con el Fifagate.
Combate. En noviembre próximo, Honduras tendrá elecciones y el candidato del principal partido de oposición promete hacer lo posible por derogar la ley orgánica de las ZEDE, lo que desde ya le resta credibilidad intertemporal al esquema.
El que en el gobierno de ellas tengan alto poder personas nombradas por autoridades políticas de una república que en el “índice de corrupción” que calcula el Foro Económico Mundial ocupa la posición 123 (de 176) pareciera constituir –a los ojos de tirios y troyanos, liberales simpatizantes de Ayn Rand y socialistas discípulos de Carlos Marx– un serio obstáculo para la operación del esquema de zonas de empleo y desarrollo económico en Honduras.
¿Por qué los hermanos hondureños, en vez de crear a la fuerza dudosos enclaves que optimistamente –porque en teoría han de operar con reglas claras, eficaces y estables– llaman “ciudades modelo”, no se esfuerzan por hacer de Honduras un “país modelo”, en el que se opere con ese mismo tipo de reglas y, sobre todo, con honestidad?
El autor es economista.