EscucharEl pasado miércoles 9 de marzo, el diputado Otto Guevara denunció públicamente que una secretaria de la Universidad de Costa Rica (UCR) recibió un salario de ¢58 millones en diciembre del año 2015.
Al día siguiente, Henning Jensen, rector de la UCR, respondió con un comunicado enviado por correo electrónico a toda la comunidad universitaria. Según Jensen, los datos dados a conocer por Guevara “son inexactos pues reflejan pagos retroactivos excepcionales en un mes determinado, varios de ellos ordenados por instancias judiciales o por procedimientos internos institucionales”.
La aclaración de Jensen es correcta, y reitera lo que él y algunos especialistas sobre el tema han indicado a propósito de denuncias similares: que Guevara no es cuidadoso en el manejo de los datos que utiliza, pues no los somete a crítica previa.
Aclaración. En los procesos de investigación no es inusual que conclusiones equivocadas sirvan de base para hacer luego las preguntas correctas. Tal situación se presenta en la denuncia de Guevara y la aclaración de Jensen.
Según Jensen, “en el caso de la secretaria que recibió un salario de ¢58,8 millones en diciembre del año pasado, los tribunales de justicia ordenaron a la UCR el pago de salarios retroactivos y otros beneficios a esta persona entre agosto del 2010 y noviembre del 2015. Esta orden involucra la cancelación de salarios, salarios escolares, aguinaldos (…) e intereses ligados a su remuneración. El monto que esta persona percibe mensualmente como salario es de ¢1.066.363”.
Igualmente, indica Jensen, “en cuanto al conserje que recibió ¢9,1 millones, la explicación es la misma: la sentencia número 62-2013-VI del Tribunal Contencioso Administrativo ordenó a la UCR en octubre del año pasado el pago de anualidades correspondientes entre diciembre del 2007 y setiembre del 2015, además de salarios escolares y aguinaldos. El salario real de este funcionario es de ¢921.313”.
Preguntas. El dato relevante en lo expuesto por Jensen es que tanto la secretaria como el conserje tuvieron que recurrir a los tribunales judiciales, y pasar años defendiendo sus derechos en esas instancias (con un elevado costo emocional para ellos y sus familias), porque la UCR falló en hacerles justicia.
Como consecuencia de ese fallo, la UCR tuvo que gastar dinero de los contribuyentes en largos procesos judiciales y pago de intereses. Jensen no aclara si la UCR tuvo o tendrá que cancelar algo más como resultado de acciones civiles resarcitorias.
Reconocidos esos gastos por el propio Jensen, cabe preguntarle: ¿Quiénes son esos funcionarios de la UCR que, al fallar en hacer justicia a la secretaria y al conserje, los obligaron a recurrir a instancias judiciales para hacer valer sus derechos? ¿Han sido o van a ser sancionados esos funcionarios por no haber hecho bien su trabajo? ¿Van a ser obligados esos funcionarios a reembolsar los gastos judiciales, el pago de intereses y otros gastos en que la UCR tuvo que incurrir debido a que ellos no hicieron bien su trabajo?
Mientras el rector Jensen responde públicamente a estas preguntas, el diputado Guevara podría solicitar a la Rectoría de la UCR que le prepare un informe detallado sobre el costo financiero que, en los últimos años, fallos como los referidos en este artículo han tenido para los contribuyentes.
El autor es historiador.
