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Consultas misteriosas

Actualizado el 31 de agosto de 2016 a las 12:00 am

Según lo determinó la Sala, la información que yo solicité era “pura y simple”

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Consultas misteriosas

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Debido a una investigación preliminar que estoy realizando, el pasado 9 de marzo solicité al rector Henning Jensen cierta información sobre la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (CICHS) de la Universidad de Costa Rica (UCR). El 14 de marzo Jensen acordó proporcionármela y giró instrucciones en ese sentido a Carmen Cubero, coordinadora de la CIHCS.

Puesto que pasó el tiempo y no recibí nada, el 27 de mayo le recordé a Jensen mi petición y le indiqué que si la atendía debidamente no sería necesario que yo, eventualmente, tuviera que recurrir a la Sala Constitucional para que se me proporcionara la información solicitada, con lo que él les ahorraría a los contribuyentes el costo de cualquier intervención que tuviera que hacer la Sala.

Sorpresa. El 14 de junio presenté un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por violación del artículo 27 de la Constitución Política, el cual garantiza la libertad de petición ante cualquier funcionario público y el derecho a obtener pronta resolución. El 16 de junio la Sala acogió el recurso y notificó tal decisión a Jensen.

Tras la intervención de la Sala, el 27 de junio, Jensen me envió dos documentos sorprendentes. En el primero, fechado el 28 de marzo y recibido en la rectoría el 5 de abril, Cubero se refiere a mi solicitud del 9 de marzo, pero sin proporcionarme la información específica que yo solicité. En el segundo, de fecha 24 de junio, Jensen me indica que la única persona que puede brindarme esa información ¡es Cubero!

De inmediato comuniqué a Jensen que la información requerida no me había sido proporcionada, le solicité que ordenara a Cubero darme esa información y le pregunté por qué, si la rectoría tenía en su poder desde el 5 de abril el documento de Cubero fechado el 28 de marzo, no me lo envió hasta el 27 de junio.

Increíble. A la pregunta anterior, Jensen respondió lo siguiente: que para atender mi solicitud de información, la rectoría “consideró de importancia analizar el caso” con la CIHCS. Por esta razón el documento de Cubero del 28 de marzo me fue enviado tanto tiempo después.

Jensen aclaró además que entre el 5 de abril y el 24 de junio “se dieron diversas consultas telefónicas que permitieron” a la rectoría “obtener la información necesaria para finalizar la gestión” de mi “petición”.

Qué fue lo que Jensen consultó con la CIHCS durante casi tres meses y por qué motivo hizo esas consultas son dos asuntos que no se pueden conocer. Como el mismo Jensen lo admite, todo se hizo por vía telefónica, con lo que parece haber sido una intención deliberada de no dejar registro escrito de qué fue lo que se conversó en esas consultas tan prolongadas como misteriosas.

Responsabilidad. Evidentemente, si Jensen me hubiera informado que él necesitaba consultar tanto para responder a mi petición, yo no hubiera acudido a la Sala Constitucional; ¡pero no lo hizo!

Tampoco, pese a los casi tres meses que pasó en consulta telefónica con la CIHCS, Jensen me proporcionó la información específica que yo solicité. Según él afirma, el propósito de esas consultas era finalizar la gestión de mi petición y darme la “información necesaria”, pero esa información no se me dio.

¿Cuántas horas laborales dedicaron Jensen y la CIHCS a esas consultas telefónicas? ¿Cuál fue el costo para los contribuyentes?

Desconozco a cuántos cientos o miles de dólares ascendió ese costo. Lo que sí está claro es que los fondos públicos gastados no dieron como resultado la atención debida de mi petición de información.

¿A quién le cabe responsabilidad por esto? ¿A Jensen? ¿A la CIHCS? ¿A ambos?

Con lugar. Mediante la resolución 2016010320 del 22 de julio, la Sala Constitucional declaró con lugar mi recurso después de comprobar que Jensen y Cubero, en sus respuestas, dejaron “por fuera aspectos” solicitados en mi petición de información del 9 de marzo.

De acuerdo con la Sala, lo que yo solicité “es información pura y simple”, por lo que mi solicitud debió haber sido atendida por Jensen “en el plazo de 10 días, según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y no lo ha hecho casi cuatro meses después de que fue planteada”.

Acorde con lo resuelto, la Sala ordenó a Jensen y a Cubero, “en un plazo improrrogable de diez días”, responder “a cabalidad” a mi petición de información del 9 de marzo, “concretamente los aspectos que fueron dejados sin contestar”.

Finalmente, la Sala indicó: “Se condena a la Universidad de Costa Rica al pago de las costas, daños y prejuicios generados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria”.

Daños. Según lo determinó la Sala, la información que yo solicité era “pura y simple”, por lo que no era necesario que Jensen y la CIHCS mantuvieran consultas telefónicas durante casi tres meses (con todos los costos que esto supuso para los contribuyentes).

A lo gastado en esas consultas, debe sumarse el dinero que posiblemente la UCR deberá desembolsar para pagar costas, daños y perjuicios.

Más grave aún, la imagen institucional de la UCR ha sido irremediablemente dañada, ya que la UCR ha quedado como una institución violadora del artículo 27 de la Constitución Política (la Sala condenó a la UCR, no a Jensen).

Reparaciones. Dado que según lo determinó el Consejo Universitario de la UCR no es posible instruir un proceso administrativo disciplinario contra Jensen, los daños referidos no tienen reparación.

Por la tácita inmunidad de que goza dentro de la UCR, Jensen no tendrá que resarcirle a la UCR los fondos públicos gastados en esas prolongadas consultas telefónicas ni el eventual pago de costas, daños y perjuicios. Tampoco tendrá reparación el grave daño a la imagen institucional.

Evidentemente, todo esto se hubiera podido evitar si Jensen hubiese atendido debidamente mi petición en vez de ocupar el tiempo en esas consultas misteriosas.

El autor es historiador.

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