Opinión

El Conare, el FEES y la reducción de la pobreza

Actualizado el 04 de diciembre de 2016 a las 12:00 am

La UCR, que recibe la tajada leonina del FEES, dispone alegremente de los recursos públicos

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El Conare, el FEES y la reducción de la pobreza

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Pocos honores tan grandes he recibido como articulista de opinión como el hecho de que los cinco rectores de las universidades estatales, en nombre del Consejo Nacional de Rectores (Conare), hayan dedicado una página entera a responder a mi anterior artículo titulado “ La farsa del 8% para la educación ” ( La Nación, 6/11/2016).

Lástima que no aprovecharan el derecho de respuesta que, estoy seguro, hubiera publicado este diario sin costo, y que en su lugar contrataran un campo pagado (21/11/2016), gastando cerca de ¢4 millones de dinero de los contribuyentes. Lo cual confirma el patrón de poco cuidado en el manejo de los recursos del FEES que hemos observado en los últimos tiempos. No es de extrañar; lo que no cuesta no se aprecia, y a los rectores el FEES les cae como del cielo.

Dicen los rectores que “el acuerdo de vincular el FEES con el PIB data del Convenio de Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal para el período 2011-2015, firmado por la Comisión de Enlace el 21 de enero del 2011, en fecha previa a la adhesión de la Universidad técnica Nacional (UTN) al Conare”.

Para esa fecha, sin embargo, la UTN tenía más de dos años de existir. Por lo tanto, cuando los rectores afirman que “los compromisos del Gobierno de la República han estado siempre referidos al Fondo Especial para el Financiamiento de estas cuatro instituciones (FEES), únicamente”, en referencia a la UCR, la UNA, el ITCR y la UNED, tácitamente reconocen la verdad de mi denuncia: que la exclusión de la UTN es un artilugio para forzar al Estado costarricense a destinar una mayor proporción del presupuesto de educación a las universidades públicas.

Exclusión. Cuando la UTN finalmente se unió al Conare, en junio del 2015, los rectores sintieron la necesidad de incorporar al acuerdo de adhesión una cláusula aclarando que la inclusión de la UTN (con todo y los recursos que recibe del Estado) “no afectará la meta establecida para dicho fondo en el sentido de alcanzar el 1,5% del PIB para las cuatro universidades estatales” mencionadas en el párrafo anterior. Esto, en tico, tiene un nombre, y se deriva del que se usa para referirse a los pelícanos en nuestras costas.

Pareciera que en Costa Rica atreverse a hablar del FEES y disputar la calidad del gasto público en educación raya en la herejía. Pero la realidad es que hay mucho que cuestionar. La pobreza está asociada a bajos niveles educativos, y estos, a su vez, a altos niveles de desempleo. Por otra parte, las empresas reiteradamente se quejan de la dificultad de contratar personal técnico calificado y con un buen dominio de idiomas extranjeros.

La tasa de desempleo abierto es del 9,7%. Pero entre las personas en condiciones de pobreza sube al 21,9%, y al 22,9% entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad. La tasa neta de escolaridad en secundaria fue del 70% en el 2014, y a pesar de los avances en este indicador, debemos señalar que 3 de cada 10 jóvenes en edad colegial están fuera del sistema educativo. Peor aún: los estudiantes que aprueban el bachillerato son apenas alrededor del 30% de quienes están en edad de hacerlo y, por si eso fuera poco, solo el 47% de los jóvenes entre 18 y 22 años tenía la secundaria completa en el 2013.

Desconexión. El XXII Informe Estado de la Nación apunta a una desconexión entre la estructura productiva y la creación de empleo, producto de la cual “los sectores que más aportan a la producción tienen poco peso en la generación de empleo, en especial para los trabajadores menos calificados, cuyas bajas credenciales educativas son una barrera que les impide movilizarse hacia actividades que demandan mano de obra mejor formada”.

El economista Andrés Fernández Arauz encontró, a partir del índice de pobreza multidimensional, que “en el 63% de los hogares pobres del país ninguna de las personas mayores de 25 años de edad ha concluido la educación secundaria, siendo este el segundo factor que más incide en la pobreza multidimensional”.

La pobreza no ha disminuido en Costa Rica en los últimos 20 años a pesar de que se duplicó la inversión en educación como proporción del PIB, y el desempleo se ha estancado alrededor de un inaceptable 10% en los últimos años.

La lucha contra ambos flagelos debe ser eje fundamental del debate acerca del financiamiento de la educación. Es, por tanto, un deber ciudadano cuestionar la distribución de los recursos entre los distintos niveles de la educación.

La universidad que más buscan las empresas para desarrollar programas que solventen las necesidades del mercado laboral, el ITCR, recibe apenas un 11,3% del FEES, una quinta parte del 57,8% de la UCR.

La asignación de recursos debería servir para potenciar aquellas instituciones que mejor dotan a sus estudiantes con habilidades, destrezas y conocimientos que les permitirán encontrar un empleo de calidad, y no para congelar el tamaño relativo de las universidades. Eso facilitaría la generación de empleos de calidad, la atracción de inversión extranjera y la disminución del desempleo.

La UNED recibe apenas un 7,5% del FEES. Para las personas que no tienen los recursos para desplazarse a alguno de los campus de las otras universidades, o que necesitan trabajar tiempo completo mientras estudian, la educación a distancia puede ser una tabla de salvación y una herramienta para ayudar a superar la pobreza.

Y mientras que la UCR recibe el equivalente al 0,82% del PIB, la UTN, que podría preparar muchos de los técnicos especializados que demandan las empresas, recibe apenas un 0,10% del PIB. Por fuera del FEES, claro está.

La UCR, que recibe la tajada leonina del FEES, dispone alegre e irresponsablemente de los recursos públicos, como lo ha venido documentando la prensa. Las anualidades del 5,5% son insostenibles, y así lo han señalado diversos estudios económicos y actuariales realizados por profesionales de la propia universidad. La fiesta, sin embargo, continúa.

Recordemos, también, los cuestionados viajes en apariencia excesivos del rector, un presupuesto global para viajes que convendría desmenuzar, el nombramiento de una hija en un puesto para el que no reúne los requisitos y, lo más reciente, el “regalo” de cinco días libres a todo el personal sin descontarlos de sus días de vacaciones.

Estrujamiento. La insistencia de los rectores de que el FEES alcance el 1,5% del PIB excluyendo a la UTN (para no hablar de las instituciones públicas parauniversitarias, que también son parte de la educación superior), produce un estrujamiento de la educación preescolar, primaria y secundaria dentro de la meta constitucional del 8% para la educación en general.

En fin, sin que mis palabras puedan ser interpretadas como un deseo de desfinanciar la educación superior, debe quedar claro que la proporción de los recursos públicos que se destina a las universidades debe ser cuestionada, discutida y revisada. Especialmente a la luz del desperdicio y el abuso que se da en algunas de las universidades, de la ineficiente distribución del FEES y del mejor uso que podríamos dar a los recursos públicos fortaleciendo la enseñanza de matemática e inglés en primaria, y la cobertura, retención y diversificación de la oferta educativa (técnica, científica, académica) en secundaria, donde tendrían mayor incidencia en la reducción del desempleo y la pobreza.

El autor es economista.

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