Nuestras sociedades se encuentran en constante evolución, de la mano de los ciudadanos, adaptándose a los requerimientos y necesidades de estos, por lo cual, como un sistema integrado, las demás variables, como las concepciones políticas, económicas, sociales y culturales, deben cambiar paralelamente. Por ello, la Constitución Política debe modificarse para las nuevas generaciones.
En el ordenamiento jurídico de un país, la norma de mayor relevancia y jerarquía es la Constitución Política, nuestra carta de navegación. Según Alex Solís, la Constitución Política es “el conjunto de normas fundamentales que definen los principios y valores del ordenamiento jurídico, garantizan los derechos y las libertades de las personas y controlan el ejercicio del poder público”.
Nuestra Constitución Política pertenece a 1948 y, aunque por muchos años logró hacer frente a los retos de la sociedad, hoy se encuentra sin unidad interna y con lagunas significativas para la sociedad.
Los costarricenses nos quejamos constantemente de la Administración Pública, de las citas médicas a años plazo, de los engorrosos trámites burocráticos para gestiones sencillas y de los funcionarios públicos dedicados a “comer papaya”. Sin embargo, no somos conscientes de que el Estado ha dejado de evolucionar positivamente, nos hemos estancado y hemos avanzado en rutas equivocadas; perdimos la capacidad que caracterizaba al tico, esa capacidad de ilusión y soñar en grande.
Otra carta de navegación. ¿Puede un barco navegar con una ruta desactualizada? Esto le sucede al país, nuestra carta de navegación no se adapta a la realidad socioeconómica, ni a las necesidades de los habitantes del país. La vida ha cambiado, pero no con ello el orden jurídico. La Constitución Política debe estar en torno a las personas, sus principios, valores, pero, sobre todo, a sus necesidades y requerimientos, pues el ser humano debe ser el inicio y el fin de toda acción pública.
El sistema político ha perdido credibilidad, y esto se ve reflejado en los altos niveles de abstencionismo en las distintas elecciones. Costa Rica pasa por momentos de ingobernabilidad y, como excusa, culpamos a los políticos, pero no vemos que su gestión es el reflejo de la normativa, como herramienta de trabajo poco adaptable a las necesidades reales del usuario.
Estamos en una crisis de la legitimidad en los tres poderes de la República: el Legislativo no legisla ni ejerce la función de control político con la prontitud que demandan los tiempos actuales; el Ejecutivo ha perdido capacidad operativa, ahogado por la tramitomanía, la duplicidad de funciones y una estructura administrativa compleja, constituida por más de 300 instituciones existentes; y el Judicial, todos los días, a cada instante, trasgrede el principio de la justicia pronta y cumplida. Por ello, como ciudadanos debemos actuar y, en lugar de criticar, construir nuestro propio futuro.
Tiempo de actuar. En conclusión, es necesaria una nueva ruta para nuestro barco, que se adapte a las necesidades y requerimientos de los usuarios y que, además, brinde deberes que deben cumplirse a cabalidad para tener un Estado más eficiente y eficaz, asimismo, una gestión pública e institucionalidad que deje de “comer papaya” y trabaje realmente por y para el ciudadano.
Debemos arriesgarnos y dejar nuestra zona de confort para plantar un mejor futuro para nosotros y para las próximas generaciones; no tenemos que dejar que el miedo influya en que podamos soñar en grande y construir el Estado de derecho que queremos.
Como ciudadanos, debemos actuar, mañana podría ser muy tarde. Recordemos que quienes construyen el presente y el futuro de un país son sus ciudadanos y no sus políticos.
La autora es estudiante universitaria.