EscucharLo esperable. El Tribunal Supremo de Elecciones enderezó lo que nació torcido. No se puede limitar el poder reformador de una Asamblea Nacional Constituyente ni esquivar la mediación de los partidos políticos para elegir a los constituyentes. Mucho menos, al final, prescindir de la consulta popular para ratificar –o no– lo preformado por los constituyentes.
Ni lo uno ni lo otro reporta novedad desde la doctrina constitucional. Y tanto lo uno como lo otro implica que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es, por el momento, absolutamente inviable.
Siguiendo el orden, ni los costarricenses están dispuestos a jugarse el todo por el todo, sometiendo a replanteo toda la institucionalidad que les permite coexistir pacíficamente y disfrutar de un relativo desarrollo, ni confían en los partidos políticos para ello. Y este último hecho es aún más incontestable que el primero.
Para los efectos, tampoco importa si dichas sospechas están bien fundadas. Lo que importa es que son. Que nadie las puede negar como fisuras políticas.
¿O acaso están los ciudadanos costarricenses dispuestos a echar en la misma canasta el equivalente a cien TLC juntos y agregar unos mil Alcoas o Combos y revolver todo eso para ver qué sale? En estos momentos de tremenda polarización social y política, ¿en serio alguien confiaría a la militancia tradicional de los partidos políticos un “reseteo” del Estado en Costa Rica?
“Mejor no”. Es cuestión de riesgos asumibles y riesgos imposibles. De riesgos manejables y riesgos impensables. En síntesis: de legitimidad democrática.
Las reglas que fijó el Tribunal les quiebran el espinazo a las buenas intenciones cívicas. Para mayores señas, solo aquellos que han militado y comen línea de partido podrían ser postulados, y, por tanto, rediseñar el Estado y entrar en la historia constitucional. En términos reales, iríamos a una ANC de la que no saldría nada nuevo. Y una ANC para mantener el statu quo es una contradicción en los términos. Una falacia. Un claro “mejor no”.
El “detalle” no es menor si se repara en que la mayoría de los estatutos partidarios establecen, inequívocamente, que para ser candidato a un puesto de elección popular, como lo sería un constituyente, se cobra una militancia de años –no meses ni días–. Y para mayor abundamiento, haber seguido la hoja de ruta de los navegantes de agua dulce.
De esta manera, la constituyente sería entregada, con lacito y todo, a los políticos de siempre.
Incluso, cualquiera más o menos enterado podría suponer la conformación de las eventuales papeletas que se propondrían al electorado de cara a una ANC que, entre dinosaurios, reciclados y coquetos que quieran –y créanme que quieren– ver su nombre inscrito en la historia constitucional, negarían todo espacio para aquellos gremios y sectores no alineados, hoy absolutamente necesarios en cualquier discusión de alcance nacional, en cuenta los llamados a “comerse el chicharrón” más temprano de lo que se imaginan: los jóvenes.
Así que antes de entrarle a la pregunta de fondo: ¿Es o no necesaria una ANC en estos momentos? Y, aún más, siendo que existen razones suficientes para contestarla favorable o desfavorablemente, vale la pena primero cuestionarse: ¿Quiénes son los constituyentes potenciales?
La respuesta consciente y sincera a esa pregunta, asusta.
Así que después de que el TSE recordó a los partidos políticos la tarea de preseleccionar a los constituyentes potenciales, ya todo está dicho.
Consulta popular. Sin embargo, otro gallo cantaría si esos mismos entusiastas de la Constituyente desvían su torrente de energía y protagonismo para que se celebre una consulta popular que lance a los ciudadanos la siguiente pregunta: ¿Apoya el rompimiento del monopolio de los partidos políticos para postular candidatos a todos los puestos de elección popular, en cuenta los diputados constituyentes?
Esa sí que es una reforma implicante que desencadenaría una revolución política a escala nacional y local, a la vez que permitiría que algunos nos permitiéramos pensar en serio una eventual Constituyente y empezar, ahí sí, a discutirla por el fondo.
Esa sí que sería una pregunta ganadora, toda vez que en materia constitucional el orden de los factores sí altera el producto.
Esa sería una consulta más prudente y astuta. Una consulta “rescatista”. En síntesis, la única forma de rescatar lo que hoy es absolutamente inviable: la Asamblea Nacional Constituyente. No innecesaria, pero sí inviable.
El autor es constitucionalista.
