EscucharEn campaña, el presidente, Luis Guillermo Solís, ofreció rebajar las tarifas eléctricas. Llegado a la primera magistratura, se dio cuenta de que “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”. El reto es formidable y el mandatario pidió tiempo –año y medio– para ofrecer soluciones.
Con prudencia, el presidente rehusó descartar alguna de las varias posibilidades que animan el debate. Todo quedó en discusión y, para conducir el examen de las opciones, convocó a un diálogo nacional sobre energía. La semana pasada, la convocatoria pareció perder toda utilidad cuando el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y el presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Carlos Obregón, anunciaron las conclusiones del diálogo jamás efectuado.
Ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso, los funcionarios manifestaron el propósito de no impulsar iniciativas destinadas a ampliar la participación privada en la generación eléctrica. Ese tema no agotaría la agenda de diálogo, pero es uno de sus principales componentes. También está entre los medios más factibles para cumplir la promesa de campaña.
Sin diálogo, Jiménez adelantó que “no hace falta contratar más generación privada ni modificar el porcentaje establecido por ley” como límite a la participación de las empresas particulares. Según el ministro, no hay una emergencia energética. Es difícil entender por qué el presidente convocó a un diálogo sobre un problema inexistente, sobre todo si las conclusiones estaban predeterminadas.
Daniel Soley, viceministro de la Presidencia, demuestra la misma claridad. La compra de energía a los generadores privados, afirmó, no abarataría el precio de la electricidad. La declaración es incomprensible a la luz de la última licitación promovida por el ICE para contratar generación privada.
Los concursantes ofrecieron invertir recursos propios para producir 360 MW y, prácticamente, todos licitaron por debajo de la tarifa máxima, fijada por la Aresep en $0,12 por kilovatio hora. Mientras tanto, la planta térmica de Garabito cuesta $0,46 por kilovatio hora y las instalaciones más eficientes del ICE, salvo las que no tienen carga financiera por haberla amortizado en su momento, operan con el doble del costo de las ofertas recibidas.
Si la generación privada no abarataría las tarifas, pese a sus reducidos costos de operación, el problema está en el ICE. No hay otra forma de explicar la compra a precio bajo y la venta a montos exorbitantes. Por otra parte, si el Gobierno ya adelantó sus conclusiones sobre los límites impuestos a la generación privada, debería adelantar, también, las alternativas y soluciones. Mejor aún, debería adelantar la rebaja ofrecida en campaña. ¿Para qué agotar el plazo de dieciocho meses?
En octubre, Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, no parecía tener la misma claridad exhibida la semana pasada por sus compañeros de Gabinete. Hace un mes, solicitó a los diputados un impasse en las decisiones sobre el tema energético. Pidió esperar, cuando menos hasta marzo, para tener oportunidad de conducir el anunciado diálogo, pero Jiménez solicitó, más bien, archivar las iniciativas de reforma y dictaminó sobre su inutilidad.
La rectoría del sector energético parece haberse trasladado, envuelta en contradicciones, hasta la Casa Presidencial, donde se decretó la inexistencia de una crisis energética y la imposibilidad de bajar costos mediante la participación de la empresa privada.
El ministro Gutiérrez, consultado después de la comparecencia de su colega ante el Congreso, negó toda contradicción. En un fino ejercicio de equilibrismo, se abstuvo de solicitar el archivo de los expedientes, pero confirmó la intención de no impulsar proyecto alguno. Es decir, pareció ceñirse a su posición original sin dejar de dar la impresión de estar alineado con los planteamientos del ministro de la Presidencia.
Confundido, Mario Alvarado, director de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, se limitó a preguntar: ¿Para qué nos invitan a una mesa de diálogo, si ya tienen tomada una decisión?
